De Ripoll a Madrid: una embajada en medio de los leones

Hace casi un mes se publicó una encuesta difundida por El Español que mostraba el último sondeo realizado por Sociométrica, y sorpresa, Aliança Catalana (AC) irrumpía en el Congreso de los Diputados con dos escaños. Observando la fragmentación política en el hemiciclo, uno podría pensar que esta oportunidad debe aprovecharse. Cabe mencionar que mirar hacia el Congreso no es una propuesta que se haya planteado desde el partido, y el artículo solo pretende analizar por qué no es descabellado hablar de ello, aunque está escrito por alguien sin influencia dentro de la organización.

Sin más preámbulos, ¿sería buena idea presentarse? Sí. La razón más obvia es que todos los catalanes, volens nolens, tenemos derecho a voto e ignorar Madrid, cuando lo que se decide allí nos condiciona mucho más que lo que pase en el Parlament, es un error de cálculo. Muchos argumentarán que no debemos hacer nada en la capital del Reino, pero ante la inoperancia de la clase política para culminar la independencia, no podemos hacer como si en el Congreso no ocurriera nada.

El Estado tiene competencias exclusivas sobre: nacionalidad (un Código Civil extremadamente laxo a la hora de otorgarla, especialmente a aquellos a los que el PP llama "hermanos hispanoamericanos"), inmigración, extranjería, defensa, sistema monetario, hacienda y deudas, aeropuertos de interés general, transporte aéreo, ferrocarriles e incluso, en materia civil, las bases de obligaciones contractuales! Todo esto está detallado exhaustivamente en el artículo 149 de la Constitución Española (CE).

Por tanto, la Generalitat tiene competencias, sí, pero quien manda es Madrid, y no tendrán reparos en 'cepillar' artículos o leyes aprobadas por el Parlament. Aparte de esto, aunque AC se ha manifestado en contra de las subvenciones, no tendría sentido jugar el partido con una mano atada y rechazarlas; en Cataluña se han aceptado las relativas a los resultados autonómicos electorales, entonces, ¿por qué no hacer lo mismo en el Estado?

Según la LOREG, por cada diputado y senador se obtendrán 21.167,64 €, 0,81 € por cada voto conseguido en cada candidatura (siempre que lleguen al escaño). Este planteamiento debe tenerse en cuenta dado que el financiamiento es clave para que funcione una formación política. Si no, que se lo pregunten a ERC y a Junts, los cuales, en 2023, le dieron la presidencia del Congreso al PSOE a cambio de tener grupo parlamentario propio. Esto suponía una asignación de 350.000 € anuales y el derecho a enviar propaganda electoral gratuita. No tuvieron ningún problema a la hora de contravenir el reglamento del Congreso (art. 23), ya que, para disponer de grupo propio, hay que contar con quince diputados, o bien tener cinco, pero al menos conseguir el 5% de todo el voto nacional (ERC: 1,9% del total y Junts: 1,6%) o tener un mínimo de 5 diputados y el 15% del voto en aquellas circunscripciones en las que se presentaban (tampoco cumplían).

Aparte de estas cuestiones, dejar la política migratoria en manos de Junts, ERC, PSOE, Sumar y los acólitos de Pablo Iglesias me parece una razón de peso para considerar una hipotética candidatura. Madrid nos asfixia a través de un modelo afrancesado de funcionariado y un pesado sistema fiscal, que debemos intentar minimizar con las herramientas de las que disponemos. Las regulaciones impositivas de autónomos, PYMES y otras sociedades se deciden y se mantienen en Madrid. AC debe luchar para que esos tributos cedidos se rebajen hasta su mínima expresión y se deben suprimir todos los impuestos que estén a nuestras manos, los catalanes no debemos estar penalizados por España y por Cataluña.

No obstante, hay una parte significativa del electorado que irá a votar en las elecciones españolas, si AC no se presenta, muchos se quedarán huérfanos de partido. Esto puede conducirnos, en el mejor de los casos, hacia una abstención considerable y, en el peor de ellos, a que muchos voten a partidos anquilosados en el Procés, una rémora y un discurso que aún perdura, o bien que adopten un planteamiento pragmático y voten las opciones de PP y VOX embelesados por discursos antiinmigración y con modestas rebajas fiscales.

