La trama militar de la Generalitat

La proclamación del Estat Català del 6 de octubre de 1934 por parte del presidente de la Generalitat, Lluis Companys, es un proceso histórico recurrente para reflejar paralelismos con los acontecimientos del mismo mes de 2017. Sin embargo, existía una derivada trascendental que no se suele tener en cuenta: la trama militar que apoyó la insurrección de 1934.

En España, el orden público había estado tradicionalmente en manos de militares, no porque esta fuera su misión fundamental, sino por las deficiencias en las estructuras policiales. Cada vez que las numerosas huelgas exigían represión por la dureza de las mismas, era el capitán general de la Región o el gobernador militar de la provincia quienes, ante la suspensión de garantías constitucionales y mediante la declaración del Estado de Guerra, asumían todas las competencias, dejando al gobernador Civil mano sobre mano.

La República trató de organizar un cuerpo policial armado de nueva factura y encargó para ello al joven teniente coronel africanista Agustín Muñoz Grandes la organización del mismo. Como sucedía con la Guardia Civil, la Guardia de Seguridad y Asalto estaba completamente militarizada y sus oficiales y suboficiales procedían todos del Ejército.

Por otra parte, el Estatuto de Nuria, aprobado en 1932, otorgaba las competencias de orden público al Gobierno de la Generalitat y, por tanto, el control sobre las fuerzas policiales. 

Macià se apresuró a potenciar las “Escuadras de Cataluña”, el histórico cuerpo de Mossos de Escuadra, como una policía de control directo de la Generalitat, antes incluso de asumir las competencias completas de orden público. Para su organización y dirección se postularon militares catalanes muy afines al antiguo teniente coronel Francesc Macià: el comandante de Artillería Enrique Pérez Farrás, el capitán de Caballería Federico Escofet, el laureado capitán de Infantería Bartolomé Muntané Cirici, el capitán artillero Francisco López Gatell o el teniente de Artillería José Cabezas Prieto. Todos ellos se encargaron de la formación, preparación y mando del nuevo cuerpo policial.

ERC era una organización que aunaba varias sensibilidades políticas. Por un lado, los que procedían del diario “L’Opinió”, la mayoría de ellos abandonaron el partido en octubre de 1933, incluido un joven Josep Tarradellas, que se marchó por sus fuertes discrepancias con Macià aunque posteriormente regresaría a las filas de ERC una vez fallecido el presidente. Por otra parte, los militantes del Partido Republicano Catalán, liderados por Lluis Companys y del que también procedía Marcelino Domingo, que acabó saltando a la política nacional liderando el Partido Republicano Radical Socialista. Este sector venía de la fusión del Bloque Republicano Autonomista de Lairet con la Unión Federal Nacionalista Republicana y otras formaciones menores. Lluis Companys era su líder en 1934 y, aunque había cedido la cabeza de la coalición a Macià en la creación de ERC, una vez falleció este asumió la presidencia de la Generalitat.

Por último, el grupo de Estat Català que había fomentado la fundación de ERC en 1931 para presentarse a las elecciones municipales del 12 de abril de ese año, ya que carecía de tejido e infraestructura municipal. Estat Català había sido más una organización para-militar que política, sus correligionarios eran jóvenes entusiastas con un carácter claramente independentista y muy comprometidos con esa causa. Los Escamots de Macià, que le habían acompañado en su exilio parisino y que fueron protagonistas, incluso sin la aprobación del veterano exmilitar, de algún intento de regicidio o, ya encabezado por el propio Macià, de un intento de invasión que no llegó a cruzar la frontera francesa, estaban ahora a los mandos de varias de las consejerías de la Generalitat.

La Consejería de Gobernación estaba dirigida por uno de esos jóvenes, Josep Dencàs; un médico entusiasta de la fisionomía de la Italia de los años 30 y amigo de uniformes, desfiles y fastuosas celebraciones patrióticas. Badia se había hecho cargo de la policía una vez las competencias de Orden Público pasaron a manos del Gobierno Catalán. Él mismo seleccionó al personal y dio carácter militar a las JEREC (Juventudes de Esquerra Republicana de Cataluña), que colaboraban con la policía en tareas de orden público y que obtuvieron acceso al armamento del antiguo Somaten, una milicia para-policial que participaba como auxiliar en casos de movilización y que desapareció con la llegada de la República.

