El regreso del sr. Puigdemont a España

Puede que Carles Puigdemont vuelva con aire triunfal a Cataluña proclamando “ja sóc aquí”, en realidad, vuelve a España derrotado. 

El mito construido por el independentismo del “presidente legítimo” que se ha tenido que exiliar empujado por la represión del Estado, no se aguanta por ninguna parte, mito que un pagado Puigdemont representa desde la seguridad y la comodidad del Casal de la “República Catalana” en Waterloo. La descarada o insinuada comparación con el retorno de Josep Tarradellas todavía se aguanta menos.  

Puigdemont salió de una España democrática después de haber protagonizado como responsable político directo un intento de secesión de Cataluña por la vía unilateral. Es un infractor del orden constitucional en grado de tentativa. Esta es la calificación política de su actuación, el encaje de la cual en una figura penal es una vertiente de la cuestión que ya fue sentenciada en otros participantes en el intento. 

Si Puigdemont hubiera permanecido en España, probablemente habría sido detenido, procesado, juzgado, condenado e indultado, igual como Oriol Junqueras. Un final prosaico de la épica secesionista. 

Tarradellas tuvo que salir de España en febrero de 1939 por la victoria militar de los que se habían levantado contra la República. Tarradellas había desempeñado importantes responsabilidades en el gobierno de la Generalitat, entre otras, fue presidente de la Comisión de Industrias de Guerra y  jefe del gobierno autonómico. Si hubiera sido detenido, habría acabado fusilado como el presidente Lluís Companys. 

Tarradellas fue designado presidente de la Generalitat en 1954 en la sede de la Embajada de la República Española en México en unas circunstancias de dudosa conformidad con el Estatuto de Autonomía de 1932, pero cuando volvió a España en septiembre de 1977 en el marco de una operación política genial representaba la Generalitat estatutaria que había sido ilegalmente suprimida por el régimen de Franco; tenía una legitimidad política. 

Puigdemont sin ningún mérito propio volverá amnistiado por el Estado y sin ninguna representación institucional. Vuelve como un señor particular.  Fue suspendido de la función presidencial por la aplicación del artículo 155 de la Constitución y, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de 2006, dejó formalmente de ser presidente cuando el Parlamento de Cataluña constituido después de las elecciones de diciembre de 2017 nombró presidente de la Generalitat a Quim Torra en mayo de 2018. 

La Ley de 22 de abril de 2003, del Estatuto de los expresidentes de la Generalitat, contempla la revocación de los derechos y prerrogativas de un expresidente por el Parlament de Cataluña en caso de condena penal firme, que no la ha habido en relación con Puigdemont.  El legislador de entonces, de haber previsto una situación como la que se ha producido, puede que hubiere dispuesto medidas cautelares de suspensión o limitación de los derechos y privilegios en supuestos, como el de un (ex)presidente que se expatria para no responder ante la justicia. No parece, pues, una licencia excesiva considerar a Puigdemont un señor particular. 

La diferencia entre las circunstancias de Tarradellas y las de Puigdemont es abismal. Si Puigdemont a su regreso invocara el “ja sóc aquí”, de manera implícita o expresa con las mismas palabras o con unas similares, sería un abuso de la memoria histórica, una estafa política y una parodia sin gracia de la figura de Tarradellas, la talla política del cual ultrapasa de largo la de Puigdemont. 

Quizás no se atreva a repetir aquella apelación de Tarradellas a la legitimidad, sintetizada en el “ja sóc aquí”, pero recurrirá a alguna forma de mistificación de su condición, porque vive políticamente de las emociones provocadas por las mistificaciones del procés, alimentadas por él continuamente. 

Sin estas emociones Puigdemont solo es un dirigente más de la pequeña derecha catalana, con menos consistencia que la representación en Cataluña del PP, la derecha conservadora grande, de esta conocemos el programa social y los “ajustes” que haría de las leyes sociales del Gobierno de España, de la posición de Puigdemont sobre cuestiones sociales básicas, no se sabe nada.

Nunca hemos oído a Puigdemont pronunciarse sobre la cuantía del salario medio interprofesional, una cuestión que interesa a millones de trabajadores, ni sobre el 21,1% de la población residente en Cataluña que en marzo de 2024 se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, más de 1.650.000 personas, a las cuales lo único que Puigdemont ofrece es la palabrería sobre el “Consejo de la República Catalana” “para acabar entre todos lo que aquel día (el 1-O) empezamos”. 

¿Incluye en este “entre todos” a esas 1.650.000 personas o a los 2.039.581 electores que en las autonómicas de 2021 no votaron a JxCat, el partido de Puigdemont? Las respuestas ayudarían a acotar la legitimación popular, que no jurídica o política, de Puigdemont en la perspectiva de su regreso a España.