El empresario que ha denunciado a Jaume Asens hace una petición al Tribunal Supremo

El empresario e impulsor del proyecto Open Camp (un parque temático sobre el deporte), Paco Medina, no se rinde. Después de que la justicia desestimara la reclamación penal que hizo contra Asens, Pisarrello y otras figuras de los Comuns, Medina vuelve a la carga.

En un documento de súplica hecho al Tribunal Supremo y al que ha tenido acceso The Objective, el empresario insiste en que hubo delitos de “amenazas, coacciones, extorsión y falsedad documental”. Medina pide que la justicia revise el caso y lo hace presentando pruebas y 18 testigos que pueden dar fe de que el Ayuntamiento de Colau tumbó este proyecto de manera irresponsable.

Vía penal desestimada

En el documento que ha revelado el periodista experto en Podemos y Sumar, Luca Constantini, el empresario y presunta víctima, Paco Medina, habla directamente de “abusos de poder”. En particular, por parte de dos de las figuras principales de los Comuns: Jaume Asens y Gerardo Pisarello, a la sazón tenientes de alcalde de Colau.

Como otros proyectos que tumbó la exalcaldesa, el Open Camp fue diseñado en la época del alcalde Trias. El objetivo de este empresario era aprovechar las instalaciones de Montjuic para montar un parque temático dedicado al deporte. El proyecto llegó a tener apoyo institucional y empresarial. El cambio de parecer de Colau llevó a que Medina perdiera 30 millones de euros.

En un primer momento, Medina fue por la vía penal, pero la justicia desestimó este camino. Según el empresario, los Comuns tenían intereses ideológicos espurios en este proyecto. En este sentido, Medina denuncia que recibió presiones para fichar a gente cercana al partido, que entre otras cosas quería organizar un aniversario de las olimpiadas antifascistas de 1936.

Medina le insiste al TS

Como decimos, el Tribunal Supremo denegó a trámite la posibilidad penal, pero dejó abierta la mercantil. La Sala del Supremo que ha tomado esta resolución señala que hay indicios que, de ser ciertos, “podrían dar lugar al ejercicio de las acciones civiles o administrativas que correspondan por incumplimiento de lo pactado en contrato, pero que son ajenas a la jurisdicción penal”.

Por su parte, Medina insiste en que el alto tribunal admita a trámite la querella criminal. Junto a las pruebas que dice tener, el empresario pide que el TS escuche a 18 testigos. Medina explica que se trata de testigos cualificados - que incluyen a trabajadores de la empresa municipal - que pueden dar fe de las acusaciones contra estas figuras de los Comuns. 

Y es que el empresario es muy duro en su documento de súplica. Habla incluso de “sofisticación delictiva tramada y culminada por los políticos querellados”. Es decir, que poco menos que una red criminal organizada, según el empresario. Nuevamente, la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo.