Los cordones sanitarios se imponen en el Parlament

Durante años hemos escuchado al procesismo hablar del Parlament como el templo de la palabra y un lugar donde se podía hablar de todo. Pero la irrupción de Vox, en la pasada legislatura, y la de Aliança Catalana, en esta, ha demostrado una vez más que no era más que postureo. Hoy PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP revalidarán el “pacto contra la extrema derecha” para aislar a Vox y Aliança Catalana.

El acuerdo presentado en la anterior legislatura pretendía dejar sin cargos institucionales a la formación de Ignacio Garriga y limitar su acción legislativa. Recientemente, en campaña electoral, los partidos volvieron a firmar un manifiesto en el que se comprometían a no aceptar los votos de formaciones de “extrema derecha”. Los diputados Ferran Pedret (PSC), Judith Toronjo (Junts), Najar Driouech (ERC), Andrés García Berrio (Comuns) y Laure Vega (CUP) darán hoy una rueda de prensa para renovar su compromiso contra las formaciones de Ignacio Garriga y Sílvia Orriols.

Excepto PSC y Junts, la mayoría de los firmantes del pacto (ERC, Comuns y CUP) recibieron el pasado 12 de mayo un correctivo electoral histórico. Algo que contrasta con los buenos resultados obtenido por Vox y Aliança Catalana. Una demostración de que el Parlament es una institución cada vez más alejada de la realidad de la calle.

En qué consiste el cordón sanitario que se aprueba hoy

El pacto contra la extrema derecha aprobado en la anterior legislatura y renovado hoy consiste en un aislamiento de los partidos considerados antidemocráticos. Curiosamente, no obstante, sus impulsores aplican medidas que cercenan los derechos democráticos de estos partidos. 

En la anterior legislatura dejaron a Vox sin cargos en el Parlament, donde los de Ignacio Garriga no pudieron acceder a puestos en la Mesa ni en las comisiones, ni optar a la designación de senadores autonómicos. Pero además, su acción legislativa quedó seriamente lesionada. Sus proposiciones de ley nunca llegaron a ser debatidas porque no eran aceptadas en el orden del día por la junta de portavoces. 

Lo que no pudieron evitar es que presentaran mociones y propuestas de resolución, y que pudieran hacer oír su voz durante sus intervenciones en los plenos. Al no poder silenciar a Vox, los partidos dieron un paso más y empezaron a preparar sanciones contra los discursos de odio. Puesto que esto no está recogido en reglamento y sería objeto de un delito de inconstitucionalidad, ERC y CUP intentaron impulsar una reforma del reglamento que no prosperó por la caída del Govern y el adelanto electoral.

Amenazas en el nuevo curso

Al no poder silenciar a Vox y Aliança Catalana, el nuevo presidente de la cámara, Josep Rull, tiró de amenazas. En la primera sesión tras la constitución del Parlament, el presidente avisó tanto a Ignacio Garriga como a Sílvia Orriols de posibles sanciones por difundir "discursos de odio". 

Llama la atención que fuera precisamente Josep Rull quien amenazara a Ignacio Garriga y Sílvia Orriols de no dejarles hablar y de sancionarles por sus discursos. Josep Rull formó parte de la plana mayor del procesismo que pataleaba cada vez que los tribunales impedían un debate sobre la ruptura inconstitucional de Cataluña con España. Quienes entonces se hacían las víctimas ahora aislan y silencian a opciones democráticas votadas por multitud de catalanes hartos precisamente de los censuradores.