Dimisiones

La peor catástrofe natural que ha sufrido nuestro país exige dimisiones. A todos los niveles. Desde aquellos que debían dar el aviso a las autoridades, pasando por quienes tenían que alertar a la población y hasta quienes no actuaron con la rapidez que la situación requería.

Ya sé que la palabra “dimitir” no es muy usada entre los políticos españoles. Pero o hay dimisiones, o habrá barbarie.

Es inexplicable que el lunes previo a la gran tormenta, nadie fuera capaz de advertir lo que podía suceder. Es cierto que no se podría haber evitado, ya que la naturaleza sigue su propio curso. Pero sí se podría haber minimizado el desastre, en número de víctimas mortales y familias destrozadas, que el paso de la DANA por el País Valenciano ha supuesto.

La Agencia Estatal de Meteorología, la Confederación Hidrográfica del Júcar (y por extensión el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de quienes dependen ambos organismos), la Generalitat Valenciana y su presidente, Carlos Mazón, y el Gobierno de España y su presidente, Pedro Sánchez, tienen que dar muchas explicaciones sobre qué sabían, qué hicieron, por qué lo hicieron y cuándo decidieron hacerlo.

Es evidente que no se hizo bien la previsión. No se alertó a las autoridades competentes de las devastadoras consecuencias que podía tener esta DANA. Esto corresponde a la AEMET y a la Confederación Hidrográfica del Júcar, y, por tanto, a la ministra de la que dependen, la vicepresidenta tercera del Gobierno español, Teresa Ribera.

La Generalitat Valenciana tardó en enviar el mensaje de alerta a la ciudadanía, advirtiendo de la necesidad de tomar medidas para evitar el desastre que finalmente ocurrió. O, en mi opinión, en reclamar al Gobierno de España, que es quien puede hacerlo, que decretase un estado de emergencia o alarma que permitiera restringir la movilidad de quienes residían en las zonas más amenazadas.

Y cuando todo pasó, cuando ya todos veían el desastre que se había producido, el Gobierno de España no hizo su trabajo como debía. El presidente de la Generalitat no deja de ser un representante de la administración del Estado en la comunidad autónoma.

Y cuando la situación les desborda, el Estado debe actuar como tal, desplegar todos sus recursos y asumir las competencias transferidas durante el tiempo que sea necesario. Para coordinar toda la cooperación nacional e internacional, en lugar de rechazarla, como hizo con Francia y Marruecos el ministro Fernando Grande-Marlaska.

No se entiende que, aunque no lo hubiera pedido la autoridad competente, en este caso la Generalitat Valenciana, el ejército no estuviera desplegado con todos sus efectivos en la zona cero de la tragedia durante cinco días. Mientras, miles de voluntarios de todo el país ya se movilizaban para ayudar en primera línea.

Para eso está el Estado, y para eso pagamos impuestos, y muchos, los ciudadanos. España es un país solidario, pero el pueblo no debe salvar al pueblo, cuando un 50% de nuestros ingresos va a sufragar el estado de bienestar. Ese dinero es el que debe servir como recursos ilimitados y ayudas urgentes a disposición de los afectados cuando ocurren cosas como las de Valencia.

Lo que pasó en Paiporta, con el paso de las autoridades, los Reyes de España, y los presidentes Sánchez y Mazón, es el resultado lógico de una dejadez de funciones evidente. La indignación de quienes lo han perdido todo, incluso a sus seres queridos, cuando tienen delante a quienes pudieron evitarlo y no hicieron nada.

A quienes dicen llorar a las víctimas y solo han instrumentalizado la desgracia para sus intereses políticos, intentando ganar unos cuantos votos. Miserables.