Primero justicia, luego perdón

Desde la misma noche del 23 J, con los resultados electorales sobre la mesa, se empezó a especular con la posibilidad de una Ley de amnistía, para que los partidos independentistas votasen favorablemente la investidura de Pedro Sánchez. Luego, tras el fracaso de Alberto Núñez Feijóo para ser investido, lo que empezó como una simple hipótesis ha ido tomando carta de naturaleza.

Como no podía ser de otro modo, los medios de comunicación han puesto el foco en la cuestión y no dejan de publicar artículos, columnas y editoriales a favor o en contra de esa posible medida de gracia. Asimismo, una pléyade de expertos jurídicos, en las últimas semanas, se está pronunciado sobre si esa iniciativa será o no constitucional y, claro, ahí las opiniones están divididas 

Ante esta situación, entiendo que Pedro Sánchez y su equipo estén haciendo lo posible para que la legislatura no descarrile antes de comenzar y tengamos un gobierno de progreso en los próximos cuatro años. 

No obstante, ya estamos viendo que la actitud de los partidos secesionistas tiene muy poco de colaborativa. Gabriel Rufián ya ha dicho que “los votos de ERC hay que sudarlos, que no están por un pacto de legislatura y ni siquiera se comprometen a dar soporte a los próximos presupuestos”. Por su parte, Miriam Noguera, portavoz de Junts, bastante más lacónica, anunció que: “estamos lejos de apoyar a Sánchez si hace lo mismo que hasta ahora” (?). Quizás es que esperan que el Gobierno central ponga un coche descapotable para que Puigdemont entre por la Diagonal repartiendo caramelos y esté todo preparado en la plaza de Sant Jaume para que entre bajo palio en el Palau de la Generalitat.

Tal vez aprobar una Ley de amnistía le dará la presidencia a Pedro Sánchez.  Ahora bien, ¿a qué precio? ¿Y por cuánto tiempo? Vista la catadura política de algunos socios, nada garantiza que esa iniciativa dé estabilidad a la legislatura. Lo más probable es que otros partidos se apunten al carro y suban el precio de sus votos cada vez que tengan que dar soporte a una propuesta legislativa del Gobierno.    

Pero más allá de eso, que algunos pueden calificar de tacticismo, en esta ocasión, conceder una amnistía a unos personajes, sin que estos asuman sus responsabilidades, y sin que digan de forma clara y contundente que renuncian, sin paliativos, a la unilateralidad y la ilegalidad para defender sus ideas políticas sería una anomalía democrática y, muy probablemente, también, jurídica. Por otra parte, supondría un grave menosprecio hacia aquellos ciudadanos que soportaron con estoicidad las tropelías cometidas en el Parlament, los días 6 y 7 de septiembre de 2017, con la aprobación de unas estrambóticas “leyes de desconexión” a la vez que se derogaban la Constitución y el Estatut y, por consiguiente, se conculcaban derechos.

Por no mencionar el patético espectáculo del 20 de septiembre, del mismo año, cuando una turba que había sido convocada por las redes sociales acosó, durante casi 18 horas, a una comitiva judicial que fue mandatada para registrar unas dependencias de la consejería de Economía y Finanzas, entonces en la Rambla de Cataluña.  Todo ello, al más puro estilo del Far west, con individuos subidos a los coches de la Guardia Civil como en las mejores películas de policías y ladrones. 

Pero el día culminante, de toda aquella mascarada, fue el 1 de octubre, que es cuando habían convocado el referéndum ilegal e ilegítimo. ¿Con qué cara se quedaron aquellos que estaban por la legalidad? Por no hablar del día 3 que convocaron una huelga de país (?), y luego, el 27 del mismo mes, la declaración unilateral de independencia. Aunque tampoco deberíamos olvidar los tiempos álgidos del procés. Cuando los ciudadanos que estaban por la legalidad no se callaron y dijeron, por activa o por pasiva, que aquello era un atropello y esa actitud les hizo perder relaciones, amigos e incluso, en algunos casos, sufrieron hostigamiento psíquico y/o físico. Por si alguien lo ha olvidado, la mayoría de los lugares públicos y estamentos oficiales estaban engalanados con esteladas, lazos amarillos y/o pancartas de “Llibertat presos polítics” o similares y, si se tenía que acudir allí, había que tragar “normalidad”.

Pues bien, todo eso tiene responsables con nombres y apellidos que, hasta el momento, han sido incapaces de admitir errores o de pedir perdón. Más bien al contrario: no se resignan; y ante esa situación, ¿de verdad alguien piensa que hemos de pasar página y qué todas esas trapacerías queden impunes?

Como dice una buena amiga y veterana socialista: “estos que ahora piden ser amnistiados, son los que nos decían que o eras indepe o eras facha”. Con esta situación como paisaje de fondo, lo más lógico, en mi opinión, sería que los Tribunales hiciesen su trabajo y más tarde el Gobierno pusiera en marcha los indultos que considerase adecuados, como sucedió en 2021. O sea, primero, justicia y luego perdón.

Y si los procesistas no están de acuerdo, no pasa nada, iremos a nuevas elecciones. Entonces, es posible que tengan que negociar con Feijóo y Abascal: llegado el caso, veremos en que quedarían cuestiones tan sensibles para algunos como hablar catalán en el Congreso o tener grupos parlamentarios propios sin haber alcanzado los mínimos exigidos en el reglamento de la Cámara. Además de otras cuestiones de mucho más calado. 

Ciertamente, sería una lástima echar por la borda cosas que han costado tanto conseguir, pero hay situaciones que no dan para más. Y la que estamos viviendo es una de ellas.