Jaume Collboni, el alcalde de Barcelona, vestido con un traje azul y corbata, está sentado en un entorno interior con paredes de piedra y una puerta de madera decorativa al fondo.
POLÍTICA

Vivienda: el PSC se deja arrastrar otra vez por ERC y Comuns

El alcalde Collboni mantendrá una de las medidas más nefastas para la ciudad: la reserva del 30% para VPO

El PSC ha vuelto a ceder ante sus socios de ERC y los Comuns en un tema clave para Barcelona: la polémica reserva del 30% de vivienda pública en nuevas construcciones. A pesar de las críticas de promotoras y propietarios, el PSC ha decidido mantener la reserva. Se trata de una medida cuyo único consenso ha estado en que reduce todavía más la oferta disponible.

La reserva, que obliga a los promotores a destinar un 30% vivienda protegida, ha tenido claros efectos adversos en el mercado inmobiliario de Barcelona. En lugar de incentivar la construcción de viviendas, ha paralizado muchos proyectos privados. A pesar de las quejas del sector, que ya alertaban de la "inviabilidad" de esta medida para proyectos pequeños, el PSC ha preferido mantenerla. 

Esta postura ha dejado claro el peso de ERC y los Comuns en las decisiones sobre la política de vivienda. En la Generalitat, por ejemplo, el PSC ha asumido la política de vivienda de los Comuns, cuyas credenciales en Barcelona ya eran nulas. Más en particular, los socialistas han asumido el discurso que sostiene que el mercado está saturado por la especulación, y no por la concentración poblacional.

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El impacto en los más vulnerables

El mantenimiento de esta medida ha tenido consecuencias negativas para los sectores más vulnerables de la sociedad. A pesar de que más de 40.000 familias se inscribieron el año pasado en el Registro de Solicitantes de VPO, la falta de flexibilización en la normativa ha dejado a muchos sin respuesta. Además, la parálisis de proyectos privados ha desplazado las inversiones hacia otros municipios con normativas más flexibles.

En cualquier caso, hay que tener presente algo fundamental: y es que el intervencionismo perjudica a medio y largo plazo a los más vulnerables. La razón es tan simple como que no disponen de liquidez para sortear los obstáculos del mercado. ESADE, por ejemplo, ya avisó en 2021 de que el tope de precios perjudicaba a los más pobres porque llevaba a que los pisos de peor calidad se pegaran al techo de precios.

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