La decadencia del parlamentarismo español en un acto

Hace unos días, fuimos testigos de una votación en el Congreso que retrató a las mil maravillas el sainete —de muy mal gusto— en el que se ha convertido desde hace años la política española. Lo ocurrido es que se sacó adelante la reforma de una norma, cuya aprobación resultaría en la liberación de un importante número de presos etarras que actualmente se encuentran cumpliendo condena en las cárceles españolas.

Lo dicho no tendría por qué sorprender a nadie, habida cuenta de la mayoría que conforma el bloque de investidura del Presidente Sánchez, cuyas tesis parecen haber sido completamente suscritas por el PSOE. Sin embargo, lo sorprendente aquí es que dicha reforma salió adelante por unanimidad.

La norma objeto de votación en cuestión era la modificación de la Ley Orgánica 7/2014, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, la cual transpone una directiva europea al ordenamiento jurídico español. En lo relativo a la reducción de penas, lo acontecido es que dicha reforma de la LO 7/2014 contiene un inciso —el número 14, concretamente—, el cual suprime la disposición adicional única de dicha ley. 

Dicha disposición adicional rezaba que “en ningún caso serán tenidas en cuenta para la aplicación de la presente Ley las condenas dictadas por un Tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea con anterioridad al 15 de agosto de 2010”, lo cual fue introducido expresamente por el Gobierno de Rajoy para evitar la compensación de penas de los etarras que hubieran sido capturados y encarcelados en otro país miembro de la Unión Europea. A aquellos que ya hubieran cumplido condena en otro país miembro, no se les restaría el tiempo de cárcel transcurrido en el extranjero a la condena impuesta en España.

Lo cierto es que el fondo de la cuestión no subyace tanto sobre el contenido en sí de la reforma —con el cual se puede estar de acuerdo—, sino más bien acerca de los efectos legales colaterales que esta, inevitablemente, va a generar y que no van a tener marcha atrás. Concretamente, 44 etarras que han estado encarcelados en Francia, verían acortada su estancia en prisión con la nueva ley, además de que podrían acceder al tercer grado y a la libertad condicional antes. Entre los beneficiados se encuentra el famoso “Txapote”, quien estuvo muy presente en la pasada campaña electoral, a tenor de su presencia en el lema “que te vote Txapote”, dirigido contra Pedro Sánchez.

Visto el contexto, cabe adentrarse en este punto en lo realmente indignante, teniendo ello 2 vertientes, cada cual más inquietante que la anterior. Por un lado, es preocupante —aunque no sorprendente— que el Partido Socialista, a instancias de sus socios parlamentarios de EH Bildu, no sientan ninguna atadura moral a la hora de incluir una modificación que va a liberar a aquellos que durante años se dedicaron a asesinar a sus compañeros de partido, llegando a poner en jaque a la democracia española. Por otro lado, resulta indignante que aquellos quienes continuamente atacan al Gobierno por sus pactos con los herederos de ETA, voten a favor de una norma con consecuencias tan perniciosas por el simple hecho de no hacer aquello por lo que se les paga —leer y entender lo que votan—.

Lo ocurrido refleja una degradación institucional en términos estructurales muy preocupante. Se ha convertido en algo cotidiano el que la política se rinda a intereses coyunturales, quedando los principios fundamentales que deberían regir la vida pública relegados a un segundo plano.

Esta falta de rigor, tanto a nivel legislativo como ético, lleva a que se aprueben medidas con profundas implicaciones sin el debido análisis correspondiente. Diputados —todos— que votan lo que les mandan, un PSOE convertido en un vertedero moral, y una derecha desorientada en su afán de marcarse una victoria rápida —resultando en todo lo contrario—, forman parte de este triste escenario.

Además, este tipo de decisiones alimentan una creciente desafección de los ciudadanos hacia la política y las instituciones democráticas. Cuando los partidos actúan con tal ligereza, se genera la percepción de que las leyes no son el resultado de un proceso reflexivo y transparente, sino de acuerdos opacos y motivaciones cortoplacistas. En un momento en el que la confianza en las instituciones es más frágil que nunca, situaciones como esta no hacen más que agravar la situación.

Es aquí donde entra la responsabilidad de los representantes públicos, más preocupados por mantener la silla que de hacer bien el trabajo por el que se les paga. No se trata solo de aprobar leyes, sino de entender las repercusiones de esas decisiones en la vida de los ciudadanos. La política no puede seguir siendo un juego de intereses cruzados donde lo que está en juego son las vidas y la justicia de las víctimas del terrorismo.

Los legisladores deben asumir un compromiso ético claro, que trascienda los acuerdos parlamentarios coyunturales, y retomar el sentido del deber que deben a la sociedad. Solo entonces se podrá empezar a reparar el daño institucional que estas decisiones ya están causando, y devolver la dignidad a un sistema que cada vez parece más roto.