Una nueva crisis institucional amenaza Francia

En noviembre del 2006, en un fantástico artículo publicado en La Vanguardia, el sociólogo Mario Gaviria, discípulo de Henri Lefebvre y profesor de Sociología Urbana en Los Ángeles y en Pensilvania, ya avanzó que Francia tenía un grave problema de soberanía sobre una parte del su territorio nacional, a consecuencia de la voluntad cada vez menos disimulada del islamismo radical, de excluir de los territorios más islamizados de las banlieues que rodean París y otras grandes ciudades francesas (Lyon, Marsella), cualquier símbolo que pudiera identificarse con la República francesa.

Esto explicaría que detrás de los estallidos de violencia extrema vividos en las banlieues a finales de junio de este año, estaría la pretensión enterrada del islamismo radical de hacer desaparecer el Estado de estos territorios, lo que explicaría el hecho paradójico que incluso, edificios y establecimientos públicos a su servicio, tales como hospitales, bibliotecas, escuelas, parques de bomberos, etc., fueran objeto de la furia desatada de masas enfervorizadas de jóvenes musulmanes encolerizados que en noches de violencia extrema, arrasaran con todo lo que encontraban por delante, incluidos saqueos en supermercados y tiendas, ataques directos a alcaldes y otros cargos electos y asaltos a comisarías con robo de armas de fuego.

En este sentido, la izquierda en Francia viene manteniendo desde hace bastante tiempo que intentar explicar estos episodios de violencia extrema de acuerdo con el fracaso escolar, el paro o la discriminación, o el hecho de que esos miles de jóvenes musulmanes que participaron en las revueltas de junio, de los cuales un 30% eran menores de edad, se sientan excluidos y menospreciados por las élites dirigentes, es quedarse en la superficie del problema, si no se tiene muy especialmente en cuenta el racismo enquistado dentro de la propia policía y la violencia y brutalidad de la respuesta de los cuerpos policiales desde hace unos años.

Sin embargo, aunque la izquierda pueda tener parte de razón, empieza a haber una importante corriente de opinión en Francia que observa con cierta preocupación el hecho de que la religión musulmana se ha convertido en el elemento identitario para excelencia, que comporta, entre otras cosas, que muchos de estos jóvenes no solo no se sientan franceses, sino que renieguen de los valores republicanos. Por eso se empieza a hablar también de estos barrios periféricos como "estados fallidos dentro del Estado francés".

Por si fuera poco, el islamismo no cesa estos últimos años de atacar el principio de igualdad de sexos, la reivindicación del velo o el respeto a sus prácticas alimentarias, así como el hecho de reclamar verdaderos derechos de excepción o inmunidades territoriales, que cuestionan decididamente la unidad, la integridad y los valores de la República.

Sin embargo, pasados estos importantes estallidos de violencia, y cuando todo apuntaba a que las consecuencias derivadas de las recientes revueltas de finales de junio en las banlieues que rodean París y otras grandes ciudades francesas se limitarían a un simple “recuento de daños”, que en esta ocasión han sido extremadamente cuantiosos, inesperadamente se ha abierto una nueva crisis institucional que comienza a adquirir dimensión nacional, y que afecta seriamente a las relaciones entre Policía y Administración de Justicia.

Efectivamente, la crisis entre ambas instituciones tiene su origen en la detención y posterior prisión provisional decretada por un policía de la Brigada Anticriminal de Marsella, sospechoso de extralimitarse en el uso de la fuerza y de ocasionar heridas graves a un joven durante las recientes curvas, que han provocado la protesta e indignación generalizada de todos los cuerpos policiales a lo largo del territorio del Estado.

La protesta ha adquirido tal dimensión que ha derivado en una huelga de servicios mínimos por parte de estos, incluso en las pequeñas comisarías del interior del país, consistiendo en no patrullar ni pisar la calle, salvo casos de urgencia (el llamado "código 562"), la negativa a tramitar las denuncias formuladas por los ciudadanos y otros trámites esenciales, y un aumento excepcional de bajas médicas por ansiedad crónica. Hace tiempo que la policía está sujeta a situaciones de estrés máximo, tras las revueltas de los “gillettes amarillos”, de trabajadores y sindicatos por el aumento de la edad de jubilación o las continuas revueltas en las banlieues, a lo que habría que añadir la lucha contra el yihadismo o el crimen organizado.

A la espera de que en los próximos días se sume a este movimiento la policía judicial en pleno, la cuestión se ha agravado además por la posición adoptada por el director general de la Policía Nacional, Frédèric Veaux, a raíz de unas declaraciones hechas el pasado domingo a Le Parisien, que no solo se limitó a apoyar a estos cuerpos policiales, sino que afirmó que ante un eventual proceso, un policía no puede ser encarcelado, aunque sea provisionalmente, incluso en el caso de que haya cometido faltas o errores graves en el desarrollo de sus funciones, añadiendo en último término que la situación de este policía le impedía dormir.

Dichas declaraciones, que contaron posteriormente con el apoyo del Prefecto de la ciudad de París, Laurent Núñez, añadiendo más leña al fuego, provocaron una respuesta especialmente dura por parte de la izquierda francesa (que hablaba incluso de sedición), de Colegios de abogados, que salieron en defensa del estado de derecho, pero muy especialmente de la Magistratura y de todas las asociaciones profesionales de jueces y magistrados, condenando durísimamente estas declaraciones.

La judicatura habla de presiones inadmisibles de los máximos mandos de los cuerpos de policía hacia las autoridades judiciales, que atentan gravemente contra la independencia judicial, la separación de poderes y la igualdad ante la ley. De hecho, lo que está detrás es la pretensión de la policía no tanto de disponer de espacios de actuación exentos del control judicial en situaciones excepcionales como las vividas a finales de junio, sino que la judicatura afloje la presión sobre unos cuerpos policiales bastante castigados, que como hemos dicho, llevan años sometidos a unas situaciones de estrés máximo y que han dado lugar a un aumento importante del número de suicidios entre sus miembros.

Veremos cómo se desarrolla esta nueva crisis, que obligó incluso a Emmanuel Macron a intervenir en la misma mientras se encontraba en Nueva Caledonia, pero lo cierto es que el descontento de los cuerpos policiales no deja de aumentar en toda Francia mientras va subiendo de intensidad.