Montaje con una imagen de vista aérea del pueblo Valoria la Buena, en Valladolid, y el rostro del empresario Amancio Ortega con una camisa blanca
SOCIEDAD

Amancio Ortega reconoce el mismo problema que Juan Roig y la situación es urgente

Amancio Ortega ve como sus ayudas no llegan y el Gobierno no aclara temas fiscales

La DANA que afectó a la Comunidad Valenciana dejó tras de sí un enorme daño material y humano. Ante la catástrofe, empresarios como Amancio Ortega y Juan Roig demostraron su solidaridad con importantes donaciones. Sin embargo, la burocracia y la falta de claridad fiscal han retrasado la llegada de estas ayudas, generando frustración entre los afectados.

El ejemplo de Amancio Ortega

Amancio Ortega, a través de su fundación, destinó 100 millones de euros para apoyar a los municipios más afectados. Estos fondos fueron entregados a los ayuntamientos para su gestión y distribución. Por su parte, Juan Roig, presidente de Mercadona, lanzó su iniciativa "Alcem-se". Se trataba de 35 millones para pymes y autónomos, además de 40 millones en ayudas directas para sus empleados en los municipios afectados.

Un hombre mayor con camisa azul lleva un teléfono en el bolsillo mientras camina, y en la esquina inferior izquierda hay un círculo con billetes de euro y un signo de interrogación.

Entre las ayudas de Mercadona, se incluyen compensaciones de hasta 50.000 euros por pérdida total del hogar. También 25.000 euros por daños parciales, 15.000 euros por vehículos siniestrados y 5.000 euros para pequeños enseres. A pesar de estas generosas iniciativas, el proceso de distribución enfrenta numerosos obstáculos.

Burocracia y lentitud en la distribución

En el caso de las ayudas de Amancio Ortega, cada ayuntamiento establece sus propios criterios para gestionar los fondos. Esto ha generado desigualdad y confusión. En municipios como Torrent y Sedaví, los vecinos aún no saben cómo acceder a las ayudas. En otros, como Paiporta, las bases de solicitud se publicaron tarde, y las ayudas comenzarán a entregarse apenas en las próximas semanas.

Problemas fiscales complican el escenario

A los problemas burocráticos se suma la incertidumbre fiscal. Según la Generalitat Valenciana, el Gobierno central todavía no ha aclarado varias cosas. Entre ellas, si las ayudas privadas, como las de Mercadona, estarán exentas de tributar como rendimientos del trabajo. Ruth Merino, consellera de Hacienda, advirtió que, si no se decreta una exención fiscal, estas ayudas podrían ser gravadas como ingresos, aumentando la carga económica para los beneficiarios.

Un hombre con mascarilla observa un río desde un puente en un paisaje rural con montañas al fondo.

La situación también afecta a ONG y fundaciones como Cáritas, Cruz Roja, y las de Ortega y Roig. La normativa vigente podría considerar las donaciones a particulares y empresas como ganancias patrimoniales, lo que complicaría aún más la entrega de los fondos.

Críticas a la gestión gubernamental

Mientras las ayudas públicas, como los 6.000 euros para enseres o los 5.000 euros por vehículo, están exentas de impuestos, las donaciones privadas enfrentan un tratamiento fiscal desigual. La Generalitat ha eliminado todos los tributos autonómicos relacionados con la DANA, pero sigue esperando una respuesta similar del Gobierno central.

Susana Camarero, portavoz del Consell, ha pedido al Ejecutivo aclaraciones sobre varios puntos. Primero si las ayudas de iniciativas privadas estarán gravadas o si los damnificados deben pagar IVA por vehículos dañados. También si los préstamos ICO conllevan intereses indebidos. Además, criticó que el Gobierno se atribuya las compensaciones del Consorcio de Seguros, recordando que estas provienen de las cuotas de los ciudadanos.

La necesidad de una gestión eficiente

Las ayudas de empresarios y ONG son cruciales para la recuperación tras la DANA, pero su impacto está siendo limitado por trabas burocráticas y fiscales. El Consell ha instado al Gobierno a actuar con rapidez para eximir estas ayudas de impuestos y garantizar su llegada a los damnificados.

Mientras tanto, los afectados continúan enfrentando largas esperas y procedimientos complicados, agravando su situación en un momento crítico. La solidaridad no debería quedar atrapada en trámites y normativas, sino ser una herramienta efectiva para la recuperación de la comunidad.

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