Anna Erra i Solà yerra

La recientemente elegida presidenta del Parlamento, Anna Erra i Solà, repite el discurso y el relato de Laura Borràs, la cual pasará a la historia de la institución como el primer presidente -y esperemos que el único- que habría dejado el cargo de segunda autoridad de Cataluña a causa de una sentencia condenatoria por corrupción, si deviene definitivamente firme.

El discurso de la muy honorable Sra. Anna Erra con motivo de la toma de posesión de la presidencia no tiene desperdicio, lástima que interese tan poco al común de la gente. Es un discurso de un vacío estremecedor y, aun así, lleno de contradicciones e impregnado todo él de un error de concepción del lugar que ocupa el Parlamento de Cataluña en la orden constitucional, el mismo error que había cometido Borràs. 

Insiste Erra que no aceptará “injerencias externas” en el funcionamiento del Parlamento, o sea, en su soberanía.

No es un error trivial, en el fondo, ni siquiera es un error personal, es la “idea-madre” de todo el 'procés'. Lo explico.

Cuando dice que defenderá la soberanía del Parlamento y que no admitirá “injerencias externas” -también dice “interferencias antidemocráticas”-, implícitamente se está refiriendo al poder judicial y, en concreto, al Tribunal Constitucional, cosa que equivale a suponer que el Parlamento no es un órgano constituido al amparo de la Constitución, sino que, no admitiendo “injerencias externas”, es un órgano no sometido al control jurisdiccional y, en última instancia, al Tribunal Constitucional.

Dicho de otro modo, el Parlamento de Cataluña sería un órgano plenamente soberano y con capacidad constituyente, cuando ni siquiera el Congreso de los Diputados disfruta de esa plena soberanía en el sistema constitucional de poderes y garantías equilibrados y compensados.

Esta auto atribución de capacidad constituyente era la fundamentación de la legalidad de las leyes de referéndum y de transitoriedad jurídica y fundacional de la República Catalana, aprobadas por el Parlamento el 6 y 7 de septiembre de 2017 y suspendidas por el Tribunal Constitucional el 12 de septiembre, leyes previstas para envolver de “legalidad” el procés en la fase de secesión.

Anna Erra no es jurista de formación, se podría excusarla considerando sus palabras una “licencia de retórica política”, a pesar de que ella, si tenía dudas sobre el sentido de lo que iba a decir, podía haber consultado a los letrados del Parlamento.

Pero no, Anna Erra yerra de manera consciente y querida. Nos está diciendo que vuelve a la casilla de salida, a aquella Resolución del 9 de noviembre de 2015, mediante la cual el Parlamento iniciaba “el proceso de creación del estado catalán independiente” y como depositario de la soberanía (del pueblo de Cataluña) y expresión del poder constituyente declaraba que no se supeditaría a “las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional”. El 2 de diciembre de 2015 el Tribunal Constitucional la declaraba inconstitucional y nula.

Por suerte, se trata solo de la ilusión de Erra, pero muestra, si hicieran falta más pruebas, que mientras los independentistas ocupen las instituciones de la presidencia de la Generalitat y del Parlamento, las utilizarán sectariamente, al pie de la letra de la máxima “el fin justifica los medios”, y enredarán la madeja siempre y tanto como puedan, aunque no sirva para nada. 

Cuanto antes las urnas los desalojen de las primeras instituciones de Cataluña, mejor. La broma ya dura demasiado.