Luz OFF, Sánchez ON

No soy experto en el funcionamiento del sistema eléctrico español. Quiero empezar este artículo dejándolo claro. Lo advierto porque, al parecer, en este país cualquier titular polémico con cierta relevancia en el ámbito político convierte a periodistas y políticos de toda índole en oráculos multidisciplinares. Los mismos que ayer confundían un voltio con un vatio hoy disertan sobre tarifas dinámicas con la solemnidad de todo un Nobel de Física. En este sentido, lo grave no es que un ciudadano cualquiera —como quien escribe— ignore los entresijos de la red eléctrica española. Lo verdaderamente alarmante es que quienes deberían entenderla improvisen soluciones y señalen culpables entre titulares y tuits.

El lunes pasado, mientras el suministro eléctrico jugaba al escondite con todo el país y parte de Europa, me quedé sin luz. Doce horas. Un lapso de tiempo más que suficiente para adquirir consciencia sobre dos axiomas a los que no había prestado atención: el primero, que la batería del móvil es más efímera que las promesas electorales; el segundo, que la oscuridad no solo apaga las bombillas, sino que también enciende pensamientos que algunos llevan tiempo evitando. Precisamente de eso vengo a hablar: de promesas insatisfechas, de discursos huecos y de una gestión política que, una vez más, se mostró incapaz de anticipar y de hacer frente de manera adecuada a lo que aconteció.

Se nos había dicho por activa y por pasiva que era impensable que en España ocurriera lo que algunos denominan blackout, que no es otra cosa que la pérdida del suministro de energía eléctrica en un área determinada. Sin ir más lejos, corría el año 2022 cuando el presidente del Gobierno se burlaba en el Senado ante Feijóo, aduciendo que nunca iba a tener lugar en España un apagón “ni ninguna de esas escenas apocalípticas que evocan la derecha y los medios que la jalean”. Pues bien, como suele ocurrir la mayoría de las veces en que Sánchez y su Gobierno afirman algo categóricamente, el tiempo ha demostrado que, o bien, no tenían ni idea de lo que hablaban, o simplemente mentían sin disimulo alguno. 

Eso es exactamente lo que ha vuelto a hacer el presidente Sánchez: apresurarse a señalar a los que él denomina de manera espuria operadores “privados”, sin siquiera conocer (o eso afirma) la verdadera causa que originó la caída súbita de la red eléctrica durante largas horas. Antes de continuar, conviene recordar que en España el sector energético está sujeto a una intensa regulación legal que, entre otras cosas, coloca a la empresa Red Eléctrica Española (REE) como transportista y operador único del sistema eléctrico, haciéndola responsable de garantizar un suministro continuo y de calidad a todo el país. 

Por tanto, la pregunta lógica que cabe hacerse es si REE es una empresa pública o privada. Yo me limitaré a ofrecer una serie de datos al respecto para que ustedes saquen sus propias conclusiones. En primer lugar, deben saber que dicha empresa está participada en un 20% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), un organismo estatal que actúa —según su propia definición— como “instrumento estratégico en la aplicación de la política diseñada por el Gobierno para el sector público empresarial”. 

Ese 20% no es casual. La normativa vigente —en concreto, la disposición adicional vigesimotercera de la Ley del Sector Eléctrico— obliga a que la SEPI mantenga como mínimo un 10% del capital de Red Eléctrica Corporación S.A., la sociedad matriz del operador del sistema eléctrico. Además, la ley impone fuertes limitaciones al resto de accionistas: quienes tengan relación directa o indirecta con el sector eléctrico no pueden ejercer más de un 1% de los derechos políticos; quienes no tengan dicha relación tampoco pueden superar el 3%, incluso si poseen hasta un 5% del capital —el máximo permitido por ley para cualquier accionista individual—. El objetivo parece claro: garantizar que el operador eléctrico nacional actúe con independencia frente a intereses privados y bajo una supervisión pública efectiva. Al menos, sobre el papel.

Lo curioso es que con un marco legal tan claro, el Gobierno parece más interesado en buscar chivos expiatorios que en asumir su propia responsabilidad. Si Red Eléctrica falla, no solo falla una empresa, sino también el modelo de gobernanza que ellos mismos han diseñado —y del cual son corresponsables—, máxime cuando el presidente de REE es nombrado con el visto bueno del Gobierno. Para muestra, un botón: Beatriz Corredor, exministra del PSOE y actual presidenta de la empresa —cuyo Consejo de Administración está compuesto por hasta 6 ex altos cargos del PSOE—, es una persona que carece de formación técnica en energía, sin embargo, ello no ha impedido que ocupe un puesto clave por el que percibe cerca de medio millón de euros anuales. Además, desde el apagón, su única contribución ha sido aclarar que no piensa dimitir —algo comprensible, aunque poco tranquilizador—.

A este respecto, si el sistema está diseñado para evitar que ningún interés privado domine el mercado, ¿cómo es posible que nadie asuma responsabilidades cuando el país entero se quedó a oscuras? ¿Dónde están la prevención, la transparencia y, sobre todo, la rendición de cuentas de quienes diseñaron y avalaron este modelo? La respuesta es evidente: sepultada bajo la misma retórica vacía que convierte cada crisis en un ejercicio de escapismo gubernamental. 

En definitiva, todo parece indicar que cuando Sánchez exige responsabilidades apresuradas y grandilocuentes contra operadores “privados”, lo que en realidad hace es señalar un espejo. Porque en ese sistema, con esos equilibrios y con esa supervisión legal, el Estado no es un espectador inocente, sino un actor central. Y si el actor principal no sabe lo que ocurre en su propia obra, el problema no es el guion, sino el director. Por todo ello, y a la vista de las explicaciones ofrecidas, parece evidente la intención del Gobierno de ponerse la venda antes de que se produzca la herida. Nada sorprendente, por otra parte, viniendo de un Ejecutivo que ha convertido el engaño en política de Estado y la impunidad en su único programa.