Desigualdad, S.A.

Alguna cosa no funciona en nuestra sociedad. Perdón: debí escribir, muchas cosas no funcionan. Pero me refiero, en concreto, a nuestro sistema económico. 

Esta semana hemos conocido la Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según ese estudio, el porcentaje de población en riesgo de exclusión social en 2023 alcanzó el 26,5%, cinco décimas por encima que en 2022 y tres décimas más que antes de la pandemia.

Además, el porcentaje de personas que presentan una situación de carencia material y social grave también aumentó en más de un punto, hasta alcanzar al 9% de los encuestados. Es decir, la peor cifra desde 2014, cuando comenzaron a elaborarse estas informes.

Esa encuesta viene a ratificar un estudio publicado por OXFAM Intermón, el pasado mes de enero, con el título “Desigualdad, S.A., Filial España”, en 2022, más de la mitad del valor de la riqueza en España se concentraba en manos de apenas un 10% de la población; y un 22%, en las del 1% más rico. Mientras, los hogares que conforman el 50% más pobre apenas concentraban el 7% de la riqueza total del país y han visto cómo se ha reducido el valor de su riqueza neta promedio. 

En los últimos 20 años, la brecha entre quienes más y menos tienen se ha hecho más grande: la diferencia entre el valor de la riqueza de un hogar situado en el 50% más pobre y otro del 10% más rico se ha duplicado. Una de las causas principales de esta desigualdad es el creciente porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) que generan las rentas de capital, concentradas en unas pocas personas, frente a las rentas del trabajo. 

Ante esta preocupante tendencia, debemos añadir la evolución de la riqueza financiera: el peso de los activos financieros sobre la riqueza bruta casi se ha doblado en los últimos 20 años, y el 79,2% del valor de los mismos está en manos del 10% más rico de la población. 

Es especialmente relevante señalar que casi la mitad de las 50 grandes empresas españolas tienen una vinculación significativa (vía propiedad o por su presencia en los órganos directivos) de personas que están en el 1% más rico. 

Eso significa que una enorme concentración de poder corporativo está acentuando la desigualdad en el conjunto de la economía mundial y España no es una excepción. No obstante, esas brechas tienen solución: Podemos lograr unas sociedades más equitativas si desde los gobiernos se regula para redistribuir de manera drástica el poder de las principales fortunas y de las grandes empresas hacia el resto de la población y reinventamos eficazmente el sector privado como un actor que contribuya más y mejor al bien común y no a generar una riqueza cada vez mayor para unos pocos.

Pocos días después de hacerse público el estudio “Desigualdad, S.A., Filial España”, conocíamos un informe según el cual la gran banca española ganó más que nunca en 2023: superó los 26.000 millones de beneficios, un 26% más. Casi la mitad cosechados en España, gracias al repunte de los ingresos por las alzas de tipos del BCE.

Los grandes bancos españoles cerraron un 2023 de récord. Entre las cinco entidades principales —Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell y Bankinter— ganaron 26.088 millones de euros, un 25,96% más.

Esto es, una cifra nunca antes alcanzada de forma agregada a la que se ha llegado gracias al impulso de los ingresos tras la abrupta subida de tipos del Banco Central Europeo (BCE) en el último año y medio en su lucha contra la inflación. Así como a una contención de costes generales y de los depósitos, con una remuneración del ahorro de los clientes que sube a menor ritmo que el precio de los préstamos.

De los seis grupos financieros que cotizan en el Ibex, tan solo Unicaja presentó unas cuentas con unos beneficios inferiores en un 4% al ejercicio anterior. De las ganancias anotadas por los cinco grandes, se cosecharon en España 11.428 millones de euros.

Es decir, el beneficio en el país se ha disparado un 52,8% más y supone casi la mitad del total. Ante este repunte esperado del resultado, el Gobierno impuso un impuesto extraordinario, en principio temporal por dos años, pero luego prorrogado por un tercero y con la idea de hacerlo permanente.

Que las grandes entidades financieras y empresas tengan beneficios es tan deseable como necesario porque esa es su razón de ser. Ahora bien, la cuestión es dónde ponemos el listón para diferenciar los beneficios empresariales lícitos y decentes de los abusivos e indecentes.

Si queremos revertir esta situación, es ineludible avanzar hacia una gobernanza democrática de las empresas y un reparto equitativo de beneficios… Abrir la cultura empresarial de nuestro país hacia modelos inclusivos, abordando una reforma empresarial que atienda al artículo 129 de la Constitución, que defiende, como principio, la participación de las personas trabajadoras en las grandes empresas. Asimismo, hay que modificar la Ley de Sociedades de Capital que faciliten y promuevan la representación de los y las trabajadoras en los Consejos de administración y en la comisión de nombramientos y retribuciones.  Sin olvidar la participación de las personas trabajadoras en los beneficios de la empresa, a través de distintos esquemas de reparto. 

En definitiva, se trata de introducir un modelo de gobernanza empresarial basado en el bien común y romper, a la vez, la priorización cortoplacista de maximizar la retribución financiera a los accionistas. 

Soy consciente de que para muchos esto viene a ser un brindis al sol, y quizás no les falte algo de razón, pero en algún momento tendrán que empezar a cambiar las cosas. Y tal vez ese momento es ahora, ¿por qué no?