La sequía en Cataluña, ejemplo de cuando el Estado hace los deberes de la Generalitat

La sequía en Cataluña suma un nuevo capítulo político  Tras quince años sin mover un dedo, la Generalitat de Cataluña ya tiene presupuesto para construir dos desalinizadoras y que estas estén operativas antes de 2030. De hecho, ni el propio plan del Govern contra la sequía asumía tal optimista pronóstico. Una vez más, la administración estatal ha sacado los colores a la administración catalana y le permitirá tener financiación y un plan de obras más ambicioso de lo pensado. Eso sí, nada es gratis y seremos los catalanes los que devolveremos el crédito en nuestra factura del agua, que aún subirá más en los próximos años.

Es cierto que inversiones como estas no se pueden amortizar con dinero público, pero a nadie se le escapa que en la factura del agua el ciudadano ya paga costes elevados que no se compensarán. Es perverso: cualquier inversión excepcional en infraestructuras relacionadas con el agua deben salir de la factura y no pueden pagarse de los presupuestos.

Dos desalinizadoras contra la sequía a crédito

Según confirmaba este lunes la Ministra Teresa Ribera, el Gobierno financiará la construcción de dos desalinizadoras, una en Tordera y otra en Cubelles, con un crédito de 500 millones de euros y a través de fondos europeos. Sin embargo, no será la administración catalana quien lo devuelve, ya que no puede según la ley. Seremos los catalanes los que nos tocará pagar aún más en nuestra factura. Negocio redondo de Pere Aragonès, negocio horroroso para los ciudadanos.

La construcción de la desalinizadora de la Tordera (a la práctica una ampliación de una existente en Blanes) costará 287 millones de euros. La de Cubelles 180 millones de euros.  Para construir dos desalinizadoras, claves para que el Área Metropolitana de Barcelona no dependa de las lluvias y los embalses, la Generalitat tendrá un crédito por el que no hará falta que lo haga cuadrar en los presupuestos: lo pagaremos en la factura. Y, no lo olviden, ha sido gracias una propuesta del Gobierno de España, que también ha encontrado el modo de construir las dos desalinizadoras más rápido. Lo harán a través de la empresa pública estatal Acuamed, de modo que, de momento, será el Estado el propietario de las dos infraestructuras. La ministra Teresa Ribera ha asegurado que se cederán una vez construidas a la Generalitat, pero ya veremos qué sucede en 2029.

Sequía en Cataluña La Generalitat se justifica tras su desidia 

El consejero de Acción Climática, David Mascort, asegura que el Estado no ha salvado los muebles a la Generalitat. "Las cosas cuando se trabajan conjuntamente se desencallan. Aquí nadie viene a salvar a nadie", dice. La realidad, sin embargo, es totalmente distinta. La administración catalana no ha hecho nada pese a sufrir ya en 2008 una sequía similar y ha sido el Gobierno quien ahora ofrece una solución para que no se repita. Será una empresa estatal, además, quien licite las obras, de modo que aquí el Govern de ERC se convierte en espectador pasivo, incapaz de liderar una respuesta al problema del agua. 

Y no solo eso, la solución a corto plazo también es obra del Gobierno: dos barcos al día traerán agua desde Sagunto de una desalinizadora propiedad estatal. Aquí sí que el Govern pagará la mitad del coste, aunque ya veremos si decide trasladarlo directamente también al ciudadano o es capaz de renunciar a alguno de sus gastos. Por cierto, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, del PP, se ha apuntado un tanto asegurando que no se negarán a dar agua a Cataluña. Uno a cero.

En resumen, de aquí seis años tendremos dos desalinizadoras con dinero del aumento de nuestras facturas y llegarán barcos desde la Comunidad Valenciana con agua desde junio. Todo gracias al Gobierno, que en una sola reunión de una hora ha encontrado la fórmula para pagar y calendarizar lo que la Generalitat ha sido incapaz de hacer en 15 años. No está nada mal.