La entidad que da ayudas para repoblar micropueblos con inmigrantes responde

Ayudas y un techo para refugiados e inmigrantes que quieran vivir en pueblos catalanes en riesgo de despoblación. Esta es la idea de ‘Oportunitat 500’, una iniciativa puesta en marcha por la Asociación Micropueblos de Cataluña. El proyecto cuenta con la colaboración de la Consejería de Igualdad y Feminismos, y el Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC). 

El plan nace envuelto en la polémica, ya que las ayudas para vivir en estos pueblos van exclusivamente dirigidas a inmigrantes. Un ciudadano catalán hizo pública la denegación de la ayuda por parte de la administración. Y personajes como el activista Anthony Sánchez y la política Sílvia Orriols han sacudido las redes para denunciar esta discriminación.

Ahora, la asociación Micropobles de Catalunya responde a la polémica a través de un hilo de Twitter. Lo hacen, dicen, para responder a los insultos de “delincuentes, racistas, suicidas, psicópatas, idiotas, ratas, ignorantes, colonizadores, vividores y corruptos”.

Micropobles se defiende

Explican que ‘Oportunitat 500’ es un “programa piloto de un año de duración destinado a personas migradas y refugiadas con características muy concretas”. Aclaran que los beneficiarios “trabajan y se hacen cargo de los gastos de alojamiento”. Y aseguran estar "en contra de cualquier expresión de odio y racismo”.

Según la asociación, acompañan a las familias en el proceso de integración, que incluye la escolarización y el aprendizaje del catalán y el castellano. “Para otros perfiles y circunstancias existen líneas de ayudas y programas que la administración pone a disposición de los entes locales”, añaden.

Reivindican que “desde Micropobles trabajamos para conseguir un plan de rehabilitación que permita disponer de un parque de habitatge al alcance de cualquier persona”. Así mismo, dicen luchar “por los servicios sanitarios, educativos y de movilidad”.

Críticas a la propuesta

Por lo que se lee en los comentarios, la explicación sigue sin convencer a muchos. Algunos afirman que es “inconstitucional y racista”, y otros dudan de la capacidad de integración de los beneficiarios. "Resumiendo", dice uno, "trabajo y alojamiento con dinero público que excluye a los ciudadanos de aquí para traer mano de obra extranjera".