Giro de 180 grados en tus contratos de luz y agua en España: el Gobierno lo confirma
El ejecutivo quiere cambiar el modo en el que contratamos el agua y la luz en España
El gobierno español ha propuesto nuevas regulaciones destinadas a limitar las prácticas comerciales de las grandes compañías energéticas, específicamente en la contratación de servicios de luz y gas. Según avanza El País, la propuesta forma parte del nuevo Reglamento General de Suministro y Contratación. Está incluido en un real decreto que se encuentra actualmente en fase de tramitación.
El objetivo principal de esta medida es restringir el uso de llamadas telefónicas para la contratación de estos servicios. Se trata de una técnica que ha sido comúnmente utilizada por las comercializadoras energéticas para ofrecer o modificar contratos. La nueva normativa plantea que las compañías solo podrán realizar este tipo de llamadas si el consumidor lo solicita expresamente o si la llamada se origina por iniciativa del propio usuario.
El Gobierno cambia el modo de contratar luz y gas
Este tipo de iniciativas surgen tras un aumento en las quejas por parte de los consumidores sobre las llamadas no deseadas y la contratación de servicios sin consentimiento claro. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sido una de las entidades que ha recogido numerosas denuncias de prácticas abusivas en el sector energético.
En ellas, incluidas técnicas como el "slamming", que implica cambiar al consumidor de proveedor sin su consentimiento informado. En años recientes, la CNMC ha impuesto sanciones a varias comercializadoras energéticas por estos comportamientos, con multas que alcanzaron los 1,5 millones de euros entre 2017 y 2019.
Además de limitar las llamadas comerciales, el reglamento propuesto contempla medidas adicionales para garantizar una mayor transparencia en las ofertas de las comercializadoras. También una mejor protección para los consumidores frente a prácticas engañosas.
Estas acciones se enmarcan dentro de una serie de recomendaciones previas emitidas por la CNMC. En varios informes, ha instado a establecer normas más estrictas para proteger los derechos de los usuarios en el mercado de la energía.
La regulación aún se encuentra en proceso de discusión y evaluación, pero ha despertado interés en diversos sectores, tanto entre los consumidores como dentro de la industria energética. La medida también se suma a otras acciones del Gobierno en su esfuerzo por ajustar las políticas energéticas y asegurar que el mercado sea más transparente y equitativo para los consumidores
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