Los mitos y el fusilamiento de Companys

El 15 de octubre de 1940, tras ser detenido por la Gestapo durante su exilio en Francia, Lluis Companys, el presidente de la Generalidad de Cataluña durante la Guerra Civil, fue fusilado en los fosos del Castillo de Montjuic tras un Consejo de Guerra que apenas duró unas horas. 

Su ejecución fue el inicio de la creación de un mito que ha llegado hasta nuestros días. Por un lado, los que sostienen que fue un asesinato a un presidente elegido democráticamente, convirtiendo al personaje en la más excelsa víctima de la represión franquista. Huelga decir que la repetición constante de esta idea alimenta el mitologema del “España contra Cataluña”, a pesar de que la mayoría de los implicados en el proceso judicial fueran, precisamente, catalanes. Lluis Companys está presente en cada pueblo, plaza e, incluso, el Estadio Olímpico Barcelonés lleva su nombre. 

Por otra parte, se genera la reacción de quienes, contrarios a la mitificación de los primeros, sostienen que el individuo en cuestión fue el mayor responsable de la atroz represión que se llevó a cabo en Cataluña durante los años de la Guerra, especialmente entre julio de 1936 y mayo de 1937, que además cobraba mordidas por facilitar salvoconductos a adinerados burgueses que tenían como única opción la huida ante la seria posibilidad de ser asesinados, que preparó su exilio llevándose joyas y riquezas afanadas durante los tres años de Guerra. Este grupo sostiene, por tanto, que su proceso y ejecución están más que justificados.

No hay espacio en este rincón para una explicación extensa de la biografía de Lluis Companys, un hombre que venía del republicanismo de izquierda y que era más republicano que nacionalista, aunque, como en otros muchos casos, fue radicalizando esta característica al final de su vida.

La represión en Cataluña durante la Guerra Civil y la posguerra

Existen hechos incontestables que deben citarse antes de sumergirse en el proceso a Companys. La represión en la Cataluña republicana fue una de las más duras de las llevadas a cabo en la retaguardia gubernamental. Las cifras son equivalentes a las de Madrid, con la salvedad de que el Gobierno de la Generalidad permaneció en el poder de forma presencial en la Ciudad Condal desde el primer día hasta la caída de Barcelona.

8.352 personas fueron represaliadas en la Región Autónoma catalana desde el 20 de julio de 1936. Por otra parte, tras la llegada de las tropas del Bando Nacional a las cuatro provincias, incluido el periodo de postguerra, fueron acusadas, condenadas y ejecutadas 3.688 almas.

Por cada represaliado por el Gobierno de Burgos, habían muerto en manos de milicias y fuerzas de orden público más del doble de militares, políticos, religiosos y seglares pertenecientes a todas las clases sociales.  El 17% de los que cayeron en la retaguardia republicana, lo hicieron en Cataluña. 

La entrega de armas a los sindicatos y partidos políticos, autorizada por el Gobierno Giral, fue secundada por la Generalidad catalana. Esto posibilitó la derrota de los sublevados en Barcelona, pero trajo como resultado la pérdida parcial del control del orden público que pasó a manos de las milicias y otros grupos paramilitares, incluidos los escamots de Estat Catalá que formaban parte de las JEREC.  

No se puede negar, no obstante, la responsabilidad de todo lo que estaba pasando a la propia Consejería de Seguridad. Cientos de documentos de la Comisaría General de Orden Público con el sello de la Generalidad demuestran la clara implicación de la estructura administrativa del Gobierno Catalán en colaboración con los Tribunales Populares. En ellos se puede leer una terminología propia de los partidos proletarios, muy similar a lo sucedido en Madrid durante las mismas fechas.  

El consejo de guerra

El Consejo de Guerra contra Companys fue, como todos los juicios de la Guerra Civil, incluido en el que fueron juzgados los militares que se sublevaron en Cataluña; una faena de aliño de apenas unas horas de duración.

Los testigos presentados no conocían personalmente al que había sido presidente de la Generalidad y sus referencias venían de las locuciones radiofónicas y la prensa. 

Companys declaró que, una vez sofocada la sublevación, las masas comenzaron “el proceso de la psicosis revolucionaria de infantilismo, ensayos, furores, misticismos y estigmas o lacras que acompañan siempre y se repiten con semejanza extraordinaria cuando estalla un gran cataclismo histórico; empezaban a desvalijar pisos, echando por los balcones los muebles. Se establecieron Comités y Juntas y empezó todo el mundo a ir armado por la calle sin que la autoridad tuviera medio alguno coactivo para impedirlo”. 

Respecto a su responsabilidad, alegó que suya fue la única voz que en los primeros momentos se dejó oír para condenar los desmanes. “Al empezar los paseos, como no podía impedir por la fuerza estos, pues los comités nombrados revolucionarios de milicias, obraban por su cuenta y con una fuerza armada de la que el Gobierno de Cataluña carecía. Actué repetidamente acerca de estos, sosteniendo varios altercados con ellos, en tanto que en mi propaganda dirigida al país condenaba estos hechos. Y gracias a esta actitud mía y del Gobierno de la Generalidad pudieron salvarse gran número de personas y bienes, de tal suerte que, las estadísticas demuestran que a pesar de la superioridad de su población, en Barcelona hubo menos víctimas y destrozos que en las demás grandes capitales”. 

Tras ello mencionó también sus desencuentros con el Gobierno de la República, sobre todo a partir de mayo de 1937. Precisamente, es a partir de esa fecha, cuando los paseos disminuyen drásticamente, produciéndose la mayor parte de las muertes en los primeros meses de la Guerra.

