Imagen de dos trabajadoras, una delante de la otra, trabajando y manipulando varias piezas
POLÍTICA

La burocracia, el calvario de las empresas que quieren crecer en Cataluña

Desde esperar ocho años para abrir un supermercado hasta empresas extranjeras que desisten: otro reto para Illa

Entre las diferentes áreas que constituyen la acción de gobierno hay algunas más agradecidas que otras. La seguridad social, la educación o la seguridad interior son de las más vistosas. Pero hay otras áreas, más discretas, que son igualmente importantes, como la administración pública.

En este sentido, Cataluña no puede presumir de tener un tejido burocrático muy eficaz. De hecho, es al revés, y así lo han denunciado diferentes patronales y organismos especializados.

Unanimidad entre las patronales

Una administración pública lenta y pesada no es solo un problema de tiempo y pasar nervios. Por el contrario, desincentiva la actividad económica, da pie a la arbitrariedad y a la desafección ciudadana. Los empresarios - tanto pequeños como grandes - son de los que más sufren los excesos burocráticos.

Una empleada pública atiende a una contribuyente en la oficina de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria

El Fórum de Entidades por la Reforma de la Administración (FERA) ya lo ha explicado en más de una ocasión. “El modelo actual de administración pública en Cataluña con más de 2.250 entes públicos y una administración planta local basada en el micropueblos es ineficiente, muy costoso, obsoleto e insostenible”, dice este organismo.

Del mismo modo, varias patronales y actores económicos han pedido cambios a las autoridades políticas.

El pasado julio, la patronal CECOT se reunió con el presidente del Parlament, Josep Rull, para pedir una simplificación administrativa. “Hay un exceso de burocracia, un exceso de leyes y normativas, complejas, algunas de ellas incluso llegan a contradecirse”, dijo su presidente, Xavier Panés.

Por su parte, el mascarón de proa del empresariado catalán, Foment del Treball, también ha pedido por activa y por pasivo una reducción burocrática. Sánchez Llibre se lo planteó a Carles Puigdemont cuando este era candidato al 12M y, después, a Salvador Illa.

Plano medio de Josep Sánchez Llibre hablando desde un atril de Foment de Treball levantando los dos dedos índices

Vuelva en ocho años

Como decimos, el calvario burocrático no es inocuo. Afecta muy negativamente a la actividad económica, dando lugar a situaciones kafkianas.

Hace poco, por ejemplo, uno de los empresarios catalanes más ilustres, Joan Font, fundador de Bonpreu, explicaba al medio VIA Empresa que podían esperar hasta ocho años para abrir un supermercado. “Podríamos tener las mismas exigencias y tardar solo tres meses haciéndolo igual de bien”, decía Font.

Y si las empresas autóctonas son exigentes con la administración, las empresas extranjeras lo pueden ser todavía más. Máxime si se tiene en cuenta que la competencia es global. Y este mes, la empresa surcoreana Lotte Energy notificaba al nuevo consejero de empresa, Miquel Sàmper, que iban a retrasar dos años la instalación de una fábrica por las dificultades administrativas.

En cualquier caso, las empresas extranjeras y las grandes empresas tienen más margen de maniobra para presionar o para irse a otro país. En cambio, las pequeñas y medianas empresas catalanas son las que más padecen la jungla administrativa.

Imagen genérica de una Oficina de Trabajo del SOC en Cataluña

¿Qué prometió el PSC?

En su programa electoral para las elecciones autonómicas del 12M, el PSC trataba esta cuestión. Pero lo cierto es que lo hacía de manera un tanto indefinida. Más que recortes en el tejido administrativo, los socialistas prometieron una auditoría pública.

“Pondremos en marcha una auditoría de los servicios públicos para conocer ineficiencias de los diferentes sistemas”, decía el PSC. El objetivo de esta auditoría era - en principio - una “racionalización” de la administración catalana, que según Eurostat es de las peores de Europa.

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