El estado de Israel ampara en los judíos

La incursión terrorista de milicianos de Hamás en territorio israelí el fatídico 7 de octubre, según un balance del 20 de diciembre, mató a 859 civiles, 278 militares y 44 policías, más un número indeterminado de heridos, más la toma de 255 rehenes, de los que 118 fueron intercambiados por prisioneros palestinos en la tregua de noviembre, más cuantiosos daños materiales no cuantificados. 

Desde el amanecer del 8 de octubre, las fuerzas armadas del Estado de Israel bombardean sistemáticamente objetivos situados en la Franja de Gaza de 365 km² y una densidad de 5.046 habitantes/km². Ataques que a principios de enero habían causado unos 23.000 muertos, cerca de 60.000 heridos, el desplazamiento del 85% de la población gazatí, la destrucción total o parcial del 70% de edificios residenciales y de infraestructuras civiles necesarias para la subsistencia de la población, condenada a padecer hambre y privaciones sin cuento por el bloqueo israelí de la Franja.

Comparar muertos y destrucciones no es ético ni puede ser equitativo, pero es lo que algunos comentaristas y tertulianos hacen directa o subliminalmente al justificar las acciones bélicas de Israel en Gaza, considerándolas una respuesta al daño recibido y como un ejercicio de legítima defensa.  

Ciertamente, el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas reconoce el derecho inmanente de legítima defensa al Estado agredido, pero el Estado de Israel no lo puede invocar en los términos que establece la Carta: la defensa del Estado tiene que ser temporal, regulada y supeditada al Consejo de Seguridad, es decir, la legítima defensa debe ser legítima. 

Si se quiere seguir comparando, resulta enorme la desproporción entre el daño causado a Israel por Hamás y el que Israel está causando en Gaza, tanto más cuanto que las localidades gazaties bombardeadas se hallan totalmente indefensas e Israel dispone de las fuerzas armadas más poderosas de la región y, además, cuenta con la logística y el municionamiento facilitados por los Estados Unidos. 

Como jurista opino que Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, al ordenar el bombardeo sistemático de las poblaciones gazaties, de las infraestructuras vitales, incluidos agua, electricidad y hospitales, y de los campamentos de refugiados, incurre en una grave responsabilidad penal, puesto que el Protocolo Adicional I de 1977  al IV Convenio de Ginebra de 1949, sobre la protección de las personas civiles víctimas de los conflictos armados, califica tales acciones como un crimen de guerra. 

He procurado limitarme a los hechos y a una sucinta valoración jurídica, pero para muchos y, por supuesto, para las autoridades israelíes, si me leyeran, me habré manifestado como un anti sionista, alguien que habría olvidado los pogromos de los últimos 2000 años y, sobre todo, el Holocausto y la inconmensurable deshumanización de Auschwitz y los otros campos de exterminio nazis.

Este es el chantaje moral en el que se apoyan los círculos oficiales israelíes para desautorizar, denigrar incluso, cualquier crítica a la actuación bélica de Israel en la Franja de Gaza y contra los palestinos en general: “En nombre de los millones de judíos asesinados podemos hacer lo que estamos haciendo para evitar otro holocausto”

El Estado de Israel es un Estado más de la Comunidad Internacional sometido al derecho y cuando lo vulnera, como es el caso ahora, es tan reprobable como la Federación de Rusia, que también bombardea indiscriminadamente las ciudades de Ucrania.

Netanyahu y otros dirigentes israelíes recurren implícita o explícitamente a la memoria de los millones de víctimas judías de los pogromos y del Holocausto para tapar que ahora son ellos los verdugos. Tratan de compensar el crimen de hoy contra los gazaties con la memoria de los crímenes de ayer contra los judíos. Muchos comentaristas les compran esta falaz e inmoral interpretación.

Todo el respeto hacia los judíos que fueron humillados, robados, guetizados, deshumanizados, asesinados durante siglos. Toda la crítica hacia el Estado de Israel que ejecuta más que una represalia, condenada por el derecho internacional, un castigo colectivo, una “venganza bíblica” por la incursión terrorista de Hamás, superando abismalmente aquella regla “fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente” recogida en el Pentateuco bíblico.

El Estado de Israel no tendrá el reconocimiento y la seguridad que le niegan los Estados árabes de la región, provocando muertes, destrucciones y odio a espuertas. Solo los conseguirá buscando la paz con los palestinos, si aún puede después de lo de Gaza.