Lógicamente, en el juicio se exagera el número de víctimas mortales a manos de las Patrullas de Control, ascendiéndolas a 25.000. Hoy sabemos, tras el minucioso registro elaborado durante décadas, que fueron 8.352. 

Se le acusa también de haber huido a Francia con joyas y dinero sustraído por la Consejería de finanzas a las víctimas de la represión. 

Los testigos

El primero en declarar fue Carlos Trías, abogado barcelonés y tío del que fue alcalde de la Ciudad Condal. Trías acusó a Companys de intervenir en los asesinatos que se cometieron por la creación de las Patrullas de Control organizadas por la Generalidad. Según el letrado, las patrullas dependían directamente del Comité Antifascista y este de la Comisión de la Consejería de Defensa de la Generalidad. 

Otros le acusaron de haber formado parte activa en la creación de los Tribunales Populares, de integrar en el Cuerpo de los Mossos a individuos que formaban parte de las Patrullas de Control, en calidad de Mossos auxiliares. Lo cierto es que los declarantes, en octubre de 1940, tenían un marcado perfil ideológico.

Solo un testigo, el abogado José Tapies Mestres, que prestó servicios en la oficina de Relaciones Exteriores de la Generalidad, aun acusando a Companys de ser responsable de todo lo ocurrido por el puesto que ocupaba, sin embargo, declaró “tener el convencimiento personal de que los crímenes, saqueos y robos, si hubiese podido impedirlos, los hubiere evitado”.

Mitos y leyendas

Todo nacionalismo está basado en mitificaciones de la historia que realcen el sentimiento de orgullo de pertenencia a una patria común. Para ello hace falta identificar enemigos y, de ese modo, exaltar héroes que se enfrentan en clara desventaja a un tirano de fuerza muy superior y con motivaciones execrables. 

Viriato contra los malvados romanos, el Cid contra los pérfidos musulmanes, los héroes del dos de mayo o el Tamborilero del Bruc forman parte de sucesos históricos que alcanzan el grado de leyenda. 

Las cifras son incómodas y reflejan una realidad que ensombrece un tanto la subida a los máximos altares de cualquier figura que participara en la Guerra Civil y tuviera un mínimo de responsabilidad. Hubo quien realizó un notable y arriesgado esfuerzo por evitar la cainita actitud de unos y otros en ambas retaguardias, pero, desafortunadamente, fueron los menos. Unos por legítimo temor a su propia muerte o la de sus familiares, otros por dejarse llevar por la fiebre general de los quintacolumnistas por todas partes y muchos, llevados por la polarización y el odio alimentado interesadamente, miraron hacia otro lado. 

¿Qué responsabilidad hay por parte del Gobierno Republicano y el de la Generalidad Catalana de todos los desmanes y asesinatos ocurridos en las retaguardias? La decisión de entregar armas a las milicias y el control de estas en las grandes ciudades, derivó en un caos que costó casi 50.000 vidas, sin contar las que se perdieron en los frentes de batalla. Por el lado sublevado, las cifras ascienden a más del doble, teniendo en cuenta que los datos de Andalucía son desorbitadamente exagerados con respecto al resto. Esto se debe a la actitud muy individual de Gonzalo Queipo de Llano.

¿Debió Companys, incapaz de dominar a quienes cometían tales excesos, dimitir de su cargo?, si, como reconoce en el propio juicio, siendo el máximo dirigente de la Generalidad, conocía lo que estaba sucediendo ¿Por qué consintió que se produjeran miles de asesinatos? ¿Fue parte activa de la represión?

Dejando atrás la legitimidad de su presidencia, heredada tras la muerte de Macià en diciembre de 1933, y cesado por su detención y condena a Cadena Perpetua por su movimiento subversivo contra el Gobierno de la República en octubre de 1934. Fue, precisamente, una amnistía la que le devolvió el sillón del más alto mandatario de la, entonces, Región Autónoma. Sin volver a celebrar elecciones, hizo varios Gobiernos de concentración en los que participaron socialistas, anarquistas, comunistas del PSUC y marxistas del POUM. El primero de ellos, el 26 de septiembre de 1936. Los partidos mencionados tenían sus propias milicias que participaron en la dura represión. La Generalitat dirigía, además, el Comité Central de Milicias Antifascistas del que colgaban, entre otros estamentos, las mencionadas Patrullas de Control.

No seré yo quien juzgue la actitud personal de alguien que fue ejecutado hace 83 años. Uno puede intuir las motivaciones de su actuación, sus miedos y sus incapacidades. Expreso esto, por supuesto, desde la generosa hipótesis de la no implicación directa en los asesinatos. Lo que es innegable es que, a tenor de lo expuesto en este breve artículo y poniéndonos serios, algo de responsabilidad como presidente debía tener. 

Elevarlo a la categoría de excelso mártir laico de una guerra de España contra Cataluña que nunca existió, no deja de tener un gran componente de mirada histórica con unas gafas muy mal graduadas. Cuando se analiza el pasado hay que hacerlo en su conjunto y teniendo en cuenta una gran multiplicidad de factores. 

Asumiendo los datos con la equidistancia necesaria, creo que cada uno de ustedes puede sacar sus propias conclusiones, situar a Companys en el lado de los mártires, en el de los verdugos, o en el de los que no fueron capaces de detener la barbarie y continuaron por inercia al frente de sus carteras. 

Hasta la próxima historia digna de ser contada.