La inflación y el poder adquisitivo

Cuando el miércoles, 22 de noviembre, los miembros del Gobierno llegaron al palacio de la Moncloa, encontraron sobre la mesa del Consejo de Ministros una carta personalizada del presidente del Ejecutivo. En la misma, Pedro Sánchez les instaba a actuar “con unidad, solvencia y determinación en el afán compartido de contribuir al avance social, la convivencia, la estabilidad institucional y el diálogo entre diferentes”. Y es que nadie ignora que esta legislatura recién inaugurada va a ser difícil como pocas. En ese contexto, tan destructivos pueden ser los ataques de los adversarios como el teórico fuego “amigo”.

Con esa realidad como telón de fondo, Sánchez ha querido mandar un mensaje de sensatez y solvencia política y, para eso, nada mejor que poner a trabajar a todo el Gobierno en la elaboración de los Presupuestos Generales para 2024. 

Y es, precisamente, en esa iniciativa, donde el presidente del Ejecutivo puede encontrar el impulso necesario para pasar página, dejar atrás el complicado proceso de investidura y encarar aquellas cuestiones que de verdad ocupan y preocupan a la ciudadanía. Porque resulta que, entre otros impuestos, el IBI subirá sobre un 18% en la mayoría de pueblos y ciudades de Cataluña y la factura del agua un 11,5% en Barcelona y otros municipios del Área Metropolitana. Sin embargo, ni los salarios ni las pensiones alcanzarán, ni de lejos, esos porcentajes de aumento. Por lo tanto, es evidente que las clases medias y populares van a seguir perdiendo poder adquisitivo.

Por si eso fuera poco, un informe del Banco Central Europeo alerta de que las medidas de protección, en nuestro país, a causa de la pandemia y la guerra de Ucrania, han resultado insuficientes para frenar la pérdida de poder adquisitivo de las familias más vulnerables. Han sido precisamente esas personas las que más han sufrido el impacto de la inflación. La pérdida de capacidad de compra de ese segmento de la población se sitúa por encima del 5% de la renta familiar disponible, el doble que la pérdida experimentada por las familias más adineradas, que, incluso, se han beneficiado de buena parte de las políticas puestas en marcha, como la rebaja del IVA o los subsidios a los combustibles.

Dicho de otro modo, las políticas de protección para las más débiles puestas en funcionamiento en nuestro país no tuvieron el efecto reparador deseado. Por consiguiente, es lógico pensar que la inflación haya incidido en incrementar la desigualdad de la renta en España, uno de los países europeos que, pese a los avances de los últimos años, sigue manteniendo importantes niveles de desigualdad de renta y personas en riesgo de pobreza.

Las políticas de contingencia puestas en práctica por el Gobierno, en línea con la política monetaria del Banco Central Europeo, eran necesarias, pero han sido insuficientes.  No podemos pasar página y olvidar los negativos efectos distributivos de esta crisis y la necesidad de seguir insistiendo en los apoyos para las personas más vulnerables. Diversos estudios señalan cómo en nuestra economía, cuando llegan las vacas flacas, la desigualdad crece rápidamente, pero, sin embargo, cuando vuelve la bonanza, la recuperación se produce con mucha más lentitud. En estas dos últimas crisis superpuestas (pandemia y guerra de Ucrania), la inflación ha castigado particularmente a los que se encontraban en peor situación y las medidas tomadas no han sido suficientes para mitigar ese efecto.

Con esta situación, como paisaje de fondo, el nuevo Gobierno debería considerar la conveniencia de reexaminar la decisión de retirar todas las medidas de apoyo. Quizá sería conveniente mantener aquellas que más pueden hacer por reducir la desigualdad, reforzando así el apoyo público a los hogares que más están sufriendo las consecuencias de la inflación, donde, efectivamente, viene lloviendo sobre mojado desde la crisis de 2008. Es evidente que nuestra situación fiscal no está para muchas alegrías. No obstante, tenemos, en el marco de esta nueva legislatura, el tiempo suficiente para avanzar en la reforma tributaria que España necesita para dotar al sector público de los recursos necesarios para desarrollar políticas que beneficien a todos los ciudadanos, pero, en especial, a los más desfavorecidos.

Ese sería el mejor argumento para poder digerir algunas cuestiones que, hasta el momento, han resultado, políticamente, muy indigestas.