¿Gobierno de coalición previo pacto con Carles Puigdemont o elecciones generales?

No cabe duda de que nos encontramos ante un formidable callejón sin salida: que yo recuerde, en unas elecciones generales, y más después del cambio de posición adoptado a última hora por parte de la única diputada de Coalición Canaria, ahora dispuesta a negociar con el PSOE con independencia de si Pedro Sánchez acaba llegando a un acuerdo con Carles Puigdemont, nunca se había producido tan claro empate.

Un empate técnico entre el PP y el PSOE, entre los bloques de derecha e izquierda, con 171 diputados cada uno. Y si encima le añadimos el hecho de que el posible desgranador de esta situación está en manos de Carles Puigdemont, con el que ya no contaba prácticamente nadie, la situación es ciertamente paradójica.

Efectivamente, un extraordinario golpe de suerte, una chamba increíble (y no la supuesta inteligencia privilegiada del expresidente, como algunos quieren hacernos creer), ha permitido que Carles Puigdemont pueda decidir el futuro inmediato de este país.

Ya sea bien decidiendo apoyar a un posible gobierno de izquierdas presidido nuevamente por Pedro Sánchez (aunque ahora, tras el cambio de posición de Coalición Canaria, bastaría con la abstención), o bien ir a unas nuevas elecciones generales, que probablemente se celebrarían por los vuelos de enero del próximo año, si el expresidente optara por lo contrario.

El futuro de España, en manos de Carles Puigdemont

Además, la situación es endemoniada porque Carles Puigdemont exige como condiciones inexcusables para apoyar a Sánchez la amnistía para todas aquellas personas con causas pendientes desde el inicio del procés (supuestamente más de 4.000), así como el reconocimiento de la posibilidad de celebración de un referendo para el ejercicio del derecho de autodeterminación.

Como el presidente “legítimo” ha venido diciendo repetidamente estos últimos días, su apoyo a un gobierno de izquierdas no sería “a cambio de nada”, añadiendo que su función no es la de salvar a Pedro Sánchez, aunque solo fuera para cerrar el pase a la derecha y muy especialmente a VOX, sino trabajar por la independencia de Cataluña, condiciones de momento absolutamente inasumibles por el PSOE.

Por ahora, sin hacer demasiado caso a las pretensiones de Carles Puigdemont (a las que se ha añadido ERC con una desvergüenza y oportunismo increíbles), Pedro Sánchez, por vía de la ministra de Hacienda María Jesús Montero, ha lanzado el cebo de un nuevo modelo de financiación autonómica que beneficiaría especialmente a Cataluña.

Esta empezaría con una quita muy importante de la deuda que la Generalitat mantiene con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que en la actualidad es de 70.000 millones de euros, lo que ha llevado a la Generalitat a ser considerada como la máxima receptora y principal deudora de estos fondos. Sin embargo, es muy poco, a juicio de la mayor parte de analistas, para hacer cambiar de opinión a Carles Puigdemont.

Sin embargo, algunas voces dentro del propio PSOE y de la izquierda en general se han empezado a pronunciar públicamente respecto a la necesidad de buscar una solución jurídica que haga factible el otorgamiento de la amnistía, antes de ir a una repetición electoral.

Carles Puigdemont quiere la amnistía

No hace falta decir que la amnistía plantea toda una serie de problemas, cuyo principal radica en que a diferencia de los indultos, aquella no está reconocida en la vigente Constitución, si bien tampoco la prohíbe expresamente.

En cualquier caso, a pesar de que la opinión de los expertos en Derecho Constitucional no es unánime al respecto, con posicionamientos a favor y en contra (algunos de ellos ven factible una ley de Amnistía como la de 1977 para exonerar a todos los implicados en el proceso), no cabe duda de que en caso de que aquella se hiciera efectiva, acabaría con toda seguridad con un ulterior pronunciamiento definitivo por parte del Tribunal Constitucional.

Por otro lado, debería delimitarse también con toda claridad cuál debería ser el alcance que la amnistía debería tener, para no confundirla con un indulto general, este sí prohibido expresamente por la CE 78: los supuestos más cuatro mil detenidos a raíz del proceso (¿también Hasel o Valtònyc?), ¿o circunscribirse exclusivamente a los políticos exiliados de Junts, ERC y la CUP?

Sin embargo, es cierto también que a nadie le interesa ir a unas nuevas elecciones, pero mucho menos aún a Sumar, VOX y los partidos soberanistas (Juntos, ERC, PNV y EH-Bildu).

Y es que se podrían ver arrastrados y completamente difuminados y engullidos ante un electorado que en su mayor parte se plantearía estas nuevas elecciones como una decisión para resolver la disyuntiva de si quiere un gobierno de izquierdas presidido por Pedro Sánchez o uno derechas presidido por Núñez Feijóo, con la considerable pérdida de voto que esto podría comportar por el resto de partidos.

Por último, al margen de que un nuevo gobierno de izquierdas en el que es decisivo el apoyo de Junts y ERC, dos partidos que han perdido 140.000 y 400.000 votos respectivamente, genera también en importantes sectores de la sociedad española una cierta desconfianza sobre su cohesión interna (solo hay que ver las desavenencias actuales existentes dentro de Sumar entre Yolanda Díaz y UP, o la lucha enterrada entre Junts y ERC, así como la que mantienen el PNV y Bildu).

Habría que considerar también en qué posición podría quedar ERC si Sánchez cediera a la pretensión de la amnistía pedida por Carles Puigdemont, lo que elevaría al expresidente al altar del soberanismo en detrimento de ERC, y como se la podría compensar, dado que los republicanos seguirían siendo necesarios e imprescindibles en el caso hipotético de un nuevo gobierno de coalición.

En cualquier caso, ante la división casi milimétrica existente entre los bloques de derecha e izquierda existente en el Estado, hay voces que señalan que la mejor solución pasaría por ir a unas nuevas elecciones generales, en una especie de segunda vuelta “retrasada” que en imitación a algo “sui generis” del mecanismo del “ballottage” típico del sistema electoral francés, equivaldría a una segunda elección que simbólicamente se circunscribiría a los dos candidatos que más votos obtuvieron en la primera vuelta, que no solo resolvería empate, sino que reforzaría al ganador, dotándole de un plus muy importante de representación y legitimidad, a la vez que estimularía la articulación de coaliciones electorales.

Pero claro, para ir bien, dadas las limitaciones que en este caso derivan del sistema electoral español, esto requeriría de un “pacto de caballeros” entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo, en el sentido de respetar la lista más votada si ninguno de los dos candidatos consiguiera la mayoría absoluta, permitiendo al ganador la constitución de un nuevo gobierno.

Aunque sin perder de vista que, como hemos avanzado, a nadie le interesa esta solución, dado que comportaría un levantamiento o una sublevación del resto de partidos, por la considerable pérdida de voto y escaños a los que podría dar lugar.

Desgraciadamente, pura ciencia ficción y mala pieza en el telar.