Apuntes para un nuevo modelo de financiación autonómica

En una iniciativa inédita hasta la fecha, en materia financiera, una veintena de entidades empresariales catalanas hicieron público, días atrás, su punto de vista, sobre la ineludible necesidad de actualizar el sistema de financiación autonómica. 

Desde luego, no le falta razón al empresariado catalán. El actual modelo de financiación de las comunidades autónomas (CCAA) caducó en 2014. Desde entonces, por motivos que no vienen al caso, su actualización se ha ido postergando sine die. Ahora, esa actualización ya no puede esperar mucho más y habrá que afrontarlo en breve.

Los empresarios catalanes sabían que el Govern de la Generalitat estaba ultimando una propuesta de financiación “singular” para Cataluña, que tenía la intención de presentar en este mes de marzo. Tal vez por eso, las entidades empresariales no hicieron una propuesta concreta, pero sí dibujaron un perímetro para esa financiación que tiene como referente el pacto fiscal Vasco y de Navarra. Sin embargo, con la convocatoria inesperada de las elecciones al Parlament, para el 12 de mayo, el proyecto del Govern ha quedado congelado.

De hecho, el eje vertebrador de la propuesta del empresariado, y presumiblemente del Govern, sería que la Generalitat recaude y administre todos los tributos que se pagan en Cataluña y, después, el Govern aporte a las arcas del Estadio la parte que previamente se haya acordado con el Gobierno central. 

Estamos tratando cosas muy serias y pienso que son temas que se deben tratar con mucho rigor y analizando muy bien cada posibilidad. Porque, en opinión de los expertos, con la propuesta de los empresarios catalanes estaríamos restando recursos, no solo al sistema de financiación autonómico, sino a las arcas del Estado para sustentar políticas públicas a nivel nacional.

Según Ángel de la Fuente, economista y director del centro de análisis Fedea: “El impacto se notaría tanto en el sistema de financiación autonómico como en los ingresos del Estado”(…) “La aportación de los ciudadanos de Cataluña a través de los impuestos estatales supera los 20.000 millones de euros, más la parte correspondiente del impuesto de sociedades. Y esa es una parte importante de los ingresos del Estado”.

El sistema de financiación autonómico vigente para las regiones de régimen común, de las que forma parte Cataluña, es complejo y casi ininteligible para la mayoría de los mortales. Veamos, por ejemplo, que sucede con el principio de ordinalidad: Cataluña es la segunda comunidad que más aporta, 2.168 millones de euros, solo por detrás de Madrid, con 6.300, según el estudio “La liquidación de 2021 del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común”, publicado por Fedea.

Sin embargo, a la hora de recibir recursos queda relegada a la décima posición. Ante esa situación, es muy lógico pensar que la posición final debería aproximarse más al punto de partida. Es decir, si se es la segunda en aportar, que sea la cuarta o la quinta en recibir, ¿pero la décima?  Parece excesivo. Y eso no tiene que significar ni favoritismo ni tratos de favor; sino una redistribución más equitativa de la renta disponible.

Además, deberíamos ser conscientes de que, ni todos los impuestos que se cobran en Cataluña los pagan los catalanes, ni todo lo que pagan los catalanes se recauda en Cataluña. 

Ante esta compleja realidad, el Gobierno central ha fijado como uno de sus principales objetivos para esta legislatura aprobar la reforma que reclaman tanto los presidentes autonómicos del PP como los socialistas. Por eso, el Ministerio de Hacienda envió, hace un tiempo, un documento a las CCAA para que presentaran alegaciones sobre el mismo como punto de partida.

El texto aludía, de forma explícita, a la población ajustada (población en un territorio ponderado sus necesidades, definidas según determinados criterios, es decir, envejecimiento, dispersión etc.), así como dar más peso al gasto sanitario y educativo a la hora de repartir los fondos, dos de las variables sobre las que se asienta el modelo. 

Es cierto, no obstante, que con la negativa del Partido Popular a aprobar el techo de gasto, propuesto por el Ministerio de Hacienda —los populares, haciendo valer su mayoría absoluta en el Senado ya lo han tumbado dos veces—, la capacidad de gasto de las CCAA sufrirá un serio recorte y eso complicará las negociaciones.

Es deseable que avancemos hacia un modelo de financiación como el que tienen los países más descentralizados y de larga tradición federal, como pueden ser Canadá, EE. UU. o Suiza. Algo muy difícil, aunque no imposible. Y es que para lograrlo hay que perseverar en una verdadera cultura federal. 

Pero mientras no alcancemos ese estatus de perfección, esperemos que el nuevo sistema sea mucho más simple, eficaz, entendible y transparente. Y es que el actual modelo no deja de ser una “anomalía” entre los sistemas de financiación de los estados federales.

En este contexto de cambio, una buena iniciativa sería poner en marcha la Agencia Tributaria consorcial acordada en el actual Estatuto de Autonomía de Cataluña, con el objetivo de dar mayor agilidad en el sistema a la hora de repartir recursos, de forma que se pueda reducir el periodo necesario entre liquidaciones de impuestos y transferencias a las comunidades. Incluso los cambios normativos de determinados impuestos, que provocan que entre una modificación del IRPF y su impacto en la tesorería autonómica pasen, como mínimo, dos años.

De todas maneras, está por ver si el adelanto electoral incide, y como, en el desarrollo y negociaciones de sistema de financiación autonómico. Cataluña tiene un peso muy específico en el conjunto del país y lo que ocurre aquí, acaba repercutiendo allí.