La vivienda: problema endémico

En el pleno del Ayuntamiento de Barcelona, celebrado a finales de septiembre, acordó exigir al Gobierno central que agilice y permita “de forma inmediata” que se regule el alquiler en Cataluña, tal y como prevé la Ley de Vivienda aprobada el pasado mes de abril. 

No le quiero echar agua al vino, pero el problema de la vivienda es común al de otras grandes ciudades como pueden ser París, Roma, Lisboa o New York, solo por poner algunos ejemplos y dudo mucho que con la regularización de los alquileres se arregle.

De hecho, en nuestra ciudad este problema lo venimos arrastrando, como mínimo, desde hace un siglo. En abril de 1931 se inició, en la Barceloneta, una huelga de arrendatarios, impulsada por la CNT, que se extendió rápidamente a otros barrios como Sants, el Clot o Poblenou, pero también a localidades cercanas como l’Hospitalet o Santa Coloma. El motivo era la carestía de los alquileres, conjugada con la precariedad laboral que había generado el brusco frenazo de la construcción tras el final de la Exposición Universal de 1929. La represión fue brutal y estuvo dirigida por el gobernador civil, Oriol Anguera de Sojo, con el visto bueno del presidente de la Cámara de la Propiedad, Joan Pich i Pon, que más tarde sería alcalde de Barcelona. De todas maneras, aquella movilización permitió a muchos arrendatarios renegociar los alquileres y se introdujeron algunos cambios en el mercado de la vivienda. 

Más tarde, ya con la dictadura, la cosa siguió igual o peor. Los realquilados adquirieron carta de naturaleza y las habitaciones con derecho a cocina se convirtieron en algo codiciado. No obstante, a partir de los años sesenta la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO), vino a paliar ligeramente la situación.

Y así seguimos. El problema es endémico. Cada vez es más difícil acceder a una vivienda y cada vez hay que irse a vivir más lejos del centro de las grandes ciudades. Hasta ahora, los escasos intentos que han llevado a cabo los gobiernos de turno, para encarar la cuestión, han sido fracasos de solemnidad. En mi opinión, el problema no se ha afrontado ni con el suficiente pragmatismo, ni teniendo en cuenta todos los factores que inciden.

Es evidente que cada población tiene su propia idiosincrasia y el hecho de “copiar y pegar”, no siempre da los resultados esperados. No obstante, no estaría de más que ante un problema de tanta magnitud como es el de la vivienda, buscásemos, como ciudad, algún referente y, en mi opinión, Viena podía ser un buen ejemplo a seguir. 

La capital de Austria, según el censo de 2021, está habitada por 1.900.000 personas, mientras que Barcelona tenía 1.600.000, atendiendo al censo de 2022, es decir, una diferencia de unos 300.000 habitantes. Sin embargo, en el ámbito de la vivienda las diferencias son siderales. Para empezar, en Viena existen unas 220.000 viviendas municipales y sobre 200.000 apartamentos construidos en régimen de cooperativa. Los alquileres de este tipo de viviendas no superan los 500 euros mensuales. Es cierto, no obstante, que para optar a eses tipo de residencia hay una lista de espera de unos dos años. En cualquier caso, el hecho cierto es que, alrededor, del 50% de los vieneses viven en régimen de alquiler.

A diferencia de muchas otras capitales, desde el Ayuntamiento de Viena siempre se han resistido a la privatización del parque inmobiliario público. El Consistorio nunca ha cedido a la presión, especialmente fuerte a finales de los ochenta y en los noventa, para crear propietarios; quizá movidos por la consciencia de que, una vez realizada la transacción, el municipio perdía toda capacidad de regular los alquileres. “Además, la vivienda social se distribuye por todos los distritos”, destaca Bárbara Laa, investigadora especializada en planeamiento urbano de la Universidad Técnica de Viena. “Comparada con otras ciudades, Viena es bastante mixta”, opina, en referencia a la diversidad socioeconómica de los barrios de la urbe. “No se han creado guetos”, remarca. Considera que ha habido un enfoque “sólido y constante” en las políticas públicas que, además de desincentivar la segregación urbana, ha ayudado a controlar los precios del alquiler.

Si echamos un vistazo a nuestro entorno, veremos qué Países Bajos es líder (con el 30%) de viviendas en alquiler seguido de Austria, donde son públicas una de cada cuatro viviendas; mientras que el Reino Unido mantiene casi un 18% de su parque de vivienda como pública y Francia roza el 17%, 

En contrapartida, en España La vivienda social representa un escueto 2,5% del parque inmobiliario, unas 290.000 casas, gestionadas por comunidades autónomas (72%) y ayuntamientos (27%), según detalla en un informe (Observatorio de Vivienda y Suelo: vivienda social 2020) el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Muy por debajo de la media europea, que se sitúa en el 9%.

En este contexto, se hace indispensable una mesa de diálogo y un marco de colaboración entre el sector público y el privado para sincronizar sinergias. Además, la cuestión ha de plantarse no solo a nivel de ciudad, que también, pero, sobre todo, a nivel metropolitano. Y eso significa repensar el actual modelo urbanístico y de servicios, desde la red de transporte público, hasta los centros de atención primaria (CAPs); sin echar en el olvido la oferta de enseñanza pública que ha de ser de calidad y asequible. Es decir, las administraciones deberían recuperar el concepto de ciudades poli céntricas que tan en boga estuvo en los años noventa.

En el último año, la renta mensual de los alquileres se disparó un 20% en 01 barrios de Barcelona y eso es sencillamente insostenible. Por eso hace bien el Gobierno de la ciudad en buscar medidas de choque. Ahora bien, si se quiere ir a la raíz del problema, hay que construir un parque público de vivienda, con precios por debajo de mercado, para aquella parte de la ciudadanía a la que la situación económica no le permite el acceso al libre mercado. 

Eso sería una muy buena política social y de redistribución de rentas.