Fotomontaje pisos turísticos

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Multa de 420.000 euros por alquilar pisos turísticos ilegales en Barcelona

La propiedad era una comunidad de bienes familiares que llevaba años trabajando organizadamente para esquivar a la administración

El Ayuntamiento de Barcelona sanciona con 420.000 euros a un propietario de pisos turísticos ilegales. En concreto, alquilaba un total de 14 alojamientos turísticos localizados en la calle Ample, 24. 

La propiedad era una comunidad de bienes familiares que llevaba años evitando expedientes y sanciones. Esta se había organizado para esquivar a la administración y utilizar los pisos de forma fraudulenta.

Desde 2018 evitaba las sanciones con contratos de larga duración a inquilinos que aparecían como arrendadores. Entonces, evitaba la multa finalizando el contrato de alquiler o cambiando de titular cuando se acercaba la fecha de conclusión final del trámite administrativo sancionador. Los pisos se comercializaban a través de las plataformas Booking y Airbnb sin autorización para la actividad turística.

Fachada piso de Barcelona
Façana pis de Barcelona | Europa Press

Estos hechos se han conocido tras la investigación de la Guardia Urbana y una inspección junto a los inspectores municipales. En esta se ha constatado que 14 de los 15 pisos ejercían actividad turística sin licencia. En el piso restante vivía una inquilina que se encargaba de gestionar la recogida de llaves.

“Seremos implacables en el cumplimiento de la normativa”

El teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Battle, ha asegurado ante los medios que serán “implacables en el cumplimiento de la normativa”. Además, también califica la multa de “ejemplar” y espera que “no se repita y sirva como un aviso”.

Primer plano de Albert Batlle con cara de preocupación y tocándose la barbilla con la mano
Albert Batlle, teniente de alcaldía de Seguridad de Barcelona | Europa Press

La cuantía de 420.000 euros de multa se llega con el cálculo estimado del beneficio obtenido de la actuación ilegal junto con otras agravantes. A su vez, el consistorio enviará toda la información a la Agencia Tributaria para que la propiedad responda, si es necesario, ante la hacienda pública.

Por otro lado, el Ayuntamiento asegura que han pasado de detectar miles de pisos turísticos ilegales en 2016 y 2017 a poco más de un centenar al mes. De esta manera, los servicios de inspección pueden mantener una persecución de la ilegalidad profesional más personalizada según el caso.