Las principales ciudades catalanas suspenden en libertad económica

Como cada año, la Fundación para el Avance de la Libertad presentó hace unos días el Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas (ILECE), el cual mide y clasifica el grado de libertad económica de las 50 ciudades más pobladas de España. Para sorpresa de nadie, las ciudades catalanas analizadas en el estudio destilan unos datos mediocres, cuando no nefastos, en lo que tiene que ver con el desempeño de las mismas en relación con la cuestión examinada en el citado estudio.

En síntesis, el trabajo de campo se centra en cuatro ámbitos muy concretos para llevar a cabo la clasificación. Estos son, el desempeño económico, compuesto por la magnitud del presupuesto municipal y el nivel de endeudamiento; la magnitud de la plantilla municipal, integrada por la cantidad total de trabajadores públicos y el gasto salarial correspondiente a los mismos; el grado de intervencionismo económico, el cual comprende la cantidad de empresas parcial o totalmente gestionadas por el ente local y el número de servicios municipalizados; y la presión fiscal, que mide el tipo impositivo de los distintos tributos municipales, la voracidad sancionadora y la recaudación tributaria total.

En este caso, las ciudades catalanas sometidas a examen en el ILECE han sido las 7 más pobladas de la comunidad autónoma, siendo estas, por orden de mayor a menor número de población, las siguientes: Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Badalona, Sabadell, Lleida y Tarragona. Como se puede observar en la tabla adjunta inmediatamente debajo de este párrafo, dichas ciudades han obtenido un resultado ciertamente deplorable, siendo Badalona y L’Hospitalet de Llobregat las únicas que han logrado el aprobado raspado.

En las últimas décadas, viene siendo habitual que Cataluña no despunte en, prácticamente, ningún ranking nacional, a excepción de los que tienen que ver con las políticas woke, donde solemos ocupar las primeras posiciones, o los referidos a datos cuya connotación es negativa —véase el nivel de deuda pública o el mismo ILECE—. Esta tendencia refleja una gestión profundamente ineficiente que ha lastrado el desarrollo económico y social de la región. En lugar de centrarse en mejoras tangibles, las prioridades llevan tiempo orientadas hacia agendas ideológicas que no contribuyen al bienestar general de los ciudadanos.

Sumado a lo anterior, no resulta en absoluto sorprendente, aunque sí preocupante, que Barcelona, mi ciudad natal, ocupe la penúltima posición en la tabla. Esto es comprensible si consideramos que ha sido gobernada en los últimos ocho años por Colau y el PSC, estando gobernada solo por este último desde hace un año. Durante ese período, la corporación municipal se ha dedicado a implementar todo tipo de medidas intervencionistas y restrictivas, mediante las cuales se ha criminalizado de manera constante, entre otros, a los propietarios y a los turistas.

En definitiva, la receta para encauzar la situación tan vergonzosa en que nos encontramos actualmente, es relativamente sencilla. Basta con evitar caer en la pulsión intervencionista a la que se suelen ver atraídos todos aquellos que alcanzan el poder, independientemente del partido en el que militen. A partir de ahí, solo hace falta poseer nociones básicas de economía y de contabilidad para cuadrar las cuentas, evitando así tener que recurrir a la deuda como medio de financiación. 

Sumado a lo anterior, conviene reparar un instante en el debate sobre si los servicios que tienen encomendado brindar los ayuntamientos deben ser públicos o privados. Por un lado, la gestión privada suele ser más eficiente, ya que se rige por principios de competitividad y optimización de recursos. Las empresas privadas tienen incentivos para reducir costos y mejorar la calidad del servicio para satisfacer a sus clientes, lo que puede traducirse en una mejor atención y mayor satisfacción de los ciudadanos.

Además, la externalización de los servicios contribuiría significativamente a la reducción del gasto público, al eliminarse burocracias innecesarias y no disponer de una plantilla —con el gasto organizacional que conlleva— dependiente directamente de la administración pública. Por todo ello, la privatización de los servicios municipales es la mejor alternativa para la consecución de una administración más sostenible y eficiente, permitiendo, a su vez, una reducción de la insoportable presión fiscal existente.

Otra de las cuestiones que merece especial atención por lo inquietante de la misma, es el hecho de que las ciudades catalanas son las que peor puntuación obtienen en comparación al resto de ciudades agrupadas por comunidad autónoma. Ello es, sin duda, indicativo de la cultura política imperante en Cataluña, cuyos promotores llevan muchos años aplicando políticas públicas que convergen hacia la regulación excesiva y la asfixia fiscal. Todo ello, tal y como se apunta en el estudio, no presenta una correlación lineal con el color político del partido que gobierne, dado que la mentalidad intervencionista yace en el seno ideológico de todas las formaciones políticas que forman la partitocracia española, manifestándose de forma más acuciante en Cataluña.

En lugar de transitar por el camino de la libertad, nuestros mandatarios han preferido —en la mayoría de casos— dificultar el crecimiento económico que, en mi opinión, debe ser el faro que guíe la acción de cualquier gobierno. En este sentido, lejos de facilitar la actividad económica, se han ido sucediendo los embates políticos contra la misma, siendo esta la tónica dominante en un gran número de gobiernos, independientemente del nivel institucional —nacional, autonómico o local— en el que operen. A menudo, las únicas políticas públicas destinadas a fomentar el desarrollo económico son el otorgamiento de subvenciones y la prestación de ayudas, las cuales se vuelven en ocasiones necesarias para sortear la maraña de regulaciones y trabas fiscales que previamente —y de forma artificial— han creado nuestros gobernantes.

Como digo, la falta de libertad económica lleva presente en nuestra sociedad —e incluso viéndose acrecentada— durante mucho tiempo. No es casualidad que España y, en términos generales, Europa, se esté quedando atrás en cuanto a crecimiento económico si nos comparamos con otras potencias como, por ejemplo, los Estados Unidos o China. Y es que, tal y como estableció Adam Smith en La Riqueza de las naciones, las “instituciones básicas que protegen la libertad de los individuos para perseguir sus propios intereses económicos resultan en una mayor prosperidad para la sociedad”.