El Constitucional manda un serio aviso a Pedro Sánchez

La ley de amnistía que negocian el PSOE y Junts va a implicar de lleno a la justicia española. La derecha ya ha anunciado su intención de utilizar todos los resortes legales para impedir que la ley salga adelante. Esto incluye al Tribunal Constitucional, al que podrían presentar un recurso para tumbar el texto.

Ante la presión creciente sobre el TC, los magistrados han aclarado que llegado el momento actuarán con total objetividad. Responden así a las últimas insinuaciones de PSOE y Sumar sobre la benevolencia del tribunal hacia la amnistía. Algo que no ha sentado nada bien entre los jueces, y así han respondido.

Según ha desvelado El Mundo, los jueves advierten de que no aceptarán presiones “ni especulaciones de ninguna clase sobre la decisión que pueda adoptarse ante un hipotético recurso futuro”. Los jueces se desmarcan del debate político. Y defienden en todo momento la independencia del tribunal de garantías.

El TC responde al Gobierno

El Gobierno de Pedro Sánchez lleva días lanzando mensajes para desactivar la intención de PP y Vox de tumbar la amnistía por la vía judicial. Dirigentes socialistas han reiterado su confianza en que la ley pasará el filtro del Constitucional. El propio Pedro Sánchez suele utilizar al TC como argumento cuando le preguntan sobre la viabilidad de la amnistía.

En Sumar, Jaume Asens también ha deslizado que el tribunal de garantías aprobará la ley de amnistía porque ahora cuenta con mayoría de jueces progresistas. “No se trata de que nos guste más o menos”, argumentó, “sino de lo que diga el TC”. El Gobierno se escuda así en el tribunal para colar una ley que genera división en España.

Son precisamente los magistrados progresistas los que han reaccionado contra el Gobierno por las insinuaciones de una supuesta imparcialidad. Aseguran estar al margen del debate político sobre la amnistía, e insisten en que solo se pronunciarán si llega un recurso contra la hipotética ley. Entonces valorarán el texto y tomarán una decisión objetiva con arreglo a los preceptos legales claramente estipulados.

Mayoría progresista

La advertencia de los jueces no es nada menor, ya que el futuro de la ley de amnistía dependerá en última instancia del TC. Este es el órgano superior que tendrá la última palabra sobre si la ley de amnistía es constitucional o no, y por lo tanto, si puede salir adelante. Una negativa haría saltar por los aires el acuerdo PSOE-Junts, y con él la legislatura. 

El Gobierno confía en la influencia del sector progresista para dar luz verde a la amnistía. “Por eso teníamos que renovar el Constitucional”, reconoció abiertamente Jaume Asens, “era un paso ineludible y necesario para estar en esta posición”. Asens es el negociador que hace de enganche entre el Gobierno y Carles Puigdemont.

Hay que recordar que el PSOE consiguió forzar una renovación del órgano para imponer una mayoría progresista y poder sacar adelante las leyes más polémicas. El TC cuenta ahora con siete magistrados progresistas, cuatro conservadores y una vacante. El propio Conde-Pumpido, presidente del tribunal, es afín a Pedro Sánchez.