Desafíos y oportunidades del sector agrario en la maraña regulatoria europea

En las últimas semanas, muchos hemos seguido con atención las numerosas protestas impulsadas por parte de los trabajadores del sector agrario en los distintos países de la Unión Europea. Lo cierto es que, como suele ocurrir en este tipo de casos, los medios han comenzado a poner el foco en los altercados acaecidos a raíz de dichas protestas, dejando de lado la cuestión de fondo, que no es otra que el pésimo ecosistema económico y normativo en el que los productores del sector desarrollan su actividad económica.

La Unión Europea (UE) lleva años estableciendo fuertes limitaciones e imposiciones de todo tipo a la producción agropecuaria, cuya génesis radica en el Pacto Verde Europeo, el cual, a su vez, se explica por la declarada voluntad de la UE de dar cumplimiento a la Agenda 2030. Ello, unido a la falta de previsión, cuando no torpeza legislativa, a la que se han abonado los distintos gobiernos de España, ha provocado que el campo español se encuentre en una situación agónica en muchos aspectos. 

A raíz de lo mencionado, considero imprescindible realizar un diagnóstico del estado actual del sector agrario español. Con ello pretendo contribuir, en la medida de mis posibilidades, a que se hagan una idea de dónde se encuentra el sector y hacia dónde se dirige para, en último término, tratar de plantear una solución a todo ello.

Una de las principales dificultades a las que se enfrenta, tanto el campo español como el europeo, radica en la necesidad de adaptarse a regulaciones cada vez más restrictivas. Para que se hagan una idea, la normativa europea se inmiscuye hasta el punto de determinar el tamaño y el color que debe tener una determinada fruta u hortaliza. De igual modo, se ha limitado sustancialmente el uso de pesticidas y productos químicos, además de dificultar la práctica agropecuaria por la importante carga burocrática que lleva asociada.

Las regulaciones generan importantes costos adicionales y, en innumerables ocasiones, requieren de una revisión exhaustiva de las prácticas agrícolas, con el gasto de recursos que ello supone. Según datos del INE, el número de explotaciones agrícolas se redujo un 7,6% en el año 2020 respecto al anterior censo, de 2009, hasta las 914.871 explotaciones. Las pueden ser diversas, sin embargo, lo que está claro es que las políticas implementadas por las instituciones europeas no han contribuido en nada a resolver el problema, sino más bien a crearlo.

Tal y como se observa en el gráfico, el sector agrario español está sufriendo una disminución progresiva de afiliados a la seguridad social. Si bien es cierto que ello puede deberse a distintos factores, es incontestable el gran impacto que ha tenido el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) sobre la contratación; en el sector el agrario, un 46,9% de los asalariados percibieron el nuevo SMI en 2023, un porcentaje muy superior al 14,4% del sector servicios, el 7,5% de la industria y el 3,8% de la construcción. 

Con respecto a lo anterior, debemos advertir también que los salarios más bajos (por debajo de 1.440,1 euros) se concentraron, en el año 2022, en el sector de la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca (61,4%), entre otros. Por ello, es más que probable que con la nueva subida del 5% del SMI (hasta los 1.134 euros) anunciada por el Gobierno, estos desalentadores datos no hagan más que empeorar.

Por otro lado, la política de destrucción de presas y azudes emprendida por el Gobierno de España y, recientemente, auspiciada también por Europa con la Ley de Restauración de la Naturaleza, no ha ayudado en absoluto a paliar las consecuencias de la sequía, sino más bien todo lo contrario. La Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE) alertó en 2023 del riesgo que supone el derribo de este tipo de infraestructuras para la agricultura y la ganadería, situando a ambas actividades en peligro en caso de sequía severa. Esa situación de agostamiento es precisamente la que sufrimos de forma cada vez más recurrente en distintas partes de España. 

Sin embargo, y a pesar de todo lo dicho, el campo español mantiene una productividad elevada con respecto al resto de competidores externos; 1,7 veces más que el conjunto de la UE, 4,5 veces más que el norte de África y 10,7 veces más que el global. Además, si nos fijamos en la balanza comercial (exportaciones - importaciones) del sector primario, observamos que existe un superávit comercial de 13.869 millones de euros. Valga decir que ambos parámetros podrían verse incrementados con la generación de las condiciones de mercado adecuadas, que a continuación mencionaré.

Al mismo tiempo, cabe remarcar que las exportaciones provenientes del sector primario suponen un 17,5% del total de las exportaciones de la economía nacional, lo cual es una cifra muy considerable teniendo en cuenta que tan solo aporta en torno a un 3% al PIB español. Estos datos nos indican que el campo mantiene un estado de salud relativamente bueno a pesar de todo.

Llegados a este punto, deberíamos hacernos la siguiente pregunta, ¿por qué no dejamos trabajar el campo a los que saben hacerlo, en lugar de sofocarlos con regulaciones absurdas? Pues bien, la única razón lógica que puedo encontrar para que esto no suceda es que ciertos políticos priorizan la obtención de unos cuantos votos a través de la promoción de una supuesta emergencia climática, en lugar de preocuparse por un sector tan solo compuesto por el 3,6% de la población española.  

Es fundamental dejar de transigir con todas las entelequias intervencionistas que se le ocurran a un grupo de burócratas cómodamente instalados en sus ostentosos despachos. En contra de la opinión de nuestros gobernantes, considero absolutamente necesario liberalizar y desburocratizar el campo, al mismo tiempo que se eliminan los cuantiosos subsidios a fondo perdido otorgados por la UE a través de la Política Agraria Común (386 mil millones de euros presupuestados para el periodo 2021-2027).

La implementación de reformas en esa dirección permitiría a los agricultores españoles y europeos competir, al fin, en igualdad de condiciones con el resto de productores extranjeros. Asimismo, un entorno de libre mercado llevaría inevitablemente a una profunda reestructuración del sector agrario, obligando a sus empresas a innovar y actualizarse para suplir las crecientes necesidades de los consumidores en un mundo cada vez más competitivo y globalizado.

Dicho lo cual, lo cierto es que es muy improbable, por no decir imposible, que se produzca un giro en este sentido, en el corto y medio plazo, en las políticas agrarias, tanto a nivel comunitario como nacional. Muy a mi pesar, me temo que los contribuyentes tendremos que seguir afrontando por mucho tiempo el enorme gasto presupuestario que la UE destina periódicamente para mitigar los efectos perjudiciales de su propia incompetencia legislativa.