La pelota en el tejado independentista

Una vez hecha la preceptiva ronda de consultas, Felipe VI ha encargado a Pedro Sánchez que intente ser investido. Ahora, le corresponde al secretario general del PSOE empezar, de manera formal, las negociaciones para lograr la confianza del Congreso de los diputados. 

Sin embargo, parece que los independentistas tienen prisa y ganas por airear este asunto y han demostrado, a lo largo de las últimas semanas, incontinencia verbal, primero, y una actitud de chulería tabernaria después. Además, son tan obtusos que, ni el 29 de septiembre, cuando se podía visualizar mediáticamente el fracaso de Feijóo, fueron capaces de estar quietos y callados. Al contrario, en el marco del Debate de Política General, celebrado en el Parlament, aprobaron una resolución en la que se exige a un futuro gobierno de Sánchez que se “comprometa a trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración del referéndum de autodeterminación para apoyar la investidura de Pedro Sánchez”. 

En un principio, parecía que el nudo gordiano de esas negociaciones iba a ser la amnistía a todos los implicados en el proceso independentista catalán. Si había acuerdo, Pedro Sánchez sería investido presidente. Pero si no había olvido y perdón por los presuntos delitos cometidos en el procés, con toda probabilidad, a mediados de enero, tendríamos que volver a las urnas.

En algunos círculos políticos dan por hecha la amnistía. Está por ver si es así y cuál es su alcance. La cuestión es que la amnistía tiene efectos retroactivos y, entre otros, extingue toda responsabilidad penal o civil y anula los antecedentes penales. Por ese mismo motivo es general, y actúa sobre todos los que cometieron ese delito, y no sobre individuos concretos. Además, suele suponer un nuevo planteamiento sobre la conveniencia de prohibir o sancionar una conducta. Por esa razón, las leyes o actos de amnistía son más frecuentes en momentos de fuertes cambios sociales o de regímenes políticos y conlleva asociado el perdón de los posibles presos políticos. Me parece ocioso señalar que en España no se da ninguno de esos supuestos. 

Ante la hipótesis de que se apruebe una ley de amnistía, es necesario que se nos diga en que situación moral y política quedarán aquellos que antes, durante y después del aciago otoño de 2017 estuvieron a favor de la legalidad y en contra de que se conculcasen derechos a la ciudadanía.

Con todo, siendo esa desconsideración muy grave, eso no sería lo peor. Lo peor, sería que, si se cede ahora en demasía para lograr la investidura de Sánchez, con la aritmética parlamentaria salida del 23 J se abrirá la temporada de caza en el Congreso y lograr votos, para sacar adelante cualquier iniciativa, se pondrá por las nubes y en política no todo vale. 

Lo he dicho y escrito en varias ocasiones y lo seguiré haciendo hasta que los secesionistas lo interioricen: en noviembre de 2020, los representantes, de los casi 450 millones de ciudadanos de los 27 estados miembros de la UE, legítimamente escogidos, aprobaron una resolución según la cual la autodeterminación, o sea, la independencia no tiene cabida en el ámbito comunitario.  

Asimismo, para el derecho internacional el ejercicio del derecho de autodeterminación aparece vinculado a situaciones de dominación colonial y de vulneración sistemática de los derechos de la población sometida. Únicamente en tal contexto represivo, las resoluciones internacionales legitiman su uso y se reconoce su legitimidad. Así pues, en el marco de un Estado democrático y de derecho como el español, en el que se respetan los estándares de libertades y derechos establecidos a nivel internacional, el derecho de autodeterminación no cuenta con el amparo de dicho ámbito. Sin embargo, nuestros independentistas no se sienten concernidos.

De todas formas, soy de la opinión que hay que dejar que las personas y los grupos exploren, dentro de la legalidad, sin cortapisas los caminos que consideren oportunos. Por eso, sin tan convencidos están los independentistas de la bondad de su proyecto, lo que tienen que hacer es presentar una propuesta de revisión constitucional ante el Congreso de los diputados. Nuestra Constitución permite, a diferencia de otros ordenamientos, activar procesos para alterar cualquiera de sus preceptos, incluidos los relativos a la soberanía y a la unidad e indivisibilidad de España. Que dichas iniciativas prosperen y lleguen a aprobarse dependerá, pues, de un complejo, aunque plausible, proceso de comprobación constitucional, cuyo punto final debe ser, necesariamente, la ratificación por parte de toda la ciudadanía mediante referéndum.

En cualquier caso, esas iniciativas políticas, que pueden ser muy dignas y respetables, serían a futuro. En estos momentos, el reloj institucional está en marcha. Urge, pues, sentarse a dialogar, pero las cuestiones que desborden el marco constitucional no deberían ni estar sobre la mesa. Ahora, podemos seguir avanzando en conquistas sociales, progreso y bienestar económico. O podemos volver a las urnas con el riesgo de que la derecha de un sorpaso y, si eso ocurre, en la próxima legislatura ni se hablaría catalán, ni euskera, ni vasco, ni gallego en el Congreso, ni el gobierno saliente movería un dedo para que esas lenguas sean oficiales en Europa, más bien todo lo contrario. Y, desde luego, flexibilizar el reglamento para que los secesionistas catalanes tengan grupos parlamentarios propios, nada de nada.

Estamos viviendo una etapa de excepcionalidad en la el independentismo tiene la llave de la gobernabilidad y, en consecuencia, la pelota de la negociación está en su tejado. Es una buena ocasión para que cada cual demuestre su inteligencia política.