Más denuncias a un ayuntamiento catalán por despedir a una trabajadora

Novedades en el caso de acoso laboral a una trabajadora en el Ayuntamiento de Mataró. Hace tres meses se destapó que Antifraude había investigado a este ayuntamiento por haber represaliado a una arquitecta municipal que había denunciado irregularidades en la adjudicación de contratos. A pesar de contar con la protección de la Oficina Antifraude, la trabajadora fue despedida.

La semana pasada se supo que el TSJC condenó al ayuntamiento a indemnizar con casi 50.000 euros a la trabajadora. Y ayer se conocía que la Fiscalía ha denunciado a varios altos cargos del Ayuntamiento de Mataró por presuntos delitos de prevaricación, acoso laboral y falsedad en documento público.

El TSJC da la razón a la trabajadora

El origen de toda esta situación está en la denuncia que la arquitecta municipal puso en Antifraude avisando de que había un sospecho exceso de adjudicaciones a dedo. Esto le valió por parte de la Oficina Antifraude el estatus de “persona alertadora protegida”. A partir de aquí, empezó el calvario para la trabajadora.

El Área de Recursos Humanos del ayuntamiento la acabó despidiendo y cesando, aun contando con el estatus de persona protegida. Pero es que, antes del despido, la trabajadora tuvo que sufrir varias formas de acoso laboral. Desde el vaciado de sus funciones hasta el cambio departamento o incluso un traslado físico de su lugar de trabajo.

Ahora, y a la espera de la multa que decida Antifraude, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado al Ayuntamiento de Mataró a indemnizar con 49.180 euros a la trabajadora en concepto de daños morales. En su sentencia, el tribunal cita múltiples referencias que señalan la existencia reiterada del acoso laboral. Así mismo, el tribunal también insiste en el hecho de que Antifraude concedió su protección a la víctima.

El ayuntamiento lo niega

Al margen de las indemnizaciones, la Fiscalía  de Mataró y Arenys de Mar ha aprovechado para interponer una denuncia contra nada menos que diez directivos del ayuntamiento. Según el Ministerio Público, existen indicios solventes de prevaricación, acoso laboral y falsedad. Lo hace en respuesta a la denuncia de la propia víctima y del grupo municipal de Vox.

Según el escrito al que ha tenido acceso el medio Capgròs, la Fiscalía explica que “El Ministerio Público, a la vista de las denuncias interpuestas y del resultado de las actuaciones practicadas en el marco de las presentes Diligencias de Investigación, aprecia que existen indicios razonables y suficientes de criminalidad para ejercer la acción penal e interponer la correspondiente denuncia”.

Por su parte, el ayuntamiento explicó en un comunicado - antes de conocerse la decisión de la Fiscalía - que no han existido “prácticas delictivas en la contratación del personal”. Y, a pesar de haber sido condenado en firme por el TSJC, el ayuntamiento señala que la arquitecta municipal no fue despedida, sino que no superó un proceso de selección para funcionarios interinos.

La versión del Ayuntamiento

En virtud del derecho de rectificación, el Ayuntamiento de Mataró se ha puesto en contacto con la redacción de E-Notícies y ha pedido la rectificación de algunas de las informaciones aparecidas en esta noticia.

Según la versión ofrecida por el consistorio, las expresiones ‘adjudicaciones de contratos’ y ‘adjudicaciones a dedo’ se prestan a la confusión y se tendrían que referir más bien a nombramientos de funcionarios interinos. Más en particular, al nombramiento de tres funcionarios interinos por programas y a la adscripción provisional del lugar de trabajo como cargo directivo a un funcionario de carrera.

Por otra parte, señalan que la arquitecta municipal no fue despedida por el Área de Recursos Humanos. Desde el ayuntamiento insisten en que esta trabajadora no obtuvo la plaza después de un proceso de estabilización de ocupación temporal para funcionarios interinos, cuyas bases son públicas y que contó con un tribunal ex profeso que resolvió dicho proceso.

En relación con la decisión de la Fiscalía de interponer una denuncia, el consistorio explica que entre las personas referidas por el Ministerio Público hay, además de cargos, también funcionarios y antiguos empleados municipales.

Finalmente, el Ayuntamiento de Mataró ha recurrido la sentencia del TSJC que le condena al pago de la multa. La sala de lo social del TSJC resolvió el recurso de suplicación interpuesto por la trabajadora municipal contra decretos del cambio de lugar de trabajo, que contaba, explica el consistorio, con la misma retribución y las mismas funciones. Así mismo, el ayuntamiento no tiene constancia de que la Oficina Antifraude haya incoado un expediente sancionador.