¿España nos roba?

La investidura de Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno, cada vez está más complicada. Los independentistas catalanes saben que sus votos son decisivos y los quieren hacer valer. Hasta ahí nada que objetar, ese tira y afloja forma parte de la negociación política. No obstante, todo tiene un límite y los secesionistas están demostrando que no tienen mesura. Ante la situación privilegiada en que quedaron tras el 23-J, a pesar de que perdieron votos a capazos, están demostrando su determinación a engancharse a las ubres del Estado como si fuera una vaca y ordeñarlo hasta dejarlo en los huesos.

La muchachada indepe no tiene bastante con pedir la amnistía y la autodeterminación, también exigen el traspaso de los trenes de Cercanías, las competencias en inmigración y un largo etcétera. Según parece, todo eso no es suficiente para investir a Sánchez y hace unos días la consejera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Natalia Mas, se descolgó diciendo que el déficit fiscal ronda los 22.000 millones de euros. Y claro, a Junts x Cat les ha faltado el tiempo para decir que el déficit acumulado en los últimos 33 años, asciende a 450.000 millones de euros. Sostienen que son 50.900 millones en déficit de infraestructuras, 375.000 millones en partidas sociales y 30.000 millones en pensiones. Queda claro que el papel lo aguanta todo.

Es evidente que lo que subyace en ese supuesto proceso de negociación de investidura es una lucha cainita entre las dos formaciones independentistas, ERC y Junts por ver quién logra la hegemonía en el campo del secesionismo. Las elecciones al Parlament se podrían convocar de forma inesperada y conviene estar preparados. Además, eso de que “España nos roba” enerva al personal y conviene tener a la parroquia tensionada, por lo que pueda ser. 

Pero volvamos al núcleo central de esta columna: el déficit fiscal. Da la sensación que, los sabios contables del secesionismo, cuando hacen sus cálculos, no tienen en cuenta la aportación catalana a los gastos comunes, como es, por ejemplo, La Defensa, el coste de los bienes y servicios que reciben todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia o la balanza comercial entre comunidades que es netamente favorable a Cataluña. 

Por otra parte, si echamos un vistazo a nuestro entorno, veremos que el déficit fiscal de Cataluña es similar al de las regiones ricas de otros países. Es el caso de los Länder alemanes que tienen un nivel de renta similar al nuestro: Baviera, Baden-Wüttemberg o Hesse. Y si abrimos un poco más el foco, encontraremos situaciones parecidas en países federales como por ejemplo, Nueva York o Nueva Jersey, en Estados Unidos, Lombardía y Véneto, en Italia u Ontario, en Canadá.

Con todo, considero conveniente clarificar que, ni todos los impuestos que se cobran en Cataluña los pagan los catalanes, ni todo lo que pagan los catalanes se recauda en Cataluña. Hecha esta aclaración, hemos de saber que Cataluña es la tercera comunidad autónoma que más aporta a las arcas del Estado y, sin embargo, a la hora de recibir recursos queda relegada a la décima posición. Ante esa situación, es muy razonable pensar que la posición final debería aproximarse más al punto de partida. Es decir, si se es la tercera en aportar, que se sea la quinta en recibir, ¿pero la décima? Eso es lo que se denomina principio de ordinalidad: no perder la posición inicial. Y eso, no tiene que significar ni favoritismo ni tratos de favor; sino una redistribución más equitativa de la renta disponible. 

Visto lo visto, queda claro que el mantra de “España nos roba”, es una falacia que el independentismo utiliza para mantener alta la moral de sus feligreses. No obstante, no se pueden negar las evidencias: España tiene un grave problema con Cataluña; la dejadez y desidia de algunos altos representantes del Estado nos han traído hasta aquí y eso, aderezado de forma adecuada, ha dado alas al independentismo, y no cabe duda que en todo este affaire la fiscalidad juega un papel fundamental. Por consiguiente, el tema del nuevo sistema de financiación autonómica debería ser una prioridad ineludible para el nuevo Gobierno en la próxima legislatura. Se trata de redistribuir con el máximo de justicia y equidad. Está claro que los talibanes hiperventilados de una y otra orilla nunca se darán por satisfechos, pero es cuestión de irles quitando argumentos porque es, sin duda, la mejor manera para que vayan perdiendo adeptos. Si logramos encasillar el radicalismo en la marginalidad, habremos ganado la convivencia y esa sería una noticia inmejorable.