Lo que nos espera

La flamante presidenta del Congreso de los diputados, Francina Armengol, acordó con Alberto Núñez Feijóo que se sustancie su investidura los días 26 y 27 de septiembre. Así se da curso al encargo que le hizo el Rey Felipe VI al líder de los populares, tras la ronda de consultas con los cabezas de lista de los partidos más votados; a la vez que se pone en marcha el reloj institucional para que se constituya un nuevo gobierno, y si no es posible se celebren nuevas elecciones. 

A día de hoy, los números, para que Feijóo sea presidente, no dan; los populares están estancados en 172 escaños y con muy escasas posibilidades de sumar alguno más. El PNV se ha autodescartado, pero en la calle Génova no dan la batalla por perdida y dicen estar dispuestos a hablar con todas las fuerzas políticas, incluidos los independentistas, excepto Bildu. Curioso porque cuando lo hace el PSOE, entonces son unos golpistas, pero si lo hace el PP son partidos constitucionales dentro de la legalidad.

De todas formas, los de Feijóo no descartan tocar a los diputados socialistas más críticos para ver si logran un tamayazo, como le hicieron en 2003 a Rafael Simancas, consiguiendo así la presidencia de la comunidad madrileña para Esperanza Aguirre. Ante estos planteamientos resulta difícil encontrar a alguien que sea moral y políticamente más mezquino.

En cualquier caso, si, como parece, la investidura de Feijóo resulta fallida, el jefe del Estado deberá hacer otra rueda de consultas, y entonces lo más lógico será que encargue al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que intente ser investido. 

Si esa posibilidad llega a darse, considero que antes de empezar a negociar con otras formaciones políticas, la dirección del PSOE debería, si no lo ha hecho ya, decidir qué precio están dispuestos los socialistas a pagar para gobernar. Existen determinadas líneas rojas que no se deben traspasar. 

Ojalá me equivoque, pero si Sánchez logra ser investido presidente del Gobierno, la próxima legislatura va a ser un auténtico calvario. Es una anomalía democrática que un huido de la justicia, como Carles Puigdemont, tenga la llave de la gobernabilidad de España. En esas circunstancias, aprobar cualquier iniciativa parlamentaria, por intrascendente que sea, le puede suponer al Ejecutivo un suplico; no quiero pensar lo que pudiera llegar a ser aprobar, por ejemplo, la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Junts per Catalunya ha optado por el todo o nada y con esa radicalidad está arrastrando a Esquerra Republicana de Catalunya a planteamientos maximalistas para no perder pie ante su parroquia, aunque eso les suponga alejarse de la centralidad política. Es evidente que el independentismo catalán cada vez se encuentre más lejos del pragmatismo de partidos como el PNV e, incluso, EH-Billdu. No es casual que la portavoz en el Congreso de ese partido, Mertxe Aizpurúa, haya dicho en una reciente entrevista que, “utilizaremos nuestra fuerza para defender los derechos de la mayoría social trabajadora. La negociación para celebrar un referéndum de independencia lo dejamos para más adelante”.

Sin embargo, tanto Junts como ERC han dejado meridianamente claro que exigirán la amnistía para los encausados del procés como requisito indispensable para investir a Pedro Sánchez. 

Una de las normas no escritas del independentismo es menospreciar lo que se les concede. Por eso, aunque en el verano de 2021 el Gobierno concedió indultos a los líderes del procés que estaban en prisión, aquella iniciativa les supo a poco y Junts, ERC y la CUP impulsaron una proposición de ley de amnistía, que no prosperó porque los letrados de la Cámara alegaron que infringía el artículo 62 de la Constitución que prohíbe los indultos generales. 

En síntesis: Entre indulto y amnistía la diferencia estriba en que el primero es una medida de gracia del Gobierno a personas condenadas, mientras la segunda es de carácter general y supone pasar página y olvidar además los antecedentes penales. Y ni la sociedad española en general ni la catalana en particular tienen ni que pasar página ni olvidar nada y, mucho menos, arrepentirse por no haber sido procesistas ni haber comulgado con el procés y sus trágalas.

Si este posicionamiento de máximos se mantiene, no es difícil imaginar cómo evolucionarán los acontecimientos a medida que avance la legislatura: las posiciones se irán enquistando y el precio de los apoyos subirá. Además, en 2024 hay elecciones en Euskadi; por consiguiente, el enfrentamiento entre PNV y EH-Bildu está servido. Después, en 2025, tocan elecciones al Parlament de Cataluña y la razón de ser, tanto de ERC como de Junts, es el Govern de la Generalitat; por lo que, tanto unos como otros, querrán marcar perfil.

A lo largo de la legislatura ya finiquitada, el PSOE demostró su voluntad de solventar el conflicto catalán; los indultos, la mesa de diálogo o la derogación del delito de sedición son ejemplos claros de esa voluntad. Ahora le toca al secesionismo mover ficha y, sin renunciar a nada, plantear cuestiones razonables que encajen en el marco constitucional, ahí seguro que se encuentran soluciones, pero la amnistía y el derecho a la autodeterminación no pueden ser reconocidos como constitucionales. 

En principio, a nadie le interesa que se tengan que repetir las elecciones, pero tampoco sería el fin del mundo. Al fin y al cabo, unas elecciones se pueden ganar o se pueden perder. Lo que no se debe perder nunca, en especial un partido con vocación de gobierno: es la dignidad, la decencia y la honestidad.