Confort criminal

En noviembre de 2018 comparecí en la comisión sobre modelo policial del Congreso de los Diputados como presidente de la asociación Una Policía para el S. XXI; en la actualidad, la asociación prescriptora de ciencia policial más grande de España. Se trataba de transformar nuestro modelo para adaptarlo a los retos del nuevo siglo.

La comisión se terminó, los miembros de la comisión cobraron sus sobresueldos y nadie hizo absolutamente nada. De facto, la tónica de las intervenciones era la de que el modelo funcionaba bien, y que si acaso, se le podrían dar unos pequeños retoques. Hasta que llegué yo.

Mi intervención acabó en bronca con las diputadas del Partido Popular —entonces en el gobierno—, porque mi discurso anunciaba incrementos exponenciales de la criminalidad violenta en los siguientes años, y denunciaba la incapacidad de nuestro modelo policial para afrontar una nueva realidad delincuencial que ya estaba azotando Europa.

Les hablé de un modelo de cortijos y caciques muy preocupados por proteger estructuras de poder y discursos políticos, pero muy poco de proteger ciudadanos. Les hablé de un sistema estadístico de la criminalidad que es un insulto a la inteligencia y que no sirve para evaluar el nivel de delincuencia real ni para entender las necesidades de seguridad asociadas al nuevo escenario. 

Les hablé de cómo habíamos deshumanizado una profesión eminentemente humana, convirtiéndola en una cadena de montaje que genera números con el único objetivo de que el político de turno tenga un discurso que vender frente a los medios antes de las elecciones.

Les hablé también de los riesgos que supone dejar la seguridad en manos de políticos analfabetos en ciencia policial y criminal; desde el ministro, pasando por el secretario de estado, los directores generales y, delegados y subdelegados del gobierno, ninguno de ellos era un policía con experiencia, todos eran personas fieles al partido, ¿a quién iban a proteger? Al partido. 

Esto sentó especialmente mal porque entre las diputadas del PP había dos que habían sido delegadas del gobierno en sus territorios (Baleares y Canarias). Una era profe de mates y la otra de física.

También les dije que un sistema donde impera la libre designación, y no el mérito y la capacidad, es un sistema que tiende a la mediocridad y la corrupción. Hoy, años después, toda la cúpula de Interior de Rajoy, desde el ministro hasta el director adjunto de la Policía, pasando por el secretario de estado y varios mandos más, están imputados en una o varias causas criminales.

No fallamos una sola predicción criminológica aquel día (y hablo en plural porque allí fui como presidente de Una Policía para el S. XXI), pero la mayoría me miraba como a un loco con ganas de dar la nota.

Dije una última cosa: que Barcelona sería la primera ciudad en caer, la primera ciudad derrotada por la nueva realidad criminal; pero que luego, más allá de partidos y gobiernos, también caerían Zaragoza, Valencia, Bilbao o Madrid.

No era una cuestión de partidos, era cuestión de revertir el modelo policial y la política criminal de arriba a abajo, y que, para eso, más allá de partidos políticos, necesitábamos a un hombre fuerte. Un político dispuesto a asumir el coste de ese cambio. 

Como lo asumió, sin complejos, Bukele, en sus primeros años como presidente de El Salvador, asediado por oposición, gobiernos extranjeros, oenegés y otros entes o asociaciones que le tachaban de torturador y fascista, y manifestaban que sus métodos no mejorarían la delincuencia en el país.

Como lo asumió también Giuliani a partir del año 1994 en Nueva York, consiguiendo hacer descender en menos de una década en un 80% asesinatos y violaciones, y transformando la ciudad en guerra de los 80 en la gran urbe más segura de América para finales de los 90.

¿Y por qué iban a caer todas, pero Barcelona iba a caer primero? Muy sencillo.

Iban a caer todas porque después de los estudios de modelos comparados que habíamos hecho en la asociación (Suecia y Francia), podíamos constatar que en España estaba sucediendo lo mismo que en esos países, pero 15/20 años después, y que la respuesta política a ese fenómeno por parte de nuestros dirigentes era idéntica: negar el problema, señalar a los que lo denunciaban como un peligro público y no crear estrategias para solucionarlo, sencillamente porque no había ningún problema.

Al jefe de la Policía de Malmoe, Torsten Elofsson, la primera gran ciudad en tener sociedades paralelas dominadas por grupos criminales junto con Marsella, le ningunearon, señalaron e insultaron cuando se atrevió a decir que estaban perdiendo el control, que era cuestión de unos pocos años y que el mundo que conocimos ya no sería el mundo donde iban a vivir nuestros hijos: racista, fascista… lo habitual en esa mitad de la población que a todo lo que no entiende o no comparte, lo llama facha; estrategia goebbeliana de deshumanización del adversario, para así no tener que discutir con él.

Además, señaló una realidad empírica y no discutible, que los apellidos extranjeros estaban muy sobrerrepresentados entre los detenidos por delitos violentos. Para qué quieres más, a partir de ese momento pasó a ser un peligroso nazi.

Y todo por decir la verdad, la verdad que estalló en la cara de los habitantes de esta ciudad sueca solo unos años más tarde, cuando sus hijos no salían de casa por miedo y sus hijas tenían que ir acompañadas al instituto. Porque son nuestras vidas las que se condicionan, nunca las de los políticos que toman las decisiones y señalan a los disidentes. En sus residencias no impactan los problemas que ellos mismos crean.

¿Y por qué Barcelona iba a caer primero?

Pues porque allí, la acción política aceleraba el proceso, creando lo que en Una Policía para el S. XXI denominamos zonas de confort criminal. La tolerancia, cuando no la complicidad, con la delincuencia de baja intensidad (manteros, lateros, okupas…), actúa como imán de atracción para la criminalidad cualitativa, —de baja frecuencia, pero alto impacto—, y genere un escenario de degradación propicio a la escalada y la reincidencia, los dos grandes monstruos a los que nuestra política criminal no sabe enfrentarse; y así se vencen barrios, y así se rinden ciudades.

La casa ocupada y la permisividad, con toda dinámica ilegal en la vía pública, manda el mensaje de que nadie vigila, por lo que los elementos de desviación social aparecen y se reproducen como esporas. Esa casa ocupada comienza a ser un punto de venta de droga, el barrio comienza a deteriorarse, los nuevos visitantes aumentan el número de robos con violencia, los comerciantes cada vez venden menos y algunos tienen que cerrar. 

Todo ocurre muy rápido, y si nadie hace nada, si nadie vigila, el escenario de degradación será un caos en apenas unos pocos años. Cuanta menos vigilancia y más degradación, más oportunidades para los lobos. Así, un número muy elevado de los detenidos por terrorismo yihadista en Barcelona, vivían en casas ocupadas. 

Es un escenario creado desde el poder político y que, junto al cambio del perfil demográfico por interés, también político, inunda una zona de nuevos pobladores que tienden a unirse, como ha sucedido siempre en la historia, tribalmente, pero que vienen de culturas fallidas donde la violencia es un ítem fundamental para dirimir conflictos y escalar en la pirámide social.

Como quiera que los procesos de inmigración son desbordados en el espacio y el tiempo, y, por lo tanto, imposibles de gestionar; lo que debería ser un activo (inmigración), se convierte en un problema para todos: los que llegan, los que están y los que ya estaban y llegaron por vías legales.

Bueno, para todos no. Las élites políticas siguen viviendo en sus palacios de cristal ajenos a los problemas que crean. Ellos tienen escoltas y casas con videovigilancia y seguridad privada.