Turull, lo haría mejor

Jordi Turull es un personaje de la esfera pública de Cataluña en cierta manera “entrañable”, la ha pifiado en casi todo. Ha estado en sitios y en momentos de alta tensión, con frecuente desafortunada oportunidad.  Prestó testimonio en el juicio contra los 20 acusados por el asedio al Parlament en junio de 2011, actos que consideró “un golpe de Estado encubierto” (sic). 

Fue portavoz del Govern en la jornada del “golpe constitucional” del 1-O de 2017, se quedó en Barcelona y fue procesado. Lo presentaron a la investidura como presidente de la Generalitat en febrero de 2018, sin poder terminar el trámite porque fue detenido, juzgado y condenado a 12 años por su participación en la tentativa de secesión de Cataluña. 

Pasó por la cárcel de 2018 a 2021, fue indultado por el Gobierno que desprecia, pero continúa inhabilitado. Digamos que todo le sale mal —hasta ha sufrido un infarto, que le deseamos sin secuelas—, si se hace abstracción de la naturaleza de la causa de su compromiso personal: “luchar por la independencia de Cataluña”, “la más noble” (para él), que no podía salir bien, pues no reúne absolutamente ninguna de las condiciones imprescindibles para la viabilidad. 

Pese a tanta evidencia, Turull persiste e insiste. En una reciente entrevista publicada en El País, dice que “lo haría mejor”, refiriéndose al 1-0 de 2017. En el marco de los derechos y libertades de la España democrática que rechaza, Turull es libre de repetir los actos inútiles que le perjudican personalmente, pero como personaje que actúa en la esfera pública —es secretario general de Junts, partido que en las elecciones del 23-F 2023 obtuvo 392.000 votos—, tiene una responsabilidad, en primer lugar, ética que le obliga a evaluar el coste social de sus actos públicos y, después, la de argumentar lo que afirma. 

¿Qué entiende Turull por “lo haría mejor”? Está obligado a explicar en qué consiste este “mejor”, susceptible de consecuencias sociales importantes.  La frivolidad de la palabrería altisonante, pero vacía es una losa que aplasta y degrada la política, que, en definitiva, es el “gobierno de las cosas”.

Turull deja toda la entrevista impregnada de displicente superioridad moral: “no estamos aquí para salvar a España de nada, España que se salve, si quiere”, y de esa frivolidad tan fuera de lugar: “no vamos a renunciar a la unilateralidad” y “lo haría mejor”.

¡Qué hartazgo! Llevamos más de una década con esta frivolidad, más del tercio de una generación inmersa en un delirio de no-cosas, mientras las cosas de cada día se descuidan y se pudren. Son, todos los más, aquellas “minucias” a las que se refería Quim Torra en contraste con la grandeza de la independencia.  

Nos hacen falta políticos que devuelvan las cosas a su lugar capital, políticos que se ocupen de las cosas de la sanidad —de esas listas de espera insoportables—, de las cosas de la educación —de ese fracaso escolar estructural—, de las cosas de la seguridad —de esa necesidad de seguridad física y social—. Necesitamos políticos que tomen partido a favor de la, esta sí que muy noble, causa de los más de 1.650.000 compatriotas catalanes en riesgo de pobreza o exclusión social, a los que Turull y su representado, Puigdemont, ignoran o se burlan de su desgracia con la perversa falacia de que la independencia es la solución de los problemas de Cataluña. 

Turull no es ese político necesario, ni tampoco su representado, el ausente Puigdemont, que encabezará la candidatura de Junts. Estos personajes son figuras públicas de una clase que comprende desde charlatanes a predicadores de causas socialmente inútiles o solo útiles para los que las defienden. 

En la cita electoral del próximo 12 de mayo todavía los creerá y votará mucha gente, pero la esperanza, fundada en el hartazgo y en la necesidad de recuperar colectivamente el tiempo perdido, es que ya no puedan continuar “no gobernando” Cataluña, cuya sociedad tiene bien merecido salir del hartazgo de las no-cosas para entrar en la normalidad de las cosas conflictivas.