Hombre mayor con expresión seria frente a un edificio del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España.
ECONOMÍA

Mucho cuidado: si no cumples con esto, la Seguridad Social te quita la pensión

La Seguridad Social tiene la capacidad de anular las pensiones si no se cumplen las obligaciones establecidas

La Seguridad Social puede anular pensiones de jubilación o invalidez no contributivas si los beneficiarios no informan sobre cambios en su situación económica o familiar.

Esta norma es crucial, ya que no cumplir con la obligación de informar sobre cambios puede resultar en la reclamación de las cantidades cobradas indebidamente.

Una pareja mayor mirando una computadora portátil con una imagen insertada del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España.

Obligaciones de los beneficiarios

Los beneficiarios de pensiones no contributivas, de jubilación o invalidez deben informar sobre cualquier cambio que afecte su percepción. Esto incluye cambios en la convivencia, el estado civil, la residencia, así como en los ingresos económicos, ya sean propios o de los familiares.

Según el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), este procedimiento puede realizarse en cualquier momento del año.

Sin embargo, es importante distinguirlo de la declaración anual de ingresos, que debe presentarse en el primer trimestre del año para informar sobre los ingresos obtenidos en el ejercicio anterior. La obligación de notificar cambios tiene un plazo de 30 días desde que se produce la variación.

Extinción del derecho a la pensión

El derecho a recibir una pensión no contributiva puede extinguirse si el beneficiario deja de cumplir alguno de los requisitos exigidos para su concesión.

Una mujer mayor pensativa con una mano en la cabeza y un círculo rojo con una cruz sobre una imagen de monedas.

Esto implica que es responsabilidad del beneficiario informar sobre cualquier cambio, incluso si este conocimiento podría resultar en la pérdida de la prestación.

La falta de comunicación puede acarrear consecuencias severas, como la suspensión del pago y la obligación de reintegrar las cantidades percibidas indebidamente.

Caso de un fallo judicial importante

No solo la normativa respalda la posibilidad de retirada de la pensión; también diversas sentencias han ratificado que las administraciones pueden reclamar el reembolso de las cantidades percibidas de manera errónea.

Un caso significativo es el de una mujer que recibió una pensión de jubilación no contributiva desde 2019. La autoridad determinó que debía devolver 10.688,40 euros debido a su falta de comunicación sobre cambios en su unidad familiar.

Persona usando una calculadora con un recuadro que muestra el logo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sentenció que la mujer no informó que su hijo, empadronado en su hogar, no residía allí desde 2014 y trabajaba en otra ciudad. La beneficiaria apeló citando el artículo 80.3 del Reglamento CE, que indica que si el error es de la administración, no debe reintegrar las cantidades.

Sin embargo, el tribunal falló a favor de la administración, argumentando que era responsabilidad de la beneficiaria reportar cualquier variación en su situación familiar.

Consecuencias del incumplimiento

El fallo del tribunal subraya la importancia de que los beneficiarios mantengan actualizada su información personal ante la Seguridad Social.

Cuando se detectan pagos indebidos por errores en los ingresos declarados o en la configuración de la unidad familiar, el beneficiario está obligado a reintegrar las cantidades percibidas de manera incorrecta.

Montaje con una persona cogiendo un móvil y un círculo con el cartel de la Seguridad Social

Esto no solo pone de manifiesto la responsabilidad del beneficiario, sino también la seriedad con la que la Seguridad Social aborda las irregularidades en la percepción de pensiones.

Los beneficiarios deben tener claro que la transparencia y la comunicación oportuna son esenciales para evitar problemas futuros.

Las normativas establecidas tienen como objetivo asegurar que las pensiones se otorguen de acuerdo con las circunstancias reales de cada persona, garantizando así un sistema justo y equitativo.

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