La entidad vinculada al Sindicat de Llogateres recibió 1,15 millones en subvenciones

El Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA), un grupo de investigación vinculado al Sindicat de Llogateres, ha recibido desde diciembre de 2021 un total de 1.154.110,8 euros en subvenciones públicas. Así lo confirma una resolución del Ministerio de Hacienda obtenida a través del Portal de Transparencia, según ha informadoThe Objective.

Las ayudas provienen de tres administraciones públicas: el Gobierno central, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona. La mayor parte de la financiación (916.681,32 euros) corresponde a la Generalitat.

Estas subvenciones se distribuyen en diversas convocatorias, destacando los 679.985 euros otorgados para “Subvenciones a les Comunalidades Urbanas” y los 66.217 euros procedentes de los fondos Next Generation UE. Otros montos incluyen ayudas para proyectos singulares, programas de innovación tecnológica y "economía social y solidaria".

Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona aportó 57.400 euros en ayudas para proyectos sociales y de impulso económico local. Finalmente, el Estado aportó 180.029,48 euros, que incluyen fondos para el Programa Kit Digital y proyectos de colaboración internacional.

La cantera de la izquierda 'woke' catalana

El IDRA es un instituto que se define como un think tank y cooperativa federada. Su labor se centra en promover la "justicia social y ecológica" a través de la investigación y la colaboración con actores sociales. Mantiene una estrecha relación con el Sindicat de Llogateres, que es el nuevo caballo de batalla de los Comuns.

Esta conexión se refuerza con la participación en el IDRA de miembros destacados del sindicato, como Jaime Palomera y Carme Alcarazo, que también ejercen roles de portavoz y técnica en ambas entidades. Esta dinámica endogámica es muy habitual en el tejido de entes subvencionados de corte progresista que hay en Cataluña. Se trata de un sistema de realimentación entre facultades de ciencias sociales, partidos políticos y entes subvencionados. La situación con la DGAIA es otro ejemplo claro de esta realidad.

En el caso de la vivienda, resulta diáfana la maniobra social y política que la izquierda 'woke' catalana está gestando en estos momentos. Se trata de revertir su decadencia a través de la capitalización del problema inmobiliario, que en lugares como Barcelona es acuciante. Además, cabe destacar que todas estas élites del activismo proceden de las altas esferas de la capital catalana.

Volvemos al 2008

Este contexto recuerda a la crisis hipotecaria de 2008, cuando la PAH y Ada Colau fueron protagonistas en la movilización social y política. Y, actualmente, sindicatos como el Sindicat de Llogateres representan una segunda ola de activismo. En esta ocasión, se centran en el mercado del alquiler y con discursos que denuncian a los “grandes tenedores”, “fondos buitre” y “especuladores” como responsables.

Sin embargo, el diagnóstico sobre la crisis de vivienda está lleno de matices. La mayor parte del parque inmobiliario está en manos de particulares, y solo un pequeño porcentaje corresponde a fondos de inversión. Además, la escasez de oferta se ve agravada por factores demográficos, como el crecimiento poblacional ligado a la inmigración, que aumenta la demanda.

Esto es capital para entender que la financiación pública a esta clase de entes tiene un retorno más político que económico (o incluso social). Es decir, es otro elemento más de la confrontación política para acaparar las narrativas dominantes, cosa que se hace en continuidad con la prensa subvencionada. La prueba está en que grupos como el Sindicat de Llogateres no viven de sus ingresos privados, sino de financiación pública.