Badía disponía de unos 6000 escamots armados. La policía, también bajo su control, tenía una serie de jefes (todos ellos militares) muy afines a la causa. El más importante era Juan Ricard Marich, teniente coronel de Infantería y jefe de los Guardias de Seguridad y Asalto en Barcelona. Ricard tenía bajo su mando las formaciones mejor adiestradas y armadas, capaces de hacer frente a cualquier unidad militar, incluida la Guardia Civil.

Las comisarías de la policía específica de la Ciudad Condal también contaban con militares al mando. El teniente coronel de Infantería Jesús Pérez Salas era el jefe Superior de Policía y fue el encargado de los traspasos de competencias a la Generalitat, siempre bajo las órdenes de Badía. Otro de los que se encontraba en La Consejería de Gobernación la noche del 6 de octubre de 1934 era el capitán de Artillería Arturo Menéndez López, conocido por ser el director general de Seguridad durante los sucesos de Casas Viejas en enero de 1933 y máxima autoridad procesada por aquellos hechos de los que eludieron responsabilidad el presidente del Consejo de Ministros, Manuel Azaña, y el ministro de Gobernación, Casares Quiroga.

El movimiento insurreccional, planeado en toda España y liderado por el líder socialista Francisco Largo Caballero, fue visto como una oportunidad de declaración de independencia por parte de Dencàs y Badía. El mayor obstáculo era el propio Companys, porque los jefes de las unidades policiales en sus tres vertientes, y con excepción de la Guardia Civil, estaban comprometidos con las decisiones del Gobierno de la Generalitat. El general Domingo Batet, catalán y liberal, jefe de la 4ª División orgánica con mando sobre todas las unidades puramente militares de la Región Autónoma, era visto por Dencàs como un patriota catalán que se uniría sin dudarlo a la sublevación una vez se le presionara adecuadamente. 

La Alianza Obrera no estaba garantizada por las eternas luchas entre socialistas y anarquistas, únicamente en Asturias, León y Palencia se consiguió la unión. En el resto de España, los anarquistas rehusaron colaborar con quien había colaborado con el dictador Primo de Rivera mientras se ejercía una dura represión contra la CNT.

Companys, quien había estado numerosas veces en prisión y que había defendido asiduamente, en su papel de letrado, a anarquistas durante las peores etapas del pistolerismo, no estaba dispuesto a cumplir con las trasnochadas aventuras planeadas por los jóvenes Dencàs y Badía. El día 5, tras la inclusión en el Gobierno de Lerroux de tres ministros de la CEDA, Companys se resiste y se niega a dar pasos en falso. Por fin, el día 6, con los Escamots en la calle y dominando las principales arterias de la Ciudad Condal, comienza a ceder. Batet había recibido información del despliegue de las JEREC y se mostró conforme con ello; no era su competencia siempre que no se declarara el Estado de Guerra. Aun así, advirtió a Dencàs: “no se deben posicionar milicianos en las proximidades de los cuarteles, los militares se harán cargo de su propia seguridad”.

Por fin, el inicio de la Huelga General Revolucionaria y su éxito inicial acabó por convencer a Companys. A las 19.30 se reunió, en el Salón de Sesiones del Palau, con algunos diputados de su grupo, 25 en total.  Media hora más tarde salió al balcón del Palau para proclamar el Estado Catalán dentro de la República Federal Española. Esto iba muy en contra de las ansias de Dencàs, Badía y sus correligionarios, pero, en cualquier caso, suponía un desafío al Gobierno de la República Española que debía obrar en consecuencia. Companys se giró y estrechó la mano del doctor Soler y Pla diciendo: “ahora, no podrán decir que no soy nacionalista, veremos qué ocurre y en qué acaba todo esto”. 

Inmediatamente después se redactó un oficio al general Batet para que se pusiera a las órdenes de la Generalitat, mientras Mossos de Escuadra, Guardias de Asalto y policías se preparaban para lo que pudiera ocurrir, todos ellos mandados por oficiales del Ejército afines al Gobierno de ERC. Sin ellos, ni Dencàs, ni Companys, ni Badía, ni, por supuesto, el propio Companys se habrían atrevido siquiera a plantear la posibilidad de dar tan arriesgado paso. Si Batet no hubiera estado firme en su puesto y convicciones, el resultado habría sido muy diferente.

Lo que pasó después, es otra historia digna de ser contada.