Hay que cerrar las televisiones públicas

En los últimos días, por desgracia, hemos vuelto a ser testigos de los designios colonizadores de las instituciones públicas por parte de los partidos políticos. En este caso, han sido las televisiones públicas las que, una vez más, han sido objeto de una burda utilización partidista. No es algo que deba sorprendernos, dado que es una práctica ya enraizada desde hace tiempo en nuestro país, sin embargo, ello no quita que debamos seguir oponiéndonos a este tipo de actitudes caciquiles.

La razón fundamental que me ha llevado a tratar este tema no es otra que el anuncio por parte de Radio Televisión Española del fichaje de David Broncano por la misma. Por si alguien no lo conoce, Broncano es un conocido presentador del programa de humor, La Resistencia, emitido hasta el momento en Movistar Plus. Este es un asunto que no ha dejado indiferente a nadie, empezando por la propia dirección de la cadena pública estatal. 

Lo cierto, es que ni siquiera en el seno de Corporación Pública estaban convencidos de la introducción del programa de Broncano en la parrilla televisiva. El origen de estas desavenencias se puede achacar a diversos factores, tales como las condiciones del contrato, entre las cuales se encuentran un blindaje del programa por un tiempo de 18 meses, sean cuales sean los datos cosechados en ese periodo, y un coste total de 28 millones de euros, cuya justificación atendiendo a criterios de rentabilidad económica, ha sido puesta en seria duda.

Todo este cisco ha terminado desembocando en varios ceses dentro de la corporación y en el nombramiento de la socialista, Concepción Cascajosa, como presidenta interina de RTVE, que es en última instancia quien se ha encargado (o a quien han encargado) de finiquitar el esperado fichaje. Es más que evidente que en la contratación del humorista subyace una motivación marcadamente ideológica, dado que este hecho no se puede explicar desde ninguna otra perspectiva. A este respecto, cabe recordar que la emisión del programa de Broncano se llevará a cabo a la misma hora que El Hormiguero, programa líder de audiencia en esa franja donde en ocasiones se critica la postura del Presidente del Gobierno y de su gabinete respecto de distintos asuntos públicos. Lo habitual en cualquier democracia, por otro lado.

Dicho lo cual, si algunos piensan que esto es únicamente cosa de la izquierda, se equivocan estrepitosamente. Otra pintoresca imagen, aunque de menor entidad económica, mostrada a los contribuyentes, en este caso de la Comunidad de Madrid, ha sido la boda de José Luis Martínez Almeida, la cual fue retransmitida por la cadena pública autonómica el pasado fin de semana. A mí, como imagino que le sucederá a la mayoría de los madrileños, más aún si no son peperos, me produce una profunda indiferencia el enlace matrimonial del alcalde de Madrid, con quien recientemente ha adquirido la condición de ser su esposa. Me parece estupendo que se casen y lo publiciten, faltaría más, pero que lo hagan con sus propios recursos. Dios dijo hermanos, pero no primos.

La constante dilapidación de dinero público con el único objeto de servir a los intereses de nuestros gobernantes es algo que, como he dicho, viene dándose desde hace tiempo, pero el nivel de descaro al que se llega en ocasiones hace que se vuelva ya insoportable. Lo curioso es que, a pesar de todo, algunos siguen diciendo por ahí que la televisión pública es de todos, sin embargo, yo solamente veo a unos pocos servirse de ella descaradamente, mientras que la otra parte que conforma ese pretendido cuerpo uniforme al que llaman “todos”, se ve limitada a financiarla, en muchas ocasiones, contra su voluntad. 

La solución a todo esto es relativamente sencilla de ejecutar. Esta no es otra que cerrar todas las televisiones públicas y, al mismo tiempo, cesar la concesión de subvenciones a todo medios de información privados, cuyo fin es análogo al que se persigue con la colonización de los medios públicos. Aquel que quiera utilizar un medio de comunicación como vocero oficial del Gobierno o mandatario de turno, que se lo pague (no le va a salir barato). No hay razón alguna para que la ciudadanía se vea obligada a financiar un servicio dirigido a unos pocos, sea al nivel político que sea. En ese escenario sí saldríamos ganando todos, o como mínimo, la inmensa mayoría de la población cuyo oficio no es la política.