Autodeterminación, una serpiente de verano

Junts, partido programáticamente secesionista, que cuenta con siete escaños en el Congreso de los Diputados, obtenidos el 23-J (2023) con (solo) 392.634 votos -134.741 menos que en las elecciones generales de 2019-, pone como condición para apoyar la investidura de Pedro Sánchez que acepte la convocatoria de un referéndum de autodeterminación para la independencia de Cataluña. 

La vuelta a primera página del referéndum de autodeterminación, más que lo que se conoce en prensa como “una serpiente de verano” para llenar espacio, es “la leyenda de la serpiente del Lago Ness” de las Tierras Altas de Escocia, que los veranos se aparecía a supuestos observadores, pero que en realidad no existía. 

La similitud del referéndum con la serpiente del lago es que el derecho de autodeterminación no existe para Cataluña como no existía “Nessi”. 

Aunque la pretensión refrendaria -que formulan una y otra vez porque viven del “referéndum pendiente”- ha sido rebatida ad nauseam, obligan a repetir algunos argumentos de refutación, porque los dirigentes secesionistas creen que el silencio va dotando de verosimilitud la aplicabilidad de aquel derecho a Cataluña, que la Constitución Española no contempla en absoluto. 

Ninguna constitución vigente en el mundo incluye un derecho de autodeterminación de una parte del territorio estatal, salvo las excepciones anecdóticas de Etiopía (en guerra civil recurrente) y la Federación de San Cristóbal y las Nieves (dos islas del Caribe que totalizan 179 km² y 35.000 habitantes).

Ninguna legislación nacional define el derecho de autodeterminación, una figura del derecho internacional general, construida laboriosamente en el marco de las Naciones Unidas para dar cobertura a las aspiraciones de los pueblos de las colonias en el largo proceso de descolonización. 

Cataluña no es una colonia de España ni su población un pueblo sojuzgado, únicas situaciones que permitirían invocar tal derecho; al contrario, resulta una burla al sufrimiento de los pueblos de las antiguas colonias y a los 17 territorios todavía pendientes de descolonización según las Naciones Unidas, que lo pretenda la rica y libre Cataluña, aunque su riqueza esté mal distribuida y su libertad enmarcada por la Constitución, lo cual es la norma en las democracias constitucionalizadas. 

Cataluña es una de las regiones políticamente autónomas de Europa con más competencias, si no la que más. En 2023 la Generalitat tiene más de 46.000 millones de presupuesto sumando sus organismos y empresas públicas, más de 200.000 funcionarios propios y otro personal, hasta 22.000 agentes de policía integral, 34 competencias exclusivas que incluyen las materias más sensibles, además de las competencias compartidas con el Estado y las competencias de ejecución de la legislación estatal, sin olvidar que participa en las instituciones centrales del Estado sin más limitación que la que se autoimpone. 

Hay Estados que no disponen de tantos recursos, medios e influencia como Cataluña

Ante la imposible aplicación del derecho internacional de autodeterminación, que ningún Estado, Tribunal, Comité u Organización Internacional ha reconocido a Cataluña, alegan la soberanía de un supuesto pueblo de Cataluña para ejercer un supuesto “derecho a decidir”.

Estas alegaciones han sido rebatidas prolija y contundentemente tanto por el Tribunal Constitucional en la Sentencia de 24.04.2014, que anula la resolución del Parlament de 2013 por la que se aprobaba “la declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña”, como por la Sentencia del Tribunal Supremo de 14.10.2019 dictada en el juicio de dirigentes del procés. 

Da igual, argumentos y sentencias no hacen mella en el ánimo de Carles Puigdemont y los otros, puesto que rechazan en bloque el Estado de derecho, la Constitución, la competencia del Tribunal Constitucional y de la jurisdicción ordinaria -salvo cuando sentencian a su favor-, la doctrina y la práctica internacionales sobre el derecho de autodeterminación, restringido en su concepción y aplicación a pueblos colonizados o sojuzgados. 

¿Qué hacer ante tamaña contumacia, irracionalidad u obnubilación? Lo que se debe, aplicar la ley. Y en el caso concreto de la investidura de Pedro Sánchez, si la impiden, ir a nuevas elecciones, cuyo eventual resultado puede que lamentemos muchos, incluidos ellos y sobre todo sus crédulos seguidores.