Cuando la okupación se convierte en acoso vecinal: un caso enquistado en Barcelona

En una finca del barrio de la Sagrada Familia, los vecinos conviven desde hace más de un año con una situación límite: una okupación conflictiva, agresiones, acoso y pasividad institucional han convertido la comunidad en una zona de estrés permanente. ¿La protagonista? Una mujer que okupa un piso desde marzo de 2024 y que acumula denuncias, altercados y pruebas documentales. A pesar de ello, el Ayuntamiento no ha actuado de ninguna manera y el caso sigue enquistado.

De un piso turístico ilegal a una okupación violenta

Todo comenzó en julio de 2023, cuando el piso en cuestión se convirtió en un piso turístico ilegal gestionado por un ciudadano coreano sin papeles. La actividad era frenética: turistas coreanos con idas y venidas constantes, ruidos a cualquier hora, desperfectos (como la rotura de puertas del ascensor) y un vecindario agotado.

Este inquilino llegó a contratar a la ocupante de un piso social —gestionado por Hábitat 3— para que cocinara e hiciera el check-in de los visitantes. Todo ello mientras esta se encontraba oficialmente de baja médica. Cuando el vecindario se quejó de la situación, despidió a la ocupante del piso gestionado por Hábitat 3 y trajo a una compatriota para que hiciera el trabajo.

Una falsa víctima, un desalojo y una nueva amenaza

Con el negocio hundido por la presión vecinal, el responsable expulsó a su colaboradora. Ella respondió con una llamada a los Mossos d’Esquadra denunciando amenazas de muerte y acoso sexual. Los agentes se llevaron esposado al inquilino y le obligaron a ceder el espacio a la denunciante, que desde entonces vive allí como okupante.

La nueva ocupante actuó con rapidez: cambió la cerradura con la ayuda de un cerrajero, que no pidió ninguna explicación; luego puso los suministros a su nombre y se hizo con el control del piso. Todo ello mientras el propietario continuaba una batalla legal compleja y lenta con el inquilino anterior.

Violencia psicológica, física e institucional

Desde ese momento, la finca ha vivido un calvario. Gritos, golpes, insultos, amenazas, maltratos a otros inquilinos realquilados y un caso especialmente grave en el otoño de 2024: durante varias noches, la mujer recorrió la finca en pijama, golpeando las puertas con un martillo. Varios testigos presenciaron la escena, y hay imágenes de su estado alterado de conciencia.

A pesar de las denuncias y los testimonios, la policía apareció dos de esas noches, pero todo quedó en nada. La respuesta institucional ha sido desigual: los Mossos y la Guardia Urbana han ayudado en trámites y denuncias individuales, pero el Ayuntamiento de Barcelona no ha intervenido con ninguna medida efectiva. La Generalitat, consultada, ha remitido el caso al consistorio.

Estafas, realquileres y más intimidaciones

La okupante continuó haciendo negocios desde el piso: realquileres ilegales, a quienes no devolvía las fianzas, siempre con excusas relacionadas con supuestos “acosos sexuales” inverosímiles. Cuando los vecinos intentaron alertar sobre la situación con carteles, ella misma los arrancó con prepotencia, sabienda que era grabada por las cámaras e incluso jactándose ante la administración de fincas.

También ha intentado acceder a las azoteas del edificio de manera ilegal, manipulando cerraduras, intimidando trabajadores y mintiendo a la policía para conseguir llaves. La finca ha tenido que cambiar las cerraduras y denunciar la situación a las autoridades.

Agresión y condena judicial

En enero de 2025, en una segunda ronda de carteles vecinales, la mujer agredió a una vecina (la firmante de este artículo). El caso llegó a los juzgados y se dictó una sentencia condenatoria, pero ella ha recurrido, intentando girar los hechos con un relato victimista.

“Si yo soy una matona por defenderme verbalmente de una agresión, ¿qué es ella? Ha gritado, amenazado, golpeado puertas, cortado agua, asustado familias enteras… Y aquí sigue, como si nada”.

Una pregunta sin respuesta: ¿qué más tiene que pasar?

Después de más de un año de convivencia insostenible, con pruebas, denuncias, fotos, testimonios y sentencias, el vecindario sigue esperando una actuación decidida.

“¿Qué esperan? Que alguien salga herido. Que un día, en otro estado alterado, esta mujer mate a alguien”.

Las autoridades tienen toda la información. Pero la respuesta no llega. Y el tiempo, el miedo y la rabia acumulada siguen creciendo en silencio dentro de esta finca, que solo quiere volver a ser un hogar en paz.

El silencio institucional no puede seguir siendo cómplice de esta violencia. La ciudad necesita respuestas. Y las necesita ya.

Este artículo está escrito por una de las vecinas afectadas, que ha vivido en primera persona la situación descrita y ha intentado, por todos los canales legales, defender la convivencia en su edificio.