Leyes y burocracia en el aula

Desde prácticamente el siglo XVI que el sistema legal español resulta altamente burocrático, sea quien sea el régimen político al mando. Tras cuatrocientos años de obligar al respeto escrupuloso de las leyes, la mayoría contradictorias y llenas de obstáculos insalvables, los españoles se han acostumbrado a los papeles y a los formularios. 

Muestra de ello son todas nuestras leyes educativas que más que facilitar la función didáctica, la entorpecen, la confunden y hasta la empeoran. Al final debe ser el docente quien decida qué hacer en el aula a expensas de la norma. Nuestro estado pretende que la ley contemple las infinitas situaciones de la realidad, y si esta no encaja, se encorseta dentro de una nueva ley. 

Este prejuicio enraizado en nuestra historia no facilita en absoluto la gestión escolar, sino todo lo contrario. Cada docente debe redactar un arduo informe sobre cada materia que imparte, un texto que a fin de cuentas sirve para llenar el expediente exigido por la burocracia gubernamental, pero que en poco mejora el nivel educativo que uno espera del instituto.

También debe redactar extensos informes por cada uno de sus alumnos, indicando las competencias no alcanzadas por estos y la causa de ello. Podría pensarse que tal volumen de papeles justifica el trabajo de más funcionarios en el ministerio de enseñanza, unos burócratas que, o bien huyeron de la tiza, o bien jamás la vieron.

Por lo tanto, un profesor no debería redactar grandes y tediosas programaciones. Un buen y experimentado docente valdrá más por las clases que imparta que no por su papeleo. En fin, que irá al grano en asuntos de educar e infundir conocimientos. Para ello utilizará estrategias prácticas, clases ordenadas y ejercicios acordes con el nivel impartido.

El docente debe demostrar sus habilidades en el aula y no en la burocracia. En ello debe escoger los temas más importantes del libro, ordenarlos con lógica y pensar en clases organizadas de lo fácil a lo complejo, con ejercicios actualizados, reales y acordes con los estudiantes.

Desgraciadamente, todo lo anterior no halla un marco legal que lo facilite, es más, la política educativa va en dirección contraria. Las leyes educativas nacionales van en contra de este objetivo y cada vez es más complicado ejercer de docente.

Durante los últimos treinta años la burocracia docente se ha más que quintuplicado, y todo ello con la eliminación de la repetición de curso, la promoción casi automática de los alumnos y la caída en la trasmisión de conocimientos.

Es más, si un alumno suspende, obliga al docente a justificar burocráticamente la causa de ello, mientras que si aprueba, el papeleo queda sumamente reducido. Muchos son quienes aseguran que tal estratagema es un simple amago para que el número de aprobados ascienda y que el fracaso escolar quede maquillado.

Pero tal parco intento se ha topado una y otra vez con los resultados PISA en donde queda demostrado que España ha ido cayendo año tras año en su nivel educativo.