Clara Ponsatí vuelve a esconderse tras el último revés judicial

Clara Ponsatí, exconsejera de la Generalitat procesada por desobediencia, ha cancelado un acto público tras la orden de detención del juez Llarena. El magistrado del Tribunal Supremo decretó la semana pasada una orden de detención nacional. El motivo, desatender una citación judicial “voluntaria e injustificadamente”.

Clara Ponsatí tenía que declarar el pasado 24 de abril ante el Tribunal Supremo por un delito de desobediencia. Sin embargo, no se presentó a la cita ni justificó adecuadamente su ausencia. De hecho, aquella misma mañana subió una foto en sus redes sociales desde Flances jactándose de burlar a la justicia española.

Por este motivo, el juez Pablo Llarena decretó una orden de detención nacional contra la encausada. Este martes la eurodiputada de Junts tenía en su agenda la presentación de un libro en una librería de Lleida. Un acto que ella misma ha cancelado debido a “la nueva situación judicial”.

Miedo a ser detenida

Clara Ponsatí ya no es tan valiente como hace unas semanas, y el miedo a ser detenida la ha llevado a cancelar el acto. La librería La Fatal así lo ha anunciado en su web oficial.

Los lectores que esperaban su presencia se han visto sorprendidos por la decisión. Según la librería, buscarán una nueva fecha para que la eurodiputada pueda viajar.

La orden de detención nacional decretada por el juez Llarena implica que si Clara Ponsatí vuelve a entrar en España, será detenida nuevamente. Este es el motivo por el que la eurodiputada ha cancelado su viaje. Así, en cuestión de horas la exconsejera ha pasado de desafiar a la justicia española a esconderse nuevamente.

Rehuye su responsabilidad

Como ya estableció el magistrado, Ponsatí “no solo abandonó nuestro país inmediatamente después de su posible intervención, sino que se opuso a que el Reino Unido la entregara a las autoridades judiciales españoles”.

El juez entiende que rehuye así “responder por la responsabilidad que se ventila en este proceso”.

Clara Ponsatí está acusada de haber abierto los colegios e institutos catalanes para celebrar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Fue detenida el pasado 28 de marzo, cuando regresó a España tras cinco años fugada. Y volvió a escapar tras haber sido citada a declarar por un delito de desobediencia.