Sin embargo, desde el Reino se nos ha marcado una agenda política (compartida y abrazada por las izquierdas catalanas de forma acrítica) que puede llevarnos a problemas energéticos muy serios: en 2019 el gobierno acordó con las empresas eléctricas propietarias de centrales nucleares (PNIEC) el cierre definitivo de todas ellas en 2035. En Cataluña, Ascó I tiene previsto dejar de producir energía verde en 2030, Ascó II en 2032 y Vandellòs II en 2035. Dicho de otra manera, se cargarán de golpe el 60% de la producción eléctrica del Principado. Ciertamente, buena parte de los grupos parlamentarios catalanes ha visto en la nuclear su chivo expiatorio y se esforzarán por dejarnos a oscuras (de ahí que AC debe prepararse en tres frentes diferentes: municipales, autonómicas y estatales).

Leyendo el último artículo del profesor Fernández-Villaverde en El Confidencial, ya nos tienen presentes como partido en el hemiciclo español: "Mi escenario de base es que Aliança entra en el Congreso al menos por Barcelona en las próximas elecciones[...]si Aliança llega a tres o cuatro diputados, entonces formar gobierno sería sencillamente imposible para el PSOE", ergo, la posibilidad de condicionar todo un país desde la condal villa de Ripoll puede ser una realidad. La Ley D’Hont podría beneficiarnos y dejarnos en la tesitura de que AC tuviera la llave de la gobernabilidad de España. A partir de aquí, los embajadores en Madrid deberían marcar el plan de ruta de las políticas liberales, sociales e inmigratorias que correspondan en cada momento.

Igualmente, se podría negociar una hipotética independencia siempre que tuviéramos algo que ofrecer. Si AC consolidara un votante fijo en las elecciones españolas que nos permitiera tener la clave de la gobernabilidad, el Estado tendría que acabar negociando el fondo de la cuestión, siempre que no puedan gobernar sin nosotros. Es algo que Junts debería haber hecho: no te dejo gobernar el país si no me pones las urnas para votar la independencia. Esto nos llevaría a volver a ir a elecciones, pero siempre que hubiera un votante fiel y la aritmética parlamentaria nos fuera favorable no habría forma de gobernar España. Podría producirse un gobierno de unidad nacional entre PP y PSOE, pero eso sería una contradicción tan descarada que haría que subieran como la espuma las opciones a la izquierda del PSOE y a la derecha del PP (breve recordatorio de que vivimos en el país del Tamayazo).

Al final, no tendría sentido no presentarse cuando todos los partidos independentistas lo han hecho y lo harán, eso supone un agravio comparativo para la campaña de las autonómicas; los de siempre concentrarán recursos que les permitirán seguir engañando a los catalanes. Recordemos que, por ejemplo, la CUP había nacido por el municipalismo y a priori no deberían haberse presentado ni a las autonómicas, pero bien, lo han hecho en cuatro legislaturas e incluso han ido a Madrid. Habrá gente que dirá que no es nuestro país y que, por tanto, no nos debemos presentar. Europa tampoco lo es y no sería descabellado que AC creara una candidatura para 2029 y el motivo sigue siendo el mismo: en la UE, por mucho que estés en contra de esta organización, se deciden cosas que nos afectan, mutatis mutandis, se puede afirmar que en la capital del Reino hay más poder y por mucho que queramos hacer ver que no lo hay, harán todo tipo de políticas que nos perjudicarán.

De hecho, son muchos los catalanes que han pasado por Madrid, la mayoría con la voluntad de modernizar el país. Parafraseando a Ainaud de Lasarte, todos tenían en común el intento de europeizar la Administración, desde Cambó a Serra, pasando por Jaume Carner o López Rodó. Los que tomamos el relevo del catalanismo pensamos que España es irreformable, el tópico del catalán fenicio y egoísta está bien arraigado en las Castillas, a pesar de que Cambó regaló a Madrid los únicos Botticelli que hay en el Prado y que los catalanes regalamos coactivamente muchos recursos que agravan el déficit fiscal.

Los que se oponen a la posibilidad de la embajada catalana porque debemos hacer la independencia, tendrán que explicarnos cómo hacerlo y en qué nos beneficia el relato de no enviar embajadores a Madrid. No me consta que, a estas alturas, haya un solo catalán dispuesto a emplear las armas para autodeterminarse y es que, la independencia solo será posible si se llega a este escenario del cual nadie quiere hablar. El Procés nos engañó prometiendo un camino hacia Ítaca en dieciocho meses y, por el camino, nos han desnacionalizado, han abierto fronteras de par en par y han constituido el Parlament más de izquierdas de Europa. En la Edad Media, los arquitectos y los obreros trabajaban construyendo catedrales que sabían que no verían acabadas, pero el legado se entregaba de generaciones en generaciones hasta que se llegaba a ellas. Ojalá Deulofeu tuviera razón y en el año 2029 Cataluña fuera independiente, pero como la historia no es matemática, debemos hacer camino recuperando el sentido común que, intermitentemente, nos ha caracterizado.