No defienden el impuesto de sucesiones, defienden su bolsillo

El debate sobre el impuesto a la muerte, conocido también como el impuesto de sucesiones, ha vuelto a irrumpir en el panorama político catalán. Lo ha hecho por el oportunismo de Junts de exigir, ahora que se acercan las elecciones catalanas, su supresión para aprobar el presupuesto del 2024 del Govern. 

El mismo partido que tuvo la indecencia de subir este impuesto en plena pandemia y, por lo tanto, en plena oleada de muertes, ahora ve fatal esto de saquear a las familias que reciben una herencia. Lo han hecho, además, de la peor forma posible: poniendo un ejemplo del cual muy pocos pueden sentirse reflejados. “¿Qué tendría que pagar una persona de 30 años sin hijos que hereda 800.000 euros de los padres? 44.569 euros”, afirmaban.

Junts se equivoca. Porque el principal problema del impuesto de sucesiones no es pagar lo que sea para heredar cualquier cantidad en efectivo. El problema es cuando heredas un bien material valorado en X y que, para recibirlo, muchas veces los herederos se ven empujados a renunciar o a pedir un préstamo para poder heredarlo. Más allá de esto, lo curioso ha sido ver cómo la progresía subvencionada ha saltado rápidamente a defender este impuesto a la muerte.

La mayoría de los que han alzado su voz al respecto tienen algo en común: que directa o indirectamente viven del erario público. Solo por poner tres ejemplos, tenemos al excantante (por decir algo) Pau Llonch, que “trabaja” haciendo talleres subvencionados sobre música en escuelas e institutos; a Xavier Fina, que tiene una consultora para asesorar a administraciones en el ámbito de la cultura; o el caso más descarado: Ismael Peña López, un alto cargo de la Generalitat que mientras cobra más de 85.000 euros anuales, tira de demagogia para defender el saqueo de sucesiones.

Hay otros, evidentemente, pero casi siempre comparten algo: un sueldo público, vivir de subvenciones o tener el carné de partidos determinados. Todos ellos utilizan el mismo recurso: un falso chantaje emocional. Oh, es que los hospitales. Oh, es que las escuelas. Alguno incluso tenía la cara dura de aprovechar el incendio de Valencia para recordar que el sueldo de los bomberos se paga con impuestos.

Entiendo que ya es habitual en la política tratar a los votantes como auténticos idiotas. Al fin y al cabo les ha funcionado en muchas ocasiones. Sin embargo, hay momentos en que la gente dice basta. Y tratar de justificar un impuesto como el de sucesiones con la excusa de los hospitales y las escuelas empieza a no colar. 

Porque la gente va al médico y ve el desastre que es. O lleva a los hijos a la escuela y ve que el nivel educativo es tremendamente bajo. O quiere ir tranquila por la calle y no puede aunque los gobernantes le digan que no hay un problema de inseguridad. Pero mientras, que no falten los chiringuitos de siempre y los de recién creación. 

La población ya sabe que los impuestos sirven para pagar los servicios públicos. El problema es que la realidad es la que es: cada vez se pagan más impuestos, cada vez los servicios públicos son peores y cada vez hay más listillos viviendo de dinero público. Lo que no hay forma de bajar es la pobreza. Y eso que el impuesto de sucesiones, dicen, sirve para redistribuir la riqueza. Claro. Para lo que sirve es para que algunos sigan teniendo un sueldo calentito mientras Cataluña va camino al abismo.