La desfachatez de la Conferencia Episcopal Española

De manera habitual recibimos mucha información, a veces demasiada, Ahora mismo, cuestiones como la guerra en Ucrania, que ya forma parte de nuestro paisaje cotidiano, la compleja negociación para investir a Pedro Sánchez, las opiniones a favor o en contra de la futura Ley de amnistía o la masacre que está llevando a cabo el ejército israelí en Gaza, entre otros muchos temas, centran el interés de los medios y acaparan nuestra atención. Eso hace que, en ocasiones, otros asuntos de gran importancia nos pasen desapercibidos. 

Es el caso del Informe del Defensor del Pueblo sobre la pederastia en la Iglesia española. 18 meses después de que el Congreso se lo encargase, el Defensor del Pueblo presentó, el pasado mes de octubre, un Informe elaborado a partir de una encuesta hecha a más de 8.000 personas y de la cual se deduce que unos 440.000 niños y/o jóvenes fueron víctimas de pederastia en el seno de la Iglesia de nuestro país.

Resulta que hemos pasado de ser una excepción mundial entre los países católicos, sin casos de pederastia en la Iglesia, reconocidos oficialmente, a ser el país con el cómputo de víctimas más alto del mundo: un 1,13% de la población adulta actual ha sufrido abusos en el ámbito religioso. 

Estas abrumadoras cifras, que superan las 330.000 víctimas que calculó Francia en 2021, suponen un giro copernicano tras décadas de hermetismo sobre los abusos, desde que estalló el escándalo en otros países a partir de 2002; mientras que aquí fueron años de negación y encubrimiento por parte de la Iglesia española. 

Hasta hace dos años se afirmaba que se conocían “cero o muy pocas” denuncias, en palabras del entonces portavoz de los obispos, Luis Argüello. Pero la investigación, sin condicionantes de algunos medios de comunicación, ha hecho aflorar las voces de cientos de víctimas, lo que finalmente forzó al Congreso en 2022 a querer saber la verdad de lo ocurrido. 

Todo eso, ha generado el caldo de cultivo adecuado para que el Defensor del Pueblo pudiese realizar su informe. 

En principio, también deberíamos considerar como positivo que la propia Iglesia, por primera vez, haya accedido a revelar datos propios, aunque incompletos y descoordinados: diócesis y órdenes admiten 1.104 casos, con 974 agresores y 1.385 víctimas (902 de órdenes y 483 de diócesis), unas cifras nuevas que son las más altas conocidas hasta ahora. Su primera admisión de cifras fue en abril de 2021 y solo ascendían a 220 casos.

Para tratar el affaire con rigor y no faltar a la verdad es justo decir que el discurso de la Conferencia Episcopal Española (CEE) sobre su gestión de los casos de pederastia ha ido variando con el tiempo:  la jerarquía eclesiástica ha pasado del negacionismo sin matices a reconocer que la Iglesia ha llegado tarde a hacer frente al problema. “Es de sabios rectificar”, dijo en cierta ocasión el actual presidente de la CEE, el cardenal Juan José Omella. 

En otra ocasión, tras una entrevista en Roma con el Papa, Omella admitió que las publicaciones periodísticas han ayudado a ese cambio de postura en la cúpula de la Iglesia. De ahí que, hace unos meses, encargasen a un bufete de abogados una auditoría para conocer los casos del pasado, investigar el encubrimiento y reparar a las víctimas. 

Declaraciones que contradicen las pronunciadas, en abril de 2019, por el entonces secretario de la Conferencia, el obispo Luis Argüello: “No realizaremos un informe. Investigaremos los casos que nos comuniquen, pero no iremos con una lupa. No hay datos. ¿Qué hacemos? ¿Coger un túnel del tiempo?”.

En opinión de un alto cargo eclesiástico, a este giro de 180 grados también se suma un cambio dentro de la CEE. “Hay un tercio de los obispos españoles, en su mayoría los más jóvenes, que sin ellos no estaríamos hablando de Cremades[despacho al que la Conferencia le ha encargado la auditoría]. 

Han hecho y hacen mucha presión para que la Iglesia cambie la dirección sobre cómo actuar frente a los abusos y su pasado. Era una situación que clamaba al cielo”, subraya esta fuente. Aunque bien es verdad que pese al cambio de postura, se sigue percibiendo una gran falta de transparencia. 

Eran muchos los que habían puesto sus esperanzas en la convocatoria hecha por El Papa, el pasado mes de noviembre, a la CEE al completo. Así pues, unos 80 obispos se desplazaron hasta el Vaticano, convocados oficialmente para tratar el estado de los seminarios en España. 

Sin embargo, visto el carácter completamente excepcional de la convocatoria y la coincidencia en el tiempo con la publicación del informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales a menores en la Iglesia española, existía la ilusión contenida de que Francisco quisiera sacar el tema a colación. 

Pero, lamentablemente, esas expectativas fueron solo un espejismo. En ningún momento el Papa puso el problema sobre la mesa. Tampoco se interesó por el informe que la CEE ha encargado al despacho Cremades & Calvo-Sotelo. “Ha sido un diálogo cordial y no un tirón de orejas” (…) “No ha habido ninguna mención a los abusos” (…) “Ni siquiera se ha tocado el asunto de forma colateral…”, resumió el cardenal Juan José Omella, en un encuentro con la prensa llevado a cabo tras concluir el encuentro.

De nuevo, la cúpula eclesiástica se ha puesto de perfil. La desfachatez de la CEE resulta pasmosa y muy preocupante porque más que aportar luz al escabroso problema y buscar soluciones, intentan escurrir el bulto y tirar pelotas fuera. Por eso sería muy interesante que monseñor Omella se lo explicase personalmente a los afectados. A ver ellos que opinan.