El independentismo exige el reconocimiento unilateral
Las imposiciones de Puigdemont son contradictorias
Carles Puigdemont tiene cuentas pendientes con la justicia en España, ha perdido la inmunidad parlamentaria como eurodiputado en primera instancia de la justicia europea y estaba rozando la irrelevancia, pero por un cúmulo de circunstancias casuales ha obtenido el reconocimiento personal y político que anhelaba: es interlocutor de los que aspiran a presidir el Gobierno de España.
Certifica el reconocimiento la cordial visita de Yolanda Díaz a título de lideresa de Sumar, título indisociable de su condición de vicepresidenta del Gobierno de España en funciones. Una vez conocidas públicamente las condiciones de Puigdemont, Díaz tendría que explicar que entiende por “fructífera”, el calificativo de la reunión. Y en atención a los votantes de izquierda, podría añadir qué le parece la posición derechista de Puigdemont en materia económica y social, que no difiere mucho de la del PP y Vox.
Junts también ha sido reconocido. Los aspirantes a presidente han manifestado la voluntad de negociar con este y el PP va más allá, dice que tienen “coincidencias programáticas” y que “es un partido, la tradición y legalidad del cual no están en entredicho”.
Hasta aquí el reconocimiento rehabilitador de Puigdemont y de Junts y a través de estos del independentismo. Para remachar el clavo, a las condiciones que pone Puigdemont, -previas, dice, a unas finales, que seguramente incluirán la autodeterminación, aunque sea diferida- hay todo un abanico de reconocimientos implícitos: la legitimidad del intento de secesión, la validez de la votación del 1-O mientras no haya un referéndum aceptado por el Estado, el blanqueo de la unilateralidad, la inexistencia de delito por actividades relacionadas con el proceso...
Tan sorprendente como la enormidad de la pretensión -solo falta la exigencia que los poderes del Estado se disculpen por no haber permitido la secesión- es el carácter unilateral del reconocimiento exigido, unilateral porque no hay reciprocidad.
Puigdemont y los otros no reconocen España, la Constitución y el Estado de derecho, entidades matrices sin las cuales no tiene sentido su reconocimiento. La realidad de España, de la que Cataluña forma parte, no existe, figura diluida y enmascarada en la insultante ficción de “el estado”, la Constitución solo es una “jaula” que no deja volar Cataluña hacia la independencia y el Estado de derecho “una mentira” hecha de “justicia podrida” y de “jueces vengativos”.
Los independentistas son una pequeña minoría en el contexto de España y de Cataluña. En las elecciones del 23-J (2023) los tres partidos declaradamente independentistas, ERC, Junts y la CUP, obtuvieron 954.311 votos, un solo partido, el PSC, 1.213.006 votos, y la suma de todos los partidos no independentistas da 2.500.440 votos. En cuanto al conjunto de España, el PP y el PSOE, los partidos de los aspirantes a presidente, totalizan 15.852.810 votos, y añadiendo los dos aliados naturales, Vox del PP y Sumar del PSOE, se llega a la respetable cantidad de 21.900.560 votos.
Por eso, su capacidad de provocar inestabilidad política y perturbación social es absolutamente desproporcionada, y la causa es que se les ha permitido una “hegemonía cultural” como la entendía Antonio Gramsci, tan admirado por Pere Aragonès.
Las condiciones de Puigdemont, anunciadas desde Bruselas a bombo y platillo, no son teatro, son una imposición moral y política inaceptable y, además, contradictoria. La negociación interesa sobre todo a los dirigentes independentistas y también a todos los catalanes, en nombre de los cuales tiene la desfachatez de hablar. Puigdemont no distingue entre un Gobierno de España de izquierdas y uno de derechas, le es igual negociar con los unos o con los otros, puesto que los pone al mismo nivel instrumental para satisfacer su interés, personal, la amnistía, y sectario, la secesión de Cataluña.
Si tiene que haber negociación, que sea con el reconocimiento mutuo, Puigdemont ya lo tiene, él tiene que reconocer España, la Constitución y el Estado de derecho.
Sin este reconocimiento, cualquier negociación se cerrará en falso. Mejor repetir elecciones tantas veces como haga falta a fin de que la gobernabilidad de España, que les importa un pepino como tienen afirmado, no dependa de Junts y de ERC, de Puigdemont y de Junqueras.
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