El Congreso debate la ley de extranjería con récord de llegadas de ilegales en 2024

El Congreso de los Diputados celebra hoy su último pleno de la temporada, con muchos temas encima de la mesa. Los diputados votarán medidas como la renovación del poder judicial, la prórroga de las ayudas para afrontar las consecuencias de las guerras en Ucrania y en Gaza, y la reforma de la ley de extranjería. Este último será el tema más caliente de la jornada, ya que PP, Vox y Junts rechazan el reparto de menores no acompañados en las diferentes comunidades autónomas.

El origen de la medida es la saturación de las Islas Canarias, que ha superado el 150% de su capacidad de acogida debido a la avalancha migratoria. Los gobiernos español y canario pactaron el reparto de los menores no acompañados en el resto de comunidades, pero antes necesitan reformar la ley de extranjería. 

El trámite parlamentario se ha topado con la oposición de Junts, que critica el agravio hacia Cataluña e insiste en la transferencia de las competencias de inmigración. Vox anunció su oposición desde el principio, y el PP, que inicialmente se inclinó a favor de la medida, ahora se posiciona en contra. El debate de hoy en el Congreso llega en plena crisis migratoria en España, con un nuevo repunte que amenaza la seguridad fronteriza.

Más oleadas migratorias

Las Islas Canarias vuelven a ser el epicentro de la avalancha migratoria en España. El año pasado ya hubo un incremento del 82% de la inmigración ilegal, con la llegada de 56.852 personas en situación irregular. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, las cifras han vuelto a aumentar este 2024, ya que en lo que llevamos de año han entrado 26.585 inmigrantes ilegales, un 90% más que el año pasado.

Quien se lleva la peor parte son las Islas Canarias, donde han llegado tres de cada cuatro inmigrantes ilegales este año. Las previsiones se han visto desbordadas, con un 160% por encima de la capacidad de acogida, lo cual ha motivado la petición del reparto de menas. Una de las comunidades con más impacto en el reparto es Cataluña, donde el año pasado llegaron unos dos mil menores no acompañados cuando la previsión era de treinta.

La Generalitat ha protestado por el envío masivo de menas, sin recibir además los recursos necesarios para atenderles. Vox aduce razones de seguridad y mantiene su posición “contra la inmigración ilegal, por la protección de las fronteras y la apuesta por una inmigración legal, ordenada y compatible con la ciudadanía española”. El PP ha dicho que “nosotros nunca dejaremos a un ser humano en la orilla, y menos si es menor”, pero ha acusado al Gobierno no aceptar ninguna de sus medidas y de ejercer un “chantaje”.

Un desafío para la seguridad

Mientras, sigue en el aire la regularización de medio millón de inmigrantes ilegales aprobada recientemente por todos los partidos excepto Vox. Los de Santiago Abascal acusaron al PP de plegarse a la irresponsabilidad del Gobierno y favorecer el efecto llamada. Plantean la cuestión como un desafío a la seguridad nacional, poniendo de relieve los problemas de convivencia que ya se están viviendo diariamente en muchos barrios.

Cataluña es el fiel reflejo de esta crisis social, ya que la delincuencia se ha disparado y ha surgido el debate sobre el vínculo entre inmigración y criminalidad. Uno de los fenómenos de la violencia en Cataluña es la multirreincidencia, protagonizada sobre todo por extranjeros. Según datos de la Guardia Urbana, en Barcelona el 80% de los delitos son cometidos por extranjeros multirreincidentes menores de edad.

ERC, el partido del gobierno, ha fomentado durante años la inmigración ilegal y llevo tiempo negando el problema de la inseguridad. Vox y PP defienden el control migratorio y la mano dura contra la delincuencia, mientras que la aparición de Aliança Catalana, un partido independentista antiinmigración, ha obligado a Junts a dar un volantazo. Los de Puigdemont han pasado del buenismo a pedir las competencias en inmigración para deportar a extranjeros multirreincidentes.