Militares y masones
La masonería tenía un carácter político y quedaba demostrado por los movimientos revolucionarios del siglo XIX
Viernes 15 de febrero de 1935, las cortes republicanas están reunidas en sesión, en el orden del día figura una proposición no de ley defendida por el diputado andaluz, Dionisio Cano López. La firman, además del nombrado, varios diputados de las derechas. Entre ellos, el escritor Pedro Sainz Rodríguez, Fernando Suárez de Tangil, que había sido ministro durante la dictadura de Primo de Rivera; Ramiro de Maeztu, un hombre de la generación del 98; José María Fernández Ladreda, comandante de Artillería que había sido alcalde de Oviedo durante la dictadura; la diputada Francisca Bohigas, de la CEDA, y otra veintena de parlamentarios.
Dionisio Cano pidió votación nominal porque sabía que traía un tema cargado de controversia. La masonería había constituido uno de los puntos más trascendentales de la campaña electoral de los partidos de derechas. Incluso, el Partido Agrario y los tradicionalistas preconizaron su lucha contra el marxismo y la masonería en sus mítines. Pero lo que Cano planteaba ese día iba mucho más allá de la organización internacional secreta, así como los votos y obediencias que implicaba la filiación a la misma.
Era debate habitual cuestionar la intervención de los militares en la política, algo que había sido tradicional en España desde la llegada del liberalismo. Durante la República, varios diputados a Cortes vestían uniforme. Los generales Cabanellas, en el Partido Republicano Radical, o Fanjul en el Partido Agrario, fueron ejemplo de ello. Sin embargo, todo estaba bajo una profunda revisión y para intervenir directamente en la vida política debían renunciar a su posición militar mientras la legislatura estuviera en vigor.
Según Cano, la masonería tenía un carácter político y quedaba demostrado por los movimientos revolucionarios del siglo XIX en España. En su alegato contra las logias, el diputado recordó la influencia de estas en la huelga general revolucionaria de 1917.
En 1931, según el “Boletín Oficial de la Logia de la Masonería” del primer semestre de ese año, aparecía lo siguiente: "No es un secreto que la francmasonería domina poco menos que en su totalidad en el Gobierno provisional como en los altos cargos". La referencia, evidentemente, es al Gobierno Provisional de la República que se hizo con el poder en abril de 1931. De hecho, seis de los ministros eran masones, además de una veintena de altos funcionarios y 120 diputados de las primeras Cortes Constituyentes. La masonería era muy importante en la Segunda República.
La tesis de Cano no era tanto hacer una crítica a la masonería, tan profundamente instaurada en las propias Cortes Españolas y con menos connotaciones negativas de las que sufriría en el futuro. Su objetivo era presentar a esta como un ente completamente relacionado con la política y que, por consiguiente, no debería albergar entre sus filas a militares en activo, ya que la pertenencia a la masonería implicaba una obediencia a una organización extranjera.
Tras una larga exposición en la que se detallaba el funcionamiento interno de las logias y las implicaciones de ello para los miembros de las mismas, el diputado Dionisio Cano fue más allá y nombró uno a uno a todos los militares masones por orden de empleo:
De los 21 generales de división en activo en 1935, 9 eran masones, lo que conforma el 42,85% de la cúpula militar, ya que durante la República no existía el empleo de teniente general que había quedado a extinguir, y tan solo quedaban tres de ellos en activo con misiones más representativas que reales. Los generales masones eran:
- Eduardo López de Ochoa. Republicano, que había conspirado contra la Dictadura de Primo de Rivera. Facilitó el advenimiento de la República en Barcelona, ocupando el palacio de la Capitanía General. En 1934, sofocó la rebelión en Asturias y fue condecorado con la Cruz Laureada por ello. En marzo de 1936, tras la victoria del Frente Popular, fue procesado por posibles responsabilidades durante la represión llevada a cabo en 1934, precisamente por los mismos hechos por los que había recibido, de manos de Alcalá Zamora, la más alta condecoración del Ejército Español. Tras iniciarse la Guerra Civil se encontraba en calidad de detenido en el Hospital Militar de Carabanchel, fue sacado por milicianos que lo asesinaron en las proximidades, desmembrando su cuerpo y paseando su cabeza por el pueblo, clavada en un cuchillo bayoneta.
- Miguel Cabanellas. Republicano, también conspiró contra la dictadura de Primo de Rivera, fue diputado por el Partido Republicano Radical en 1933, posteriormente fue nombrado Director General de la Guardia Civil y tras ello, jefe de la V División Orgánica. En julio de 1936, fue el único jefe de una División peninsular en sublevarse contra el Gobierno. Murió en 1938.
- Agustín Gómez Morato. Mandó varias divisiones orgánicas y en julio de 1936 era el jefe del Ejército de África. No quiso sumarse a la sublevación, por lo que fue detenido y condenado a doce años de prisión que no cumplió.
- José Riquelme y López-Bago. Republicano africanista desde que salió de la Academia, fue uno de los primeros oficiales españoles en implicarse en asuntos indígenas, conociendo a la perfección la lengua árabe. Su vida estuvo muy ligada a Melilla. Llegando a mandar, como coronel, el Regimiento Ceriñola número 42. Siendo general, participó en el intento de golpe contra la dictadura de Primo de Rivera de 1926, conocido como la Sanjuanada. Durante la Guerra Civil permaneció fiel al Gobierno, mandando la División Orgánica de Madrid en los primeros compases, quedando relegado a puestos de menor importancia durante gran parte de la contienda. Se exilió a Francia tras el fin de la Guerra.
- Miguel Núñez de Prado. Republicano. Militar africanista de considerable prestigio, mandó el Grupo de Regulares de Melilla durante varios años. Fue Gobernador de Guinea Ecuatorial, desde donde conspiró contra la dictadura del general Primo de Rivera. En julio de 1936 era director de la Aeronáutica Militar y fue nombrado, tras la sublevación, jefe de la 2ª Inspección del Ejército, por lo que fue enviado a Zaragoza sin saber que su amigo, el general Miguel Cabanellas, se había sublevado. Fue detenido y, probablemente, llevado a Pamplona y fusilado.
- José Sánchez Ocaña y Beltrán. Ocupó varios puestos de responsabilidad hasta llegar a ser el Jefe del Estado Mayor Central, sustituyendo a Franco en febrero de 1936. El 19 de julio fue cesado cuando Casares Quiroga dejó de ser presidente y ministro de la Guerra. Se refugió en la Embajada de Bolivia hasta la toma de Madrid en 1939.
- Gómez Caminero. Republicano, participó en conspiraciones contra la monarquía siendo coronel. Mandó varias divisiones orgánicas. En 1936, tras inspeccionar la Brigada Navarra, alertó al Gobierno de que se estaba preparando una sublevación y que había que cesar al general Mola inmediatamente. Sin embargo, no fue escuchado. Tras el intento fallido de Madrid, formó parte del Tribunal que condenó a muerte al general Fanjul. Murió antes de la finalización de la Guerra Civil.
- Villa-Abrille. Africanista, republicano y conspirador contra la Dictadura de Primo de Rivera. Mandaba la Segunda División Orgánica de sede en Sevilla. Queipo de Llano usurpó su puesto en 18 de julio de 1936, quedando en calidad de detenido. Cumplió seis años de prisión antes de morir en 1946.
- Nicolás Molero Lobo. Fue ministro de la Guerra con Portela Valladares, antes de las elecciones de febrero de 1936, sustituyendo a Gil Robles y con Franco como su Jefe del Estado Mayor Central. Tras ello pasó a mandar la Séptima División Orgánica, con Cuartel General en Valladolid. Fue detenido en su despacho por el general Saliquet que se había unido a los sublevados, durante el proceso se produjo un tiroteo y Molero resultó herido. Fue condenado a 12 años de prisión, aunque en 1940 se le concedió la libertad provisional, muriendo en Barcelona años más tarde.
El diputado, que manifestó estar seguro de estos nueve y tener sospecha de otros dos a los que no nombró por falta de certeza, continuó con los generales de brigada. Los dos que no quiso nombrar eran Gonzalo Queipo de Llano y Domingo Batet.
Por falta de espacio en este artículo, les propongo que la semana que viene continuemos con los generales de Brigada y, juntos, desmontemos el mito de un grupo compacto y cohesionado de militares africanistas que se sublevaron como uno solo contra la Segunda República.
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