El Congreso aprueba la amnistía: ¿Cuándo podrá volver Carles Puigdemont?

Se aprobó la ley de amnistía. Con la misma mayoría de la investidura de Pedro Sánchez, el Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la ley más polémica de la legislatura. Con esta decisión legislativa, se cierra una etapa política y se abre otra que, además, también es judicial. Ahora, el protagonismo y las incógnitas se trasladan a un lugar y a un personaje: Cataluña y Carles Puigdemont.

 La maquinaria judicial se pone en marcha

PSOE, Sumar, Junts, ERC, Bildu, PNV, Podemos, BNG y José Luis Ábalos: 178 votos a favor frente a los 172 en contra de PP, Vox, UPN y Coalición Canaria. Esta aritmética ha servido para dar recorrido a una ley que, hace unos meses, nadie se habría imaginado. Después de toda clase de tacticismos entre partidos, declaraciones cruzadas y negociaciones agónicas, la legislatura ha dado un paso y ha abierto una nueva etapa. Y lo que ahora está por venir también era de esperar.

Una vez resueltas las ecuaciones políticas, llegan las ecuaciones judiciales. Cuando previsiblemente se publique mañana en el BOE, la ley entrará en vigor y los diferentes tribunales que ahora llevan causas afectadas por la amnistía tendrán que aplicarla en un plazo máximo de dos meses. Ahora bien, todo esto es sobre planos porque la realidad es más compleja.

Como ya se avisó desde el principio, los jueces presentarán recursos de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional y consultas prejudiciales al Tribunal Europeo de la Unión Europea. Es decir, que las dilaciones en la aplicación de la ley están aseguradas hasta que estos tribunales no resuelvan en un sentido u en otro. A todo esto, también se sabe que los fiscales del Tribunal Supremo que llevaron la causa del referéndum del 1-O están redactando un texto para adelantarse a las providenciales que los jueces pedirán a la Fiscalía.

Es decir, que ahora se abre la complicada cuestión de los tempos para todos los afectados por las causas judiciales. Entre ellos, y al calor de la situación política en Cataluña, hay un nombre que destaca sobre todos: Carles Puigdemont. La vuelta del expresidente no es solo una cuestión judicial, sino también política.

Ahora empieza lo difícil

La vuelta de Puigdemont son todo incógnitas y de aquí la prudencia e indefinición de las partes, empezando por el propio expresidente y su abogado, Gonzalo Boye. Una posibilidad es que el juez instructor del TS que le sigue la pista a Puigdemont, Pablo Llarena, aplique inmediatamente la ley de amnistía. En tal caso, se levantarían las medidas cautelares contra el expresidente, es decir, que ya podría volver a España. Pero nada apunta a que vaya a ser tan sencillo.

Por el contrario, ahora entramos en un terreno pantanoso de tempos que se superponen entre sí y que hacen difícil decir qué ocurrirá. Si, como parece, el juez Llarena dilata todo lo posible la aplicación de la ley, lo más seguro es que eso interfiera con los tempos del nuevo Parlament de Cataluña para investir a un presidente. Además, y como decimos, el TS tiene todo preparado para dilatar la ley sin entrar en delito de prevaricación. Basta, por ejemplo, que los tribunales europeos vean sólida la acusación de malversación de fondos para que la ley quede parada. Las fechas relevantes, entonces, se trasladan ahora al Parlament y a la voluntad de Puigdemont.

El 10 de junio se constituirá la Mesa del Parlament y los diputados tomarán acta de su escaño. Luego, el día 25 de junio, será la sesión de investidura de algún candidato a President. Si al final ERC, Junts y Comuns le quitan la Mesa al PSC, Puigdemont podría ser el primero en presentarse a la investidura. Entonces, podría cumplir su promesa de campaña: que volverá a Cataluña para el debate de (su) investidura. El día 25 de junio, entonces, podríamos tener a Puigdemont otra vez en España.

Esto daría lugar a una situación peliaguda en tanto que los procedimientos judiciales seguirían su marcha. O lo que es lo mismo: si a Puigdemont le sale bien su plan y cumple su promesa de volver para la investidura, podría darse el caso de jueces pidiendo la detención de un candidato a Presidente de la Generalitat de Cataluña. La tensión está asegurada.