El resentimiento del independentismo

Me había hecho el propósito de no escribir más sobre el procés, salvo que hubiera alguna novedad importante.

Es el caso ahora con la oportunidad -veremos si vengativa o conciliadora- que el resultado del 23-J da a ERC y, sobre todo, a Junts que, a pesar de la derrota electoral, tienen los votos imprescindibles para la eventual investidura de Pedro Sánchez y la consiguiente formación de un Gobierno de España de signo radicalmente contrario al que formarían el PP y Vox.

Todavía resuena en el venerable techo del palacio del Congreso de los Diputados, mancillado por los disparos de los golpistas del 1981, aquel “Me importa un comino la gobernabilidad de España” que la diputada Montse Bassa (ERC) espetó a Pedro Sánchez el 7 de enero de 2020 en la sesión de investidura, en la que finalmente ERC votó a favor.

A la diputada de ERC el resentimiento le venía de la condena por el Tribunal Supremo de su hermana, Dolors Bassa, ex consejera de Trabajo, a 12 años de prisión en la causa del procés. Dolors Bassa ha sido indultada por el Gobierno de España siendo presidente Pedro Sánchez.

Y, aun así, el resentimiento continúa, alimentado desde Waterloo -el largo tuit justificativo de Carles Puigdemont de 29 de julio rezuma mucho resentimiento-, y se mantiene el nihilismo: “¿por qué tenemos que facilitar la gobernabilidad del Estado represor?”

Las condiciones que Junts pone para votar a favor de una investidura de Sánchez: la amnistía y la celebración de un referéndum de autodeterminación, son inasumibles e inaceptables. Inasumibles porque son inconstitucionales, inaceptables porque son condiciones faltas de toda justificación moral, la amnistía, y política, el referéndum. Lo saben, por eso ponerlas, sin que puedan ser la base de una negociación, se tiene que interpretar como la expresión de un resentimiento vengativo.

Se llega a la conclusión que para los dirigentes del independentismo Cataluña es una abstracción, sin catalanes. Les importa un pepino quién gobierne, quizás incluso prefieren que gobierne la derecha, así podrían reavivar el procés, mientras que la diferencia entre la izquierda y la derecha es como la de la noche a la mañana. ¿Ignoran acaso que el PP y Vox derogarían las leyes que benefician las mujeres, los trabajadores, los jóvenes, los pensionistas, los vulnerables, los catalanes de carne y huesos?

Y todos sabemos que, en el fondo, la clave de todo y el requisito para enterrar de una vez el procés secesionista, que está más que muerto, pero que hiede porque todavía no lo hemos enterrado, es solucionar la situación personal de Carles Puigdemont, que lleva 5 años y nueve meses siendo el gran problema del procés residual.

Carles Puigdemont ha sido presidente de la Generalitat y esto, separadamente del personaje, tiene un significado que determina su situación personal – de lo que él ha abusado ad nauseam-, y para la institución y para muchos catalanes es necesario cerrar el caso de una manera digna, con la dificultad añadida que Puigdemont es el obstáculo de sí mismo. Como que todo el mundo tiene que recibir igual trato ante la ley, no será nada fácil encontrar una fórmula razonablemente aceptable para todo el mundo, fórmula -la que sea- que siempre rechazarán los de “Puigdemont al paredón”.

Si Oriol Junqueras, tan responsable como Puigdemont, cuando menos en el grado de “vicepresidente”, ya está en la calle, aunque inhabilitado para la política institucional, sería equitativo que, después de la supresión del delito de sedición -que el PP y Vox quieren volver a poner en el Código Penal- Puigdemont tuviera un trato final parecido al de Junqueras.

Cierto es que Puigdemont no habrá pasado por la prisión, pero Waterloo habrá sido una jaula dorada de 5 años y nueve meses, y sin Waterloo se ha acabado el altavoz de Bruselas, el Consejo por la República y la “confrontación inteligente”, a distancia.

Resolver “el caso Puigdemont” -el último fleco del procés- es imperativo, independientemente de la actual coyuntura política. Los otros “casos” son “menores”, y se incluirán en la “fórmula Puigdemont” o tendrán un tratamiento diferenciado.    El poder fuerte y democrático se puede permitir ser generoso, incluso con los vencidos resentidos.

Sea cual sea, la fórmula tendría que hacer posible cuatro cosas: evitar un rechazo total en el resto de España, enterrar oficialmente el proceso, asegurar la investidura de Pedro Sánchez, preservar las posibilidades de Salvador Illa como candidato a la presidencia de la Generalitat; sino las alternativas son el PP con Vox o elecciones en febrero, no hay más cera que la que arde.

Después de que el voto del exterior haya atribuido un escaño más al PP en detrimento del PSOE, haría falta un sí de Junts -de los siete diputados que tienen o de dos- en lugar de una simple abstención de todos, el sí (de los siete) es demasiado caro para todo el mundo. Unas nuevas elecciones devienen el escenario más probable.