Son unas elecciones autonómicas

Lo que se vota el 12-M en Cataluña, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía, son programas de gobierno autonómico. España es un país descentralizado, como otros países de Europa, esto significa que parte de las competencias del Estado se ejercen desde los territorios donde se aplican.

Esta sencilla regla política, que es un progreso democrático y de gestión basada en la proximidad a los ciudadanos, ha sido largamente tergiversada por los partidos independentistas, los que han ido sucediendo a CDC a partir de su quiebra política y moral, más ERC, refundada en torno al secesionismo y el abandono del republicanismo civil, y la CUP, un conglomerado nacionalpopulista de izquierda Woke.

Todos ellos han presentado las anteriores elecciones autonómicas desde 2012 como plebiscitarias de la independencia. Favorecidos por la ley electoral vigente, que por eso rechazan actualizarla, obtuvieron la mayoría en escaños en el Parlament, lo que se tradujo en los gobiernos independentistas presididos por Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès de rebote, los cuales desviaron el poder institucional de su función estatutaria: el autogobierno de Cataluña, utilizándolo irregularmente en el intento de crear unas condiciones estructurales para la secesión de Cataluña.

El resultado ha sido que, por supuesto, no han logrado la independencia de Cataluña —imposible en todos los órdenes— y han desaprovechado los medios y los recursos de que disponían; es más, los malbarataron y, encima, la virtud de la descentralización de las competencias devino un grave inconveniente, pues no se gobernaba aquí y no se podía gobernar desde fuera. De manera que Cataluña ha padecido durante más de una década uno de los peores gobiernos autonómicos de España.

Fracasado a todas luces el independentismo, las elecciones del 12-M recuperan su sentido estatutario: la elección del programa de autogobierno de Cataluña. La ideología independentista montada sobre la ilusa independencia al despreciar la autonomía desaprovechaba las potencialidades de esta. 

La Generalitat de Cataluña es uno de los más amplios autogobiernos regionales de Europa, tiene la competencia exclusiva de 57 bloques de materias, comprendiendo las significativas de educación, sanidad, lengua, cultura, derecho civil, régimen local, función pública, medios de comunicación social, organización del territorio, obras públicas y organización de la administración. Sobre dichas materias detiene íntegra la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva. Además, en Cataluña comparte competencias propias del Estado y ejecuta otras del Estado. 

La Generalitat y sus empresas públicas dispusieron en 2023 de un presupuesto de 45.359 millones de euros, de más de 290.000 empleados públicos, de una policía integral de 18.643 efectivos, ampliable hasta los 22.006 agentes. La población de Cataluña a 30 de diciembre de 2023 era de 8.021.049 habitantes y el PIB anual ascendió a 255.154 millones de euros (una considerable riqueza mal repartida). Estamos ante unos datos macroeconómicos que ya quisieran para sí algunos Estados. 

Se trata, precisamente, de gestionar todo esto lo mejor posible por el bien común de los catalanes. En este punto hay que recordar que en 2023 el riesgo de pobreza o exclusión social en Cataluña afectaba a un 24,4% de la población, lo que supone la aterradora cifra de 1.957.000 personas. 

Los programas de los partidos independentistas carecen de toda credibilidad social, Puigdemont y Aragonès no merecen ninguna confianza como gobernantes, han dejado suficientemente probado su mal gobierno y su inclinación por las irregularidades, aunque ahora digan que pondrán más atención en las “cosas”, lo suyo son las “no-cosas” de la independencia.

De hecho, los dos programas de gobierno realmente confrontados son el del PSC de Salvador Illa y el del PP de Alejandro Fernández, los programas de los independentistas son para un “mientras tanto” autonómico en el que no creen. 

Puede parecer una reducción que no gustará a muchos, pero es la realidad del 12-M, con, además, la oportunidad   del fin de la épica procesista y la vuelta a la vulgar normalidad de unas elecciones autonómicas, en las que se dirime, no una hipotética independencia de Cataluña, sino que los servicios funcionen, se reduzca el riesgo de pobreza, se creen oportunidades de desarrollo colectivo y la Cataluña oficial salga del ensimismamiento independentista para volver a participar en la carrera del progreso, en la que tiene mucho que decir.