Europa Press La Seguridad Social no se sostiene sin transferencias: el déficit sigue creciendo
Las pensiones son una bomba de relojería que los inquilinos de la Moncloa se van pasando
La deuda acumulada por la Seguridad Social ha alcanzado niveles sin precedentes. En los últimos siete años, el sistema ha pasado de registrar un endeudamiento cercano a los 34.000 millones a superar los 126.000 millones de euros. Esta cifra, confirmada por el BdE, refleja un crecimiento de casi cuatro veces respecto a 2018, año en que Pedro Sánchez asumió la presidencia.
El problema radica en un desequilibrio persistente entre ingresos y gastos. Las cotizaciones sociales, que constituyen la fuente principal de financiación del sistema, no bastan para cubrir el conjunto de compromisos. Esta insuficiencia obliga al Estado a intervenir con transferencias multimillonarias que garantizan el cumplimiento de las obligaciones del sistema.
Magia contable
Durante el primer trimestre de 2025, la deuda de la Seguridad Social aumentó un 8,6% interanual, muy por encima del crecimiento registrado por otras administraciones. La mayor parte de este endeudamiento responde a préstamos otorgados desde la Administración Central. Aunque estas operaciones no se suman directamente a la deuda pública total, sí representan una presión significativa sobre los recursos del Estado.
La ministra de Seguridad Social, Elma Saix | Europa Press
Esta situación no es nueva. Desde 2017, cuando Mariano Rajoy enfrentó dificultades para pagar la paga extra de verano, el sistema se ha visto obligado a recurrir a financiación externa en los momentos clave. A partir de 2018, coincidiendo con la llegada masiva de la generación del 'baby boom' al sistema de pensiones, las tensiones se han intensificado.
El Estado ha previsto transferencias por valor de 43.000 millones de euros durante 2025, lo que sitúa el total de ayudas por encima de los 100.000 millones. Esta cifra equivale al 8% del PIB y pone de manifiesto que la Seguridad Social no se sostiene de forma autónoma. En términos contables, estas transferencias se presentan como ingresos ordinarios, lo que permite disimular el verdadero tamaño del déficit estructural.
Estudios como los de Fedea han evidenciado esta distorsión. En 2022, el sistema presentó oficialmente un déficit de 7.000 millones. Sin embargo, sin contar las transferencias, el agujero real hubiera superado los 54.000 millones. Esta disparidad contable revela hasta qué punto la viabilidad del sistema depende de recursos ajenos.
Una bomba de relojería que pasa de mano en mano
A largo plazo, el sistema enfrenta un reto demográfico insoslayable. El envejecimiento de la población reduce la base de cotizantes mientras incrementa el número de beneficiarios. Según estimaciones del BBVA y el Ivie, harían falta cerca de cuatro millones de nuevos cotizantes para equilibrar las cuentas, una cifra inalcanzable incluso con pleno empleo.
El Ministerio de Seguridad Social insiste en que el sistema está equilibrado y ha reactivado la 'hucha de las pensiones' mediante el Mecanismo de Equidad Intergeneracional. No obstante, esta estrategia es más a una operación de imagen que a una solución de fondo. Guardar una parte del ingreso mientras se acude al crédito para pagar el gasto equivale a postergar el problema.
Feijóo será el siguiente en gestionar la bomba | Europa Press
El coste social de esta situación también es significativo. Las transferencias proceden de los impuestos generales, que en su mayor parte aportan las comunidades de régimen común. A pesar de ello, se destinan a pagar pensiones en todo el territorio, incluidas las regiones forales, cuyas prestaciones suelen ser más altas.
La tensión estructural de la Seguridad Social, en resumen, no se limita a una cuestión contable. Representa un factor de riesgo para la estabilidad fiscal y obliga a reconsiderar la sostenibilidad del sistema en su conjunto. Mientras el desequilibrio se mantenga, la viabilidad futura de las pensiones dependerá de decisiones fiscales cada vez más complejas, es decir, dolorosas